El Gobierno de Brasil apela a los privados para modernizar infraestructura

Por Fernando Henrique Cardoso
(Fernando Henrique Cardoso, sociólogo y escritor, fue presidente de Brasil del 1 de enero de 1995 al 1 de enero de 2003).

Las recientes y tardías decisiones del gobierno de Brasil de enfrentarse al pésimo estado de la infraestructura aeroportuaria [N. de la E.: ver puntos importantes] dieron lugar a loas por parte de quienes conocen la precariedad de nuestros aeropuertos y a justificaciones avergonzadas por parte del Partido de los Trabajadores, según el cual las "concesiones" no son "privatizaciones", como si no fuesen ambas modalidades del mismo proceso.

Pasados tantos años desde las primeras privatizaciones de empresas y concesiones de servicios públicos, y dada su continuidad en gobiernos controlados por partidos que se oponían ferozmente a ellas, la relevancia ideológica de la discusión es marginal. Sólo el oportunismo electoral puede explicar por qué se insiste en un necio debate que sostiene que es "patriótico" mantener bajo el control estatal un servicio público, mientras que concedérselo a la iniciativa privada, con o sin venta de propiedad, es cosa de "entreguistas".

Desahogar al Estado de las funciones económicas no pasó por la cabeza de los constituyentes, ni de los congresistas o de los gobiernos que reglamentaron o modificaron la Constitución para adecuarla a las transformaciones de la realidad productiva.

Todavía a fines de los años 1980 hubo privatización de empresas de menor importancia, que se habían vuelto estatales porque el Estado las había salvado de la quiebra, en las llamadas operaciones-hospital del Banco Nacional de Fomento Económico y Social (BNDES). A principios de los años 1990, ya reglamentadas por ley, las privatizaciones ganaron cuerpo. Alcanzaron, por ejemplo, a la obsoleta planta siderúrgica del país, que a partir de entonces se sometió a una inmensa modernización, también con el apoyo del BNDES pero esta vez no en función de socorrer empresas fallidas sino de promover la actualización del sector productivo.

En la segunda mitad de los años 90, cuando se trató de atraer el capital privado para que hiciera las inversiones que el Estado ya no podía hacer en materia de telecomunicaciones, energía, petróleo, etcétera, se flexibilizaron los monopolios estatales y se crearon las agencias reguladoras para garantizar la competencia en esos sectores, evitando el surgimiento de monopolios privados. El Gobierno actuó no sólo para aumentar la competencia en las subastas -y por tanto el interés recibido por la Tesorería- sino también para apoyar, por medio del BNDES, la inversión privada que siguió a la desestatización.

En el caso del petróleo, después de la quiebra del monopolio, en 1997, Petrobrás se transformó en una auténtica empresa moderna, menos sujeta a las influencias político-fisiológicas que, por cierto, ahora se insinúan nuevamente. Decían que el Gobierno quería privatizarla cuando en verdad estaba comprometido en fortalecerla. Conservada bajo el control federal, pero sometida a la competencia, Petrobrás se convirtió en una de las cinco empresas petroleras más grandes del mundo.

Se amplió la participación accionaria del sector privado en la compañía, que existía desde el período de gobierno de Getúlio Vargas de los años 50, incluso con la posibilidad de que los trabajadores usaran el Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (fondo de pensiones) para comprar acciones. Las cuentas de la empresa se volvieron más transparentes para el Gobierno y para la sociedad. El fin del monopolio vino acompañado por una política de inducción de la inversión local en la industria petrolera, con el establecimiento de porcentajes de contenido nacional desde las primeras licitaciones realizadas por la Agencia Nacional del Petróleo. Esta medida se adoptó, no obstante, con el equilibrio necesario para evitar aumentos en el costo de los equipos y atrasos en su producción, como ahora se verifica.

En materia de telecomunicaciones, en 1998 hubo una combinación de privatizaciones y concesión de servicios. En el caso de la telefonía celular, fueron pocos los activos transferidos pues prácticamente no existía en Brasil. "Estamos vendiendo viento", bromeaba Sergio Mota, entonces ministro de Comunicaciones, que soñaba con el día en que se venderían celulares en todos los rincones. Es una pena que haya muerto sin ver realizado su sueño. Hoy en día, en Brasil existen más teléfonos celulares que habitantes.

En la desestatización del grupo Telebrás sí hubo transferencia de activos. La división de la matriz en varias empresas fue llamada descuartizamiento, siendo que sólo pretendía asegurar la competencia en el sector. Gracias a ese nuevo ambiente y a las reglas establecidas por el Gobierno, las empresas privatizadas se vieron obligadas a hacer fuertes inversiones para acompañar los avances tecnológicos y ampliar el acceso a las líneas así como a Internet, dejándonos sin añoranzas por el anticuado sistema de telefonía anterior a la privatización.

En el caso de la minera Vale do Rio Doce, así como del fabricante de aviones Embraer, hubo una privatización pura y simple, con la salvedad de que en esta última empresa el Gobierno mantuvo una acción privilegiada, con derecho a veto, y el BNDES adquirió y mantuvo una posición importante, de cerca de 20 por ciento, en el control de la minera. Por no hablar de la participación de los fondos de pensión de las empresas estatales.

En la privatización de Vale do Rio Doce, los críticos dijeron que el Gobierno estaba enajenando el subsuelo nacional, afirmación descabellada ya que éste era y sigue siendo propiedad de la Unión, conforme manda la Constitución. También hablaban de que la empresa terminaría "desnacionalizada", con menor número de empleos, retórica que los hechos posteriores desmintieron sin margen de refutación. Todavía se escuchan murmullos con el gastado argumento de que la minera, que hoy vale mucho más de lo que a buen precio se pagó por ella en ese tiempo, fue vendida por debajo de su valor (no fue eso lo que se vio en la subasta, ganada por un grupo nacional que se atrevió en el precio mucho más de lo que los demás competidores consideraron razonable). Ahora, si se oye que Vale tiene un valor en bolsa de US$ 100 mil millones es porque, liberada de las amarras estatales, pudo llegar a donde ha llegado.

Los que critican las privatizaciones son los mismos que ahora se jactan de esas empresas y de que ahora seamos la sexta economía del mundo. Se olvidan de que eso se debe a lo que siempre criticaron, además de las privatizaciones, el Plan Real, el Programa de Estímulo a la Reestructuración y el Fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional, a la Ley de Responsabilidad Fiscal, en fin, a la modernización del Estado y de la economía.

Pero, atención: no basta con otorgar concesiones y privatizar. Es preciso hacerlo con criterios bien definidos, elaborar condiciones claras en las licitaciones, exigir que se cumplan las cláusulas de éstas y evitar que las agencias reguladoras se conviertan en balcones partidistas. Para juzgar, esperaremos a ver lo que suceda con los aeropuertos.

(Distribuido por The New York Times Syndicate)
Fuente: Agencia O Globo - Infobae.com