La presidenta Cristina Kirchner se comprometió a no vetar la norma, lo que sí había ocurrido con una versión anterior sancionada por el Congreso y que ella impugnó el 10 de noviembre de 2008, en medio de fuertes críticas de los sectores ambientalistas por un supuesto pacto con la multinacional Barrick Gold, concesionaria de los yacimientos a cielo abierto Veladero (San Juan) y Pascua Lama (binacional con Chile).
La sanción de ayer es un duro golpe para las provincias cordilleranas con intereses mineros -lideradas por el gobernador de San Juan, José Luis Gioja-, y las cámaras empresariales mineras y petroleras, que impulsaban la sanción del proyecto aprobado por la Cámara alta el año pasado y que deberán someterse a estudios de impacto ambiental para determinar si sus tareas contaminan el agua que nace en zonas de alta montaña.
También es una derrota para la Casa Rosada, que ejerció una fuerte presión en favor de las provincias cordilleranas hasta minutos antes de la votación, a través de uno de sus senadores más fieles, el santacruceño Nicolás Fernández. Sin embargo, al final de las ocho horas de debate, el oficialismo terminó votando dividido y en medio de fuertes enfrentamientos internos que podrían dejar secuelas de cara al futuro.
Además de los oficialistas que jugaron en contra de los intereses de Gioja y los gobernadores, también fue clave que la UCR lograra reducir su dispersión de votos. Quedó reflejado en la ausencia del rionegrino Pablo Verani y el cambio de postura del santiagueño Emilio Rached. Ambos iban a votar el proyecto del Senado. Así, cuando a las 4.30 se votó el dictamen de mayoría, que reflejaba la postura de las provincias cordilleranas, fue rechazado por 35 a 33. Minutos después, en otra votación, el mismo resultado sirvió para sancionar el proyecto modificado en Diputados.
Con la sanción de anoche, el Congreso cerró un largo y polémico capítulo político que arrancó con el veto de la Presidenta, siguió con la aprobación en el Senado de un nuevo proyecto en octubre del año pasado y su modificación en la Cámara baja en agosto. Esos cambios provocaron la reacción de los gobernadores y de las compañías mineras, para quienes el proyecto viola la potestad de las provincias sobre sus recursos naturales y provocará una fuerte inseguridad jurídica para sus inversiones, más su consecuente efecto en la mano de obra.
Esos tópicos fueron los que esgrimieron ayer quienes apoyaron el proyecto del Senado, como la oficialista Marina Riofrío (San Juan), que rechazó las imputaciones sobre intereses económicos: "Acá no hay ningún proyecto que busque impunidad para ningún tipo de actividad". Estos argumentos no convencieron a Luis Juez (Frente Cívico). "No queremos esta minería contaminante", dijo el cordobés, antes de señalar que detrás "a nadie le quedan dudas de que acá hay poderosísimos intereses en juego".
El santacruceño Fernández respaldó el proyecto del Senado aduciendo que lo aprobado por la Cámara baja iba a ser impracticable porque "no existen los recursos monetarios ni humanos para realizar el inventario" de las zonas protegidas que establece el texto finalmente sancionado. La respuesta surgió de su propio jefe de bloque. "De ninguna manera esta ley prohíbe la minería, sino que establece reglas de juego claras", afirmó Miguel Pichetto (Río Negro), antes de destacar que "la esencia de este debate es la defensa del agua".
MAS PROTECCION
-Presupuestos mínimos. La ley sancionada ayer establece los presupuestos mínimos que se deberán contemplar para la protección de los glaciares y las zonas periglacial.
-Inventario . Establece la realización de un Inventario Nacional de Glaciares, que deberá precisar las zonas de alta montaña que quedaran bajo tutela de la ley.
-Sin obras . En las zonas protegidas estará prohibida la realización de obras de infraestructura que impliquen la destrucción o traslado de los glaciares.
-Petróleo . En el caso de las actividades minera y petrolífera, la prohibición alcanza a la denominadas zona periglacial, que comprende a aquellas zonas de alta montaña con suelos congelados.
-Estudio de impacto . Todas aquellas actividades que no se encuentren específicamente vedadas tendrán que someterse, no obstante, a un estudio de impacto ambiental.
-Obligación . Este estudio será obligatorio y en un plazo de 180 días a partir de la promulgación de la ley para aquellos emprendimientos que ya se encuentren en desarrollo en las zonas de alta montaña.
-Castigos. En caso de verificarse daño o impacto ambiental, se podrá ordenar el cese o traslado inmediato de los yacimientos.
-Oposición . Los gobernadores de provincias con actividad minera ejercieron una fuerte resistencia al proyecto finalmente sancionado. Consideran que se frenarán inversiones, sin que se garantice una verdadera protección de los glaciares y las reservas de agua del país.
Fuente: Diario La Nación
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