Según el diario La Nación, el gobierno bonaerense afirmó ayer que el Astillero Río Santiago es "inviable", dado que le insume al Estado $3500 millones al año, sin rentabilidad acorde con esa inversión. Propuso que parte de sus 3250 trabajadores "pasen a hacer obra pública".
El Estado no privatizará ni venderá la empresa. Tampoco habrá despidos de sus 3250 operarios, se informó de manera oficial. Pero de modo extraoficial se dejó trascender que una de las alternativas en estudio es dividir la empresa en dos: por un lado, una naviera más pequeña; por otro, una empresa
dedicada a la obra pública del Estado. Por el momento, el Gobierno solo dispondrá que parte de los trabajadores dedicados a oficios puedan colaborar en otras obras del Estado, más allá de la naviera.
Lacunza destacó que "el Astillero Río Santiago es una empresa del Estado provincial, que hace barcos y desde hace años funciona con un estándar de producción muy bajo". "Ahora solamente el 1% de sus ingresos lo recauda con las reparaciones que hace. Tiene 3200 empleados", explicó Lacunza, al destacar que "los bonaerenses ponen por año $3500 millones y el 99% se destina a sueldos, para que funcione. María Eugenia Vidal nos pide que asignemos bien los recursos. Asimismo, recordó que el astillero no hace ningún barco desde hace diez años e indicó: "Nosotros ponemos en cuestión algunos privilegios y prebendas que tuvo el gremio, en complicidad con gobiernos anteriores. Son los únicos trabajadores de la Argentina que cobran vacaciones dos veces" dijo.
El ministro indicó: "Hay que desmontar esa empresa tal como existe ahora. Es imposible seguir con una empresa que nos cuesta $3500 millones al año. Habrá que dividirla o pensar en otra solución", dijo en voz baja otro de los ministros de la gobernadora Vidal. La provincia de Buenos Aires se hizo cargo del Astillero Río Santiago en 1992, cuando fue transferido desde la Nación.
Al asumir, el gobierno de Vidal realizó una auditoría sobre la empresa y detectó irregularidades, que llevó ante la Justicia. El presidente del Ente Administrador, Daniel Capdevila, denunció a la cúpula sindical del astillero por "administración fraudulenta agravada, en perjuicio de la provincia de Buenos Aires". La defraudación asciende a $18.500.000. Además, se detectaron aportes retenidos por ATE de manera presuntamente irregular por otros $700.000. La Justicia allanó el astillero hace 15 días, en busca de pruebas.
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