Los proyectos no avanzan porque se recauda menos en las provincias y el Gobierno escatima fondos. La obra pública, uno de los principales objetivos iniciales de la gestión de Néstor y Cristina Kirchner, atraviesa el peor momento desde 2003. El conflicto con el campo provocó la caída de dos tributos vitales para la recaudación provincial y, por ende, para los ímpetus constructores: los impuestos a los ingresos brutos y el inmobiliario rural.
Conclusión: la mayoría de las obras están paralizadas en todo el país o, en el mejor de los casos, sufre un significativo retraso. En estos días, las constructoras le reclaman al Estado el pago de $ 1500 millones "por redeterminaciones de precios" como consecuencia del aumento de costos. Y la parálisis es ya una preocupación de los gremios de la construcción, muchos de los cuales advierten un deterioro del empleo, principalmente en pueblos del interior.
Según un estudio del Ieral, la tendencia de los últimos 15 años indica que, cada vez que se decidió bajar el gasto público por falta de caja, la variable de ajuste fue la obra pública. Nadin Argañaraz, presidente del Ieral, dice que "la alta volatilidad de la obra pública hace que, a menudo, sea la principal variable de ajuste de la que se echa mano cuando se debe achicar el gasto". Impacto en las provincias
Diferentes funcionarios de gobiernos provinciales coincidieron ante LA NACION en que el envío de fondos nacionales para obras públicas en las provincias había empezado a disminuir desde agosto pasado. Antonio Viola, presidente del distrito Tucumán de la Cámara Argentina de la Construcción, afirmó que la principal traba para acelerar las construcciones es la falta de pago de los certificados de redeterminaciones de precios.
Eduardo Brizuela del Moral, gobernador de Catamarca, fue el primero en anunciar su alejamiento del kirchnerismo, y el principal argumento que utilizó fue la demora de la Casa Rosada en remitir fondos para obras.
El ejemplo más terminante de esta tendencia es Córdoba. El gobernador Juan Schiaretti reconoció que la recaudación había caído un 8% en junio, en relación con mayo, y decidió entonces aplicar diferentes aumentos en el impuesto a los ingresos brutos, según el sector. En los municipios cordobeses, la baja fue de entre el 20 y el 40%, según fuentes oficiales.
Ante este escenario, el intendente de Río Cuarto, Juan Jure, anunció la suspensión por 120 días de la ejecución de 15 frentes de obra, mientras estudia mecanismos para captar recursos que financien los 5 millones de pesos que demandan esos trabajos, en su mayoría cloacas y alumbrado público.
Las restricciones del gobierno nacional se hicieron más evidentes en las últimas semanas. El Gobierno cortó el flujo de recursos porque pretende mantener un superávit fiscal cercano al 3% del PBI. Además, necesitará incrementar la recaudación para importar gasoil, lo que significa un gasto adicional de entre 2000 y 3000 millones de dólares.
Las restricciones del gobierno nacional se hicieron más evidentes en las últimas semanas. El Gobierno cortó el flujo de recursos porque pretende mantener un superávit fiscal cercano al 3% del PBI. Además, necesitará incrementar la recaudación para importar gasoil, lo que significa un gasto adicional de entre 2000 y 3000 millones de dólares.
"La relación entre déficit fiscal, recorte del gasto y obra pública es aplicable a cualquiera de las provincias, de acuerdo con los datos que surgen desde 1993 hasta 2008", señaló el economista del Ieral Néstor Grión. En la Cámara de la Construcción de Córdoba afirman que hay una "ralentización" y, sobre todo, atrasos en los pagos de certificados de obras. La reducción en las partidas vinculadas con la obra pública en esta provincia fue de un 5% respecto de 2007.
Referentes de la Cámara Argentina de la Construcción se reunieron días atrás en Chaco para analizar la situación del sector. Viola dijo a LA NACION que "en esa reunión se estimó en 1500 millones la deuda que mantiene el gobierno nacional con las constructoras por las redeterminaciones de precios". Según el ejecutivo, el 90% de los fondos adeudados corresponden a obras de viviendas, y el 10% restante, a obras viales. LA NACION pidió en dos oportunidades en el Ministerio de Planificación, sin éxito, contactarse con el secretario de Obras Públicas, José López.
Las cosas no son mejores en Santa Fe, donde el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, admitió que los recursos eran insuficientes para afrontar lo planificado para este año. Lo recaudado allí por ingresos brutos fue inferior a lo esperado: cayó un 8,5% respecto de lo presupuestado para este año.
Agrava la situación el hecho de que esta provincia sea una de las que se opusieron a la iniciativa del Gobierno de aplicar las retenciones móviles, finalmente rechazada en el Senado el jueves pasado. Esto afecta la llegada de fondos nacionales para algunas obras, como la autopista Rosario-Córdoba, que, según fuentes oficiales cordobesas, hoy está paralizada y ya hubo despidos y traslados de obreros. Sin embargo, la Dirección Nacional de Vialidad señaló en un comunicado que "el avance de las obras sobre la ruta nacional 9 es a ritmo sostenido".
La caída alcanzó también a la provincia del vicepresidente Julio Cobos: en Mendoza, la recaudación bajó un 6% sólo en ingresos brutos, según admitió el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni. "Por esto, los plazos de ejecución de las obras públicas planificadas se extenderán un poco", confirmó el ministro de Infraestructura, Francisco Pérez.
El presidente del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza, Miguel Simó, reconoció también una desaceleración en las obras. Las explicaciones fueron las mismas: una menor recaudación en ingresos brutos ocasionada por la retracción de la actividad comercial que provocó el paro del campo. Ingresaron en las arcas provinciales $ 10 millones menos.
En Buenos Aires, el impacto negativo del conflicto agropecuario en la recaudación fue de unos $ 200 millones. Si bien el presidente de la Agencia de Recaudación de Buenos Aires, Santiago Montoya, estimó que la situación se revertiría pronto, la pérdida dejó su huella en algunos municipios. "En una cámara comentaron que había frenos en la ejecución de planes de vivienda en los alrededores de Mar del Plata", confió un hombre del sector.
Algunas constructoras dijeron a LA NACION que estaban pensando en "bajarse" de licitaciones obtenidas porque el monto ofertado al momento de la licitación no alcanza para cubrir los costos. El presidente de la CAC delegación Buenos Aires, Diego Buracco, dijo que "no hay una parálisis total, pero hay una situación de demora en los trabajos de viviendas".
Fuente: Por Carlos Manzoni y José Ignacio Sbrocco del Diario LA NACION