En 2006, y como respuesta a un incremento de la inflación,el Gobierno intervino el INDEC, desplazó a funcionarios de primer nivel y comenzó a modificar los sistemas de evaluación del Indice de Precios al Consumidor. Lo que en un primer momento pudo ser interpretado como una forma ilegítima pero transitoria de frenar expectativas, se convirtió en una práctica que perdura hasta nuestros días.
Hasta ese momento, el índice oficial de precios minoristas evolucionaba en una franja con índices provinciales y estimaciones privadas. A partir de la intervención, los provinciales y privados siguieron avanzando al mismo ritmo, mientras el oficial, comenzó a registrar incrementos notoriamente inferiores.
Esta brecha fundamentó las denuncias realizadas sobre la manipulación de la estadística para que no reflejara la inflación real. De este modo se distorsionaba, también, los indicadores y contratos públicos y privados, que son ajustados por Precios al Consumidor, lo cual genera una incertidumbre generalizada sobre la situación real de variables claves de la economía. De hecho, ni el sector privado, ni los sindicatos ni tampoco el Estado toman en cuenta el Indice oficial en los ajustes que realizan, como sucede en salarios privados y públicos, precios, alquileres y otros. Por caso, el informe del CAES precisa que, entre marzo de 2007 y abril de 2010 el Indice de Precios al Consumidor aumentó un 28% mientras el salario nominal lo hizo un 80%.
Ante las crecientes manifestaciones de preocupación, el Gobierno creó, en julio de 2009, el CAES, formado por técnicos de cinco universidades nacionales. Desde que comenzó a funcionar, el Comité debió enfrentarse no sólo con la reticencia del INDEC a proporcionar la información necesaria para llevar a cabo la tarea de evaluación encomendada, sino también con actitudes irrespetuosas y agresivas como las que habitualmente toman funcionarios del Gobierno. Finalmente, el CAES emitió un informe en el que consigna una serie de procedimientos que afectan la calidad y la credibilidad del Indice cuestionado.
Entre ellas figuran una fuerte reducción en la cantidad y variedad de productos computados, tomar en cuenta precios informados por organismos públicos en lugar de los relevados en los comercios y una reducción en el número de locales en los cuales se relevan los precios.
El informe también señala que, desde el momento de la intervención el INDEC aumentó un 42% su personal, pero redujo el nivel de formación del mismo y produce menos información que antes, lo cual da cuenta de un un deterioro importante de la operatividad del organismo. Como parte de este cuadro, el CAES cuestiona, también, que el INDEC no haya dado participación a organismos e instituciones académicas en el diseño del Censo Nacional de Población que se realizará el próximo 27 de octubre y cuya preparación ha recibido críticas de especialistas en el tema.
El dictamen desautoriza los argumentos oficiales en defensa del INDEC y muestra la necesidad de restaurar el funcionamiento del organismo y la calidad de sus estadísticas. El informe del CAES, convocado por el propio Gobierno, da cuenta de distorsiones en el cálculo del Indice de Precios al Consumidor y en el deterioro de la capacidad operativa del organismo. La manipulación de las estadísticas produce una creciente brecha entre indicadores públicos y privados y el del INDEC. Esto genera incertidumbre sobre el cálculo económico y refuerza la necesidad de restaurar el funcionamiento del organismo.
Fuente: Editorial Diario Clarín
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