CIADI: las empresas están más dispuestas a aceptar bonos en parte de pago

Por CARLOS ARBÍA - Cronista Comercial
El gobierno norteamericano reclama el pago de u$s 300 millones a Azurix y Blue Ridge. Pagarles con bonos discount en dólares es una posibilidad

Mientras que desde el gobierno de los Estados Unidos insisten en que excluirán a la Argentina del Sistema General de Preferencias (SGP) si el país no paga los u$s 300 millones que les debe a Azurix y Blue Ridge por juicios perdidos en el CIADI, en el Ministerio de Economía avanzan en varias alternativas para dirimir esta encrucijada.

Aún así, desde la cartera que dirige Hernán Lorenzino insisten en que "un problema son los limones que se exportan a EE.UU. y que dejan de tener la ventaja del SGP "que implica que ya no podrán entrar a ese mercado con arancel cero" y otra son los juicios que hay que pagar en el CIADI a las empresas". "No hay conexión entre una cosa y la otra", aclaran los técnicos del ministerio.

Entre las alternativas que se analizan figura un pago en efectivo por aproximadamente u$s 25 millones en Nueva York, equivalente a la multa que la Argentina debería abonar para evitar nuevas sanciones. Otra de las posibilidades sería pagarles a las empresas con bonos de descuento en dólares, que todavía restan emitir correspondientes al pago de la restructuración de la deuda (Canje I y Canje II). Esta propuesta es la que tendría mayor aceptación por parte de las empresas.

Pero mientras en Economía evalúan formas de saldar estos pasivos, desde la Procuración del Tesoro insisten en la tesis de que las empresas que ganaron los juicios a partir de la vigencia de la ley de emergencia económica de 2002 deben realizar el trámite para cobrar en los juzgados locales.

Acuerdo

También existe la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo por fuera de lo establecido por el CIADI y que el Gobierno les de la seguridad a las empresas de que el trámite en los tribunales argentinos será sólo una formalidad que no pondrá en peligro el pago y que las compañías luego inviertan esos fondos en la Argentina. Esta sería la solución más ingeniosa y menos costosa para la presidenta Cristina Fernández.

La Argentina interpreta que la característica singular del convenio del CIADI radica en el artículo 54 de ese tratado, que establece que los laudos se deben cumplir como si se tratara de una sentencia final de un tribunal local. Consecuentemente, el inversor extranjero debe seguir el mismo procedimiento que sigue cualquier ciudadano que tiene una sentencia final contra el Estado nacional. En cambio, las empresas recurren al artículo 53 para afirmar que eso no es necesario.

Lo cierto es que por decisión del gobierno de Barack Obama, el país quedará excluido del SGP norteamericano debido a que no cumplió con el pago de las dos sentencias. Según la opinión de algunos expertos financieros locales que asesoran a las empresas, el costo para la Argentina de perder esta ventaja no son los u$s 25 millones de los aranceles que se encontraban beneficiados por el sistema, sino que además podría haber nuevas demandas de los acreedores y, en particular, de los fondos buitres contra la Argentina. Y ése es el temor del gobierno.