Se complicaría el tránsito de turistas a las islas, segunda fuente de ingreso de la economía malvinense, y también de los empleados de las petroleras que exploran en aguas malvinenses sin la anuencia argentina. Además generaría la instantánea escasez de productos frescos como verduras, frutas y lácteos que provienen sólo de Chile. Y es que en los almacenes del archipélago no se encuentran productos de origen argentino, una protesta cultural que los isleños mantienen aún 30 años después de "la invasión".
"Vamos a esperar un tiempo más, pero sino, nos veremos obligados a revisar entendimientos provisorios vigentes. Me refiero al acuerdo del 14 de julio de 1999, cuando se dispuso un vuelo semanal regular por la empresa LAN Chile a Malvinas", dijo Cristina ante la ONU. Desde entonces, los kelpers están atentos a los anuncios de la Casa Rosada. Pero todavía respiran aliviados.
Los acuerdos a los que hizo referencia la Presidente tuvieron su génesis precisamente en el corte de los vuelos en 1999. Una decisión que en realidad, definió el propio gobierno chileno, en medio de un cortocircuito diplomático con el Reino Unido, a raíz de la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet por orden del juez español Baltasar Garzón a fines del 98.
En protesta, el gobierno chileno -en combinación con Buenos Aires- suspendió los vuelos y los isleños sintieron rápidamente las consecuencias. Tanto, como para pedirle a la administración británica que negocie con la Argentina la reanudación del puente aéreo, aceptando por primera vez después de 1982 que ciudadanos con pasaporte argentino viajen a las islas, y además que el vuelo desde Punta Arenas aterrice en Río Gallegos una vez al mes. Ese fue el texto general del acuerdo de julio del 99.
Casi trece años después, los isleños intentan estar preparados. Saben que no tienen al ex canciller Guido Di Tella intentando seducirlos, sino a un gobierno que desde que comenzó con Néstor Kichner en el 2003, puso en claro que la negociación es con Londres y no con los kelpers.
De allí que a fines de enero, el gobierno británico anunciara la construcción de un aeropuerto en la isla de Santa Elena, un enclave colonial británico a 7 mil kilómetros de Malvinas, que servirá de puente alternativo para un eventual vuelo comercial entre Londres y Puerto Argentino. La idea es dejar de depender de Chile y Argentina para la conexión con el mundo.
Pero las obras, asignadas a una constructora sudafricana por 300 millones de dólares, terminarían recién en 2015. Hasta entonces, si el gobierno argentino decide prohibir el uso de espacio aéreo nacional al vuelo semanal de LAN, los kelpers estarán cuasi-aislados del mundo.
Sólo hay un vuelo militar a la base de Mount Pleasant con asientos limitados para civiles que va a Brize Norton, al norte de Londres.
También la conexión marítima se ha limitado para los malvinenses , desde que en mayo de 2010 el barco que periódicamente navegaba desde Punta Arenas a las islas, canceló la ruta porque los costos no cerraban. Los kelpers aseguran que la empresa naviera tuvo presiones chilenas, en sintonía con Buenos Aires, sin embargo, el propio embajador argentino en Santiago, Ginés González García aseguró que la Argentina no tuvo nada que ver con el corte abrupto de esa ruta marítima que los habitantes de las islas utilizaban para aprovisionarse de bienes consumibles chilenos con la avidez de un pueblo que no tiene industria propia. O para trasladar a los trabajadores de los pesqueros desde Chile.
Los malvinenses viven de la venta de licencias pesqueras que venden sin autorización argentina, a buques internacionales que explotan recursos ictícolas en disputa. Así se hicieron millonarios desde 1986, a un promedio de ingresos por 40 millones de dólares anuales que hacen funcionar a la perfección a una sociedad de apenas 3000 personas.
"¿Por qué Argentina unilateralmente va a seguir facilitando el vuelo de los ciudadanos británicos a las islas en disputa, mientras unilateralmente Gran Bretaña se niega a negociar y avanza en la pesca y está explorando petróleo en las aguas en disputa?", enfatizó hace unos meses el todavía embajador ante la ONU, Jorge Argüello. La respuesta la tiene sólo Cristina Kirchner. La Presidente es quien decidirá finalmente si pasa de la advertencia a los hechos.
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