Por EZEQUIEL M. CHABAY - Cronista.com
Edificará en Marcos Paz un nuevo complejo del servicio penitenciario. La AABE le devolverá la inversión cuando logre subastar parte del último predio carcelario de la Capital.
El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, anunciaron el acuerdo entre la Ciudad y la Nación para remover la cárcel abierta en 1927 en el barrio de Villa Devoto y trasladar a los 1800 reclusos hacia un nuevo complejo penitenciario en Marcos Paz.
La decisión, largamente reclamada por los vecinos y anunciada varias veces por diversas administraciones, quedó plasmada en un convenio rubricado entre la Ciudad, la Nación y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), gestado tras arduas negociaciones de las que alumbró un plan que tendrá un costo estimado de u$s 100 millones a u$s 130 millones, según averiguó El Cronista por fuentes de gobierno.
El plan gestado por el ministro de Gobierno porteño, Bruno Screnci, el subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y el Sistema Penitenciario, Juan Bautista Mahiques, y el titular de la AABE, Ramón Lanús, estipula que la Ciudad, principal interesada en remover la cárcel, pagará la construcción del nuevo complejo, adonde irán a parar progresivamente las 1800 personas carceladas.
Rodríguez Larreta comunicó su intención de convertir el 65% de los 46.380 metros cuadrados del actual penal en espacio público, y sacar a la venta el 35% restante, ya que el convenio estipula que el producto de esas subastas financie las obras. Para ello se necesitará una ley específica en la Legislatura, que rezonificará el inmueble y permitirá su salida a la venta en el mercado inmobiliario.
Con el resultado de las ventas, a cargo de la AABE, el Estado nacional irá devolviendo paulatinamente el costo del nuevo complejo penitenciario a la Ciudad, para la cual toda la operación tendrá costo cero. Resta negociar si, eventualmente, la Nación abonará algún tipo de interés por el préstamo.
El formato del convenio se debe, en parte, a la urgencia del Gobierno porteño por responder al reclamo vecinal, y a la escasez de fondos nacionales para trasladar una cárcel cuyas condiciones son más que precarias. La solución a la que arribaron las partes interesadas, por tanto, estipula que la Ciudad arrancará la obra, asumiendo el costo financiero, y la Nación la reembolsará con el producto de las subastas.
Según se encargó de aclarar el mismo Larreta, con la venta de las tierras se podrán construir edificios con la misma altura máxima que los edificios de la zona, en línea con lo que establecerá el nuevo Código de Planeamiento Urbano (CPU) por debatirse, también este año, en el ex Concejo Deliberante.
La nueva cárcel se construirá sobre un predio de acorde a la política carcelaria actual, con una superficie cubierta de 65.653 metros cuadrados, en un predio de 120 hectáreas, donde habrá espacios de esparcimiento y se mantendrán los actuales servicios de educación, que brinda la Universidad de Buenos Aires (UBA). El traslado de los últimos internos finalizará, si no hay demoras, en septiembre de 2020.
Tampoco se descarta que el nuevo complejo se construya con capacidad para albergar más presos que los que actualmente hay en Devoto, de manera que se descomprima la superpoblación de otros penales del sistema federal.
La otra cárcel porteña, ubicada en la avenida Caseros, dejará el abandono en el que quedó al cerrar definitivamente sus puertas en 2001 y prontamente comenzará la edificación de lo que será la nueva sede del ministerio de Hacienda porteño, que funciona en la antigua municipalidad, en Bolívar 1, y la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP). En 24 meses se planea el inicio del traslado de los más de 4000 empleados públicos que allí revisten tareas al nuevo edificio, en Parque Patricios.
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