Saqueo de las arcas públicas en favor de socios del poder

Editorial del diario La Nación

En tanto declama un modelo de desarrollo con inclusión social, el Gobierno viola leyes y crea instrumentos para el desvío y apropiación de recursos fiscales

  

Mientras la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pontifica desde las Naciones Unidas acerca del "doble standard" en materia de derechos humanos, mientras el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, amenaza a las empresas para que suscriban el bono del blanqueo con fondos "negros o blancos" y mientras el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, presiona a los contribuyentes con inspecciones y cartas intimidatorias, el mismo gobierno nacional permite, facilita o directamente legaliza el desvío y apropiación de recursos fiscales en beneficio de los amigos del poder.

Como reveló una investigación de LA NACION, el empresario kirchnerista Cristóbal López y su socio, Carlos Fabián de Souza, a través de Oil Combustibles SA, compraron activos de Petróleos Brasileiros SA (Petrobras) en la Argentina (refinería San Lorenzo, unidad fluvial y 345 estaciones de servicio) y se apropiaron así de más de $ 1200 millones de impuestos que se dejó de pagar a la AFIP.

Fiel discípulo del "desendeudamiento" en lugar de recurrir al crédito bancario, el señor López y su socio utilizaron una forma más expeditiva y menos onerosa de financiarse. Al comprar una destilería y una red de estaciones de servicio, compraron también un "banco" que les brindó acceso a una fuente extraordinaria de liquidez financiera, a costa del fisco. Mediante una ingeniería financiera perversa, usaron impuestos devengados por los mismos activos comprados a Petrobras, para pagarle a Petrobras. Y también usaron ese fondeo para financiar empresas de su Grupo Indalo, como la Inversora M&S y Oil M&S, para abonar salarios en Paraná Metal, la adquisición del Banco Finansur, la capitalización de Comercial del Plata Construcciones (CPC) y la compra de medios a Daniel Hadad, como Radio 10.

Todo ello surge de los balances de Oil Combustibles SA: en junio de 2011, apenas un mes después de la compra, Oil Combustibles dejó de pagar impuestos al fisco, alcanzando una deuda de $ 1262,9 millones en junio de 2012.

Lo grave es que el mayor impuesto adeudado fue el impuesto a la Transferencia de Combustible (ITC), que debe abonarse en cuatro anticipos y a mes vencido. Es uno de los impuestos más fiscalizados por la AFIP y es imposible que una petrolera pueda dejar de pagar un monto semejante sin que ese organismo aplique el régimen penal tributario, embargando sus cuentas, suspendiendo su CUIT y radicando una causa penal contra la compañía, sus directores y representantes legales, empezando por su presidente.

Pero nada de ello ocurrió con Oil Combustibles, ni con sus dueños, Cristóbal López y Carlos Fabián de Souza. Gracias a la inestimable ayuda de Ricardo Echegaray, que lanzó un plan de facilidades en marzo pasado, las deudas de la petrolera se refinanciaron hasta en 120 cuotas mensuales, con una tasa negativa respecto de la inflación. Este plan excluyó de manera discrecional a firmas cerealeras y de medios, así como también algunos impuestos, como Ganancias y el impuesto interno a los cigarrillos. Pero sí incluyó al ITC, cuyo beneficiario era Cristóbal López. El administrador de la AFIP se convirtió así en el banquero de la empresa, aunque después de que el "cliente" le hubiera "pisado" el dinero al fisco. Mucho más fácil que tramitar un crédito del Bicentenario.
Para crear una imagen externa que ocultase la realidad de su negocio, la empresa de López se apresuró a diseñar nuevos logos para sus estaciones de servicio Oil, asociándolo a una de las figuras del espectáculo más conocidas, Marcelo Tinelli, y utilizando a Radio 10 para instalar la marca.

Pero López y De Souza ya tienen una larga práctica en sustraer recursos fiscales para engordar sus arcas privadas con ayuda oficial. Mediante el dictado de resoluciones y decretos de necesidad y urgencia, el tándem kirchnerista se cuida de mancharse las manos, estructurando negocios "legalmente inobjetables" e inobjetados por los múltiples organismos estatales de fiscalización y control, cuya persecución sienten todas las empresas que no son de paladar negro kirchnerista de la Argentina.

Recordemos, por ejemplo, el decreto de necesidad y urgencia 1851-07 por el cual Néstor Kirchner prorrogó hasta 2032 la concesión del Hipódromo y el complejo de tragamonedas de Palermo, que vencía originalmente en 2017, "obligando" a la sociedad de Cristóbal López y Federico de Achával a incorporar 1500 máquinas tragamonedas más a las 3000 existentes, lo que supera el límite de máquinas permitido en los casinos de Las Vegas.

Otro caso paradigmático de apropiación privada de recursos públicos por parte del "rey del juego" fue la compra de Alcalis de la Patagonia SA (Alpat), la productora de carbonato de calcio (Soda solvay) ubicada en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro. Esta monumental obra, adjudicada hace más de 40 años a un grupo inversor desconocido y sin solvencia alguna, se construyó con préstamos, exenciones impositivas y avales que le costaron al Estado más de US$ 500 millones.

Según una investigación del diario Río Negro, la inversión se sufragó enteramente con fondos públicos en distintas modalidades: diferimientos impositivos a devolver sin intereses y sin indexación; exenciones de impuestos; préstamos del ex Banco Nacional de Desarrollo (Banade) obtenidos con el aval del Estado nacional, que Alpat nunca honró y que se amplió luego con otro préstamo internacional, incumplido también, pagado por el Estado y refinanciado luego por éste a Alpat.

Cuando el proyecto se terminó, luego de 40 años, había que poner la planta en marcha y competir en el mercado internacional. Pero ése no había sido nunca el objetivo de los dueños, quienes se encontraron con una empresa endeudada, sin capital de trabajo y con una tecnología superada por la obsolescencia del equipamiento.
Fue entonces cuando Cristóbal López encontró la forma de hacerse de ese activo sin poner ni un peso. Acordó la compra de Alpat por el monto de los pasivos, sujeto a que previamente solucionase su rentabilidad y su endeudamiento. Utilizando sus contactos de más alto nivel, López logró que el entonces presidente Néstor Kirchner dictase el decreto de necesidad y urgencia 475 - 05, refinanciando los pasivos y otorgando nuevamente los beneficios de promoción industrial que ya estaban vencidos. Obviamente, el decreto invoca la creación de empleo, el desarrollo industrial y la sustitución de importaciones, concluyendo cínicamente que se trató de una "cuestión estratégica en materia de política económica que resulta imprescindible resolver, siendo de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto".

Como no es posible cambiar de dueño de una sociedad con beneficios de promoción industrial sin que se "caigan" tales beneficios y López aún no había comprado Alpat, el decreto citado preveía en su articulado la posibilidad de transferencia accionaria sin aquella penalidad.

Ni lentos ni perezosos, Cristóbal López y su socio compraron Alpat en 2006, ya refinanciada y hecha rentable "a su medida". En junio de ese año, se hizo público que South Minerals, una sociedad integrada por Oil M&S SA, Almería Austral, Hispano Americana de Petróleos SA, Tecnological SA, Oil Petróleos SA, Oil M&S Brasil SA, Combustibles del Rosario SA y Oil Construcciones compraron el 64,11 por ciento de Alpat.

Pero no había ningún justificativo para que el Gobierno concediese esos inusuales beneficios a López y sus empresas. La ley sobre acuerdos preventivos extrajudiciales permitía al Estado nacional, como principal acreedor de Alpat, llevar a cabo un proceso judicial de cram down, para licitar entre varios interesados la venta de la empresa con los beneficios que se otorgaron en la penumbra al referido López.

Disfrazado de "reformulación de los términos del Proyecto de Promoción Industrial" otorgado a la firma Alcalis de la Patagonia a través del decreto 69781, el decreto 475/05 dio nuevamente a Alpat el beneficio de no pagar IVA ni otros impuestos nacionales durante diez años, algo nunca visto con anterioridad respecto de una empresa ya en marcha con los beneficios promocionales vencidos y con nuevos dueños.

Además, se refinanció la deuda con el Estado nacional por $ 162,3 millones (con reducción de tasa y eliminación de punitorios), y se autorizó a Alpat a cancelar parte de esa deuda con un crédito fiscal de IVA (acumulado por las compras durante la construcción) por $ 26 millones. Este privilegio es increíble y paradojal, pues existe un célebre caso de la Corte Suprema de Justicia, de 1986, justamente llamado "caso Alpat" en el que se definió que esos créditos por IVA ("saldos técnicos") no son reintegrables por el fisco y que solamente pueden usarse contra futuros débitos fiscales cuando la empresa comience a funcionar y a vender sus productos. Y ésa sigue siendo la situación para el resto de los mortales, salvo para Cristóbal López, a quien Kirchner autorizó a pagar deudas financieras con saldos técnicos. Para completar el negocio, Alpat obtuvo además una protección frente a la competencia externa a través del derecho de importación, del 10% sobre el carbonato de calcio.

Cabe preguntarse entonces: ¿en qué capítulo del modelo de desarrollo productivo con inclusión social está previsto el saqueo de las arcas públicas a favor de los amigos y socios del poder?.