Aunque el Ministerio de Planificación – bajo la órbita de Julio De Vido – parece haber descubierto este año que el déficit energético genera una salida de US$ 10.000 millones anuales, la AGN ya venía advirtiendo sobre la falta de control en las concesiones petroleras. “Se observó como denominador común una deficiente gestión de la Secretaría de Energía”, escribieron los auditores.
La extracción de petróleo está en caída desde 1998. Para explotar áreas, las empresas pagan un canon. “La Secretaría de Energía no viene actualizando el valor del canon según el aumento del precio del petróleo en el mercado local”, denunció la AGN. “Los concesionarios abonaron un valor sumamente depreciado posibilitando – por un lado – postergar y hasta reducir inversiones”, pintó la AGN antes que arrancaran los reclamos de las provincias a YPF.
La AGN auditó el sistema de liquidación y del control de las regalías petroleras y observó “una situación de debilidad y laxitud de tales funciones”. También encontró problemas en la base de datos de la Secretaría de Energía (encabezada desde 2003 por Daniel Cameron), a la que señalan por no ejercer su “poder de policía”. “Surgieron áreas concesionadas en producción que no presentaban declaraciones juradas, áreas que en diferentes listados aparecen como perteneciendo a distintas jurisdicciones y a distintos declarantes, yacimientos o lotes concesionados que en diferentes listados aparecen como pertenecientes a distintas áreas”, acusa la Auditoría.
“Hay un sorprendente encarecimiento a partir del momento en que se derogó el decreto que establecía precios tope en las concesiones, ignorando la notoria cartelización de la oferta y otras irregularidades”, indicó Despouy ante el Congreso.
Los auditores también manifestaron reparos sobre la importación de fuel oil de Venezuela, el rol de la empresa estatal Enarsa (que sólo tiene actividades comerciales o de intermediación, pero no explora) y sobreprecios.
“En la línea de alta tensión del sur, con una inversión global de $792 millones, el tramo Puerto Madryn-Pico Truncado, construido entre 2005 y 2006, tuvo un costo por kilómetro superior en 40% al correspondiente a la traza Choele-Choel-Puerto Madryn ejecutado un año antes.
me parece que no es de este gobierno sino, de l y que muchos ahora que critican estaban muy satisfecho con las privatizaciones.
ResponderEliminarmartin
Tenés razón, pero la idea de elegir un nuevo gobierno es que cambie las cosas para que mejoren no que sigan igual o empeoren sino que sentido tiene cambiar, y eso si es culpa de este gobierno.
EliminarSaludos, Civo.