Bajo el paraguas de la lucha contra el narcotráfico, EEUU ha invertido en toda la región una cantidad que asciende a 12.500 millones de dólares desde el año 2000. Los datos los ha recogido un informe publicado por el Centro para las Políticas Internacionales (CIP), Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWGEF) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), bajo el título de “Hora de Escuchar: Tendencias en Asistencia de Seguridad de los EEUU hacia América Latina y el Caribe”.
Según recogen sus líneas, esta “intervención” norteamericana no trasciende a la opinión pública, ya que la mayoría de las operaciones se hacen con mucho secretismo, aunque el objetivo final nunca sería “la construcción de bases militares o nuevos paquetes masivos de asistencia”. Menos asistencia no necesariamente significa menos involucramiento de los EEUU con las fuerzas armadas y policiales en América Latina. Pero la naturaleza de esta participación está cambiando. En lugar de construir bases, emplear la Cuarta Flota o lanzar paquetes de ayuda de “gran envergadura” como el Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, el involucramiento de las fuerzas armadas estadounidenses se está haciendo más ágil y flexible, pero, según este análisis, menos transparente.
El informe remite a un constante incremento del despliegue de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU, al que se ha sumado en los últimos tiempos “una política de utilización de aviones no tripulados que justifica las ejecuciones extrajudiciales”. En lo que respecta al despliegue de las Fuerzas Especiales, se destaca la trascendencia que tuvo, a principios de 2012, la “Operación Martillo”, que puso en marcha un plan de contención y ataque contra los traficantes de Centroamérica, y que se presentó como un éxito, si bien en 2013 rebajó su euforia por los recortes de presupuesto y personal impulsados desde el Pentágono.
Se detalla, asimismo, el desarrollo e incremento de las alianzas entre efectivos de EEUU y unidades militares especiales latinoamericanas y otras fuerzas de élite que “ trabajan con el apoyo de las bases en Guatemala, Honduras, Nicaragua o Panamá. Todas ellas remodeladas a partir de presupuestos de EEUU”. “Este tipo de alianzas”, prosigue el informe, es una fórmula de que los gestores norteamericanos mantengan “un mecanismo de bajo coste que garantice su influencia en la zona”.
Entre los cuerpos que destacan por su presencia en Latinoamérica, se citan los “FAST” (Equipos de Apoyo en Asesoría Destacados en el Exterior) en países como Haití, Honduras República Dominicana o Guatemala, un programa capaz de poner en marcha a 10 agentes de la DEA (Dirección de Fiscalización de Drogas) en todo el mundo. La diferencia con los comandos militares es que solamente pueden atacar para autoprotegerse. También se recoge el rol de las Unidades de Investigación Confidencial de la DEA (SIU).
En términos económicos, la asistencia hacia las fuerzas militares y policiales de la mayoría de los países en América Latina y el Caribe ha declinado desde 2010, al haber disminuido los considerables paquetes de asistencia destinada a Colombia y México. Actualmente, sólo está creciendo de manera significativa la asistencia dirigida a América Central. Aunque el actual enfoque del Pentágono hacia América Latina no incluye la construcción de bases importantes o nuevos paquetes masivos de asistencia, Washington brinda montos significativos a las fuerzas armadas y policiales en América Latina en términos de asistencia y entrenamiento. Además de las operaciones antidrogas a gran escala, la región está presenciando un incremento de visitas de entrenamiento por parte de las Fuerzas Especiales estadounidenses, una mayor presencia de personal de inteligencia y aviones no tripulados (aunque los países están adquiriendo sus propios aviones no tripulados, fundamentalmente a países distintos a los Estados Unidos), y un empleo cada vez más creciente de entrenadores militares y policiales de terceros países, especialmente de Colombia, detalla el estudio.
Los lineamientos de defensa del Presidente Obama han trazado nuevas prioridades para las fuerzas armadas de los EE.UU. El nuevo enfoque “pivotaría” en gran medida en dirección a Asia. En América Latina, en lugar de ello, el Departamento de Defensa se enfocaría en emplear capacidades de menor envergadura y más fácilmente movilizables, o un “impacto más ligero”, incluyendo el uso de otros instrumentos como aviones no tripulados, ataques cibernéticos y fuerzas de Operaciones Especiales, destaca el estudio. Esta política tendría así, según el informe, cinco efectos directos: Se incrementa el número de Fuerzas Especiales, mayor presencia de la comunidad de inteligencia (CIA), mayor utilización de aviones no tripulados y la robótica, más énfasis en seguridad cibernética y financiamiento a otros países para llevar a cabo entrenamiento en nombre de los EE.UU, práctica esta que se está expandiendo rápidamente a través de Colombia. (Javier Martínez)
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