domingo, 14 de enero de 2018

Vidal quiere que la multinacional china Huawei construya cárceles en la provincia

Resultado de imagen para Huawei + jailLPO (La Plata) - Es parte del esfuerzo por instrumentar los PPP. También hay grupos privados españoles y mexicanos.

El gobierno de María Eugenia Vidal escucha propuestas de empresas internacionales para la construcción de nuevas cárceles para la provincia de Buenos Aires, como una primer manera de instrumentar a nivel local el programa de Participación Público Privada (PPP) que ideó la administración de Macri, para financiar con recursos privados parte de la obra pública.

Los máximos directivos de Hyundai vienen al país interesados en hacer el puente Santa Fe-Paraná
Sin embargo, la iniciativa no es enteramente nueva, más allá del diseño financiero. Se sabe que el gobierno provincial decidió ceder a empresas privadas la construcción de nuevas unidades carcelarias, un modelo que se aplica en varios países del mundo con resultados dispares y no sin polémica.

"Hay grupos privados de origen españoles, mexicanos y una empresa china que se dedica a la fabricación de celulares, que se presentaron ofreciéndonos la construcción de unidades", confirmó el subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense, Juan Baric, en declaraciones al diario El Día.

La empresa de origen chino no es otra que Huawei Technologies Co. Ltd que desde hace algunos años llegó a Argentina y que supo ser la empresa china con más empleados en el país. Marca emblemática del desarrollo de celulares de alta tecnología de China, tiene como imagen a Leo Messi, factura 39.000 millones de dólares por año y está en más de 170 países.

El interés de Huawei por participar de los programas de PPP no es el único de un gigante asiático. LPO reveló la semana pasada que la coreana Hyundai quiere construir el nuevo puente Santa Fe-Paraná, que Vialidad Nacional intentará desarrollar con ese sistema.

Los directivos de Huawei intentaron avanzar en una reunión privada con Vidal durante su gira por China, pero la gobernadora prefirió limitar los contactos a eventos empresariales grupales.
Según pudo saber LPO, los directivos de Huawei intentaron avanzar con una reunión durante la gira de Vidal por China. Sin embargo, la Gobernadora había desestimado la posibilidad de reuniones bilaterales con empresas y prefirió eventos donde participen varias en igualdad de condiciones.

La iniciativa de Vidal cuenta, desde el año pasado, con amparo legal. En 2017, la Legislatura bonaerense adhirió a la ley nacional de contratos de participación público-privada. Es el marco normativo que impulsó el gobierno de Mauricio Macri para crear un régimen de contratación mixto entre el Estado y capitales privados "con el objetivo de desarrollar proyectos en diversas áreas", como por ejemplo, la de infraestructura penitenciaria.
Vidal junto al vicepresidente de la conferencia consultiva politica del pueblo chino, Wang Qinmin, en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing, y al vicealcalde de la ciudad, Wang Ning, durante su reciente visita a esa potencia.

En el presupuesto 2018 que en diciembre se aprobó en la Legislatura bonaerense no hay montos destinados a la construcción de cárceles. El gobierno ya puso en marcha dos obras financiadas con fondos Nación, que aportó 500 millones de pesos. Se trata de la ampliación de las unidades de Lomas de Zamora y Campana, donde se vienen construyendo nuevos pabellones con capacidad para 216 y 324 internos, respectivamente.

La provincia de Buenos Aires arranca 2018 con una población carcelaria que supera los 38 mil internos repartidos en 54 unidades penitenciarias y cinco alcaidías. Según datos oficiales, la cantidad de plazas carcelarias en territorio bonaerense es de 28 mil, lo que significa un déficit de 10 mil plazas. En las cinco alcaidías, el total de lugares es de 800, pero en este caso no hay sobrepoblación ya que cuentan con celdas individuales.

En comisarías, en tanto, estimaciones extraoficiales hablan de tres mil detenidos alojados que representan una de las caras más dramáticas del fenómeno, ya que la mayoría están en condiciones de hacinamiento que los defensores oficiales calificaron como "intolerables".

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