Liberan la traza del proyecto de la Autopista 3, que nunca se construyó

En Villa Urquiza sacan a ocupantes de casas tomadas y las demuelen. Es el corredor de Holmberg y Donado, de Avenida de los Incas a Congreso. Les dan subsidios de hasta $ 96.000 a las familias para que se vayan. Luego licitarán los terrenos vacíos para construir edificios de clase media y espacios verdes. El Gobierno porteño está trabajando para desalojar a las familias que ocupan las viviendas expropiadas de la traza de la ex autopista 3, en Villa Urquiza. Tras liberar las casas, las demuele para evitar nuevas intrusiones. Cuando despeje toda la trama, la licitará para construir edificios.La historia de la ex AU3 es una colección de desaciertos y falta de continuidad en las políticas del Estado, que provocaron que las mismas expropiaciones deban ser pagadas dos veces.

En 1978, el intendente de la Dictadura Osvaldo Cacciatore anunció la expropiación de unas 800 viviendas para construir una autopista que uniera Saavedra con Pompeya, una prolongación de la Panamericana que iba a partir al medio a la Ciudad, por el corredor de las calles Holmberg y Donado. Tras las expropiaciones, el proyecto se fue postergando hasta ser desechado. Pero como no demolieron las viviendas, fueron ocupadas.

La parte norte de la traza, en Saavedra, fue liberada cuando Fernando de la Rúa era Jefe de Gobierno, y convertida en un paseo verde. Pero entre Congreso y Avenida de los Incas quedó el sector más conflictivo: 266 parcelas en las que vive gente que volvió a sus viviendas expropiadas al ver que no las demolían, personas llegadas de otros lugares y hasta dueños genuinos que se opusieron judicialmente a la expropiación y mantuvieron sus propiedades. Además hay baldíos con asentamientos.

Así, en el corazón de uno de los barrios donde más desarrollo inmobiliario hubo en los últimos años quedó un sector donde viven unas 1.700 personas hacinadas y en casas en pésimo estado. Hay casos de varias familias que comparten un mismo departamento. "Hay gente que armó desde fábricas de helados hasta corralones, sin autorización. Es tal el hacinamiento que mucha gente saca sus sillones a la vereda y usan el espacio público como living", comentaron en el Gobierno porteño. Algunos urbanistas dicen que la traza se parece a una "cicatriz urbana". Otros la comparan con La Habana.

Desde entonces, las diferentes administraciones comunales anunciaron planes para relocalizar a la gente y recuperar el lugar. Es obvio que hace falta una solución, por algo el área a cinco cuadras para cada lado de la traza es la única de la Ciudad que perdió población entre los censos 1991 y 2001 (bajó de 47.133 a 43.440 habitantes). Los vecinos se quejan de la inseguridad, y casi no hay compraventa de viviendas. No se salva nadie: días atrás asaltaron la casa de un funcionario porteño que vive cerca.

El plan de la Ciudad arrancó el año pasado. En la traza hay 266 parcelas, de las cuales ya liberaron 181. Pero de esas, 73 fueron demolidas total o parcialmente. Resta resolver la situación de 85 lotes. En todos los casos, los predios liberados son alambrados.

En el Gobierno insistieron con que nadie es desalojado por la fuerza. Según explicaron en el ministerio de Desarrollo Urbano, la gente recibe subsidios de dos tipos, de acuerdo a lo estipulado por la ley 324 que fue sancionada en 1999. Esa norma dividió a los ocupantes en dos clases. Los "beneficiarios" reciben entre $ 75.000 y $ 96.000 por grupo familiar, y los "no beneficiarios" entre $ 6.000 y $ 25.000. La diferencia entre categorías se da por un censo realizado antes de la sanción de la ley.

Para los subsidios, la Ciudad tiene un presupuesto tope de 12 millones de pesos. Acaso para no trabar este plan es que hace un mes el macrismo vetó la ley de Emergencia Habitacional, que prohibía los desalojos de edificios que pertenecieran al Estado porteño.

¿Qué harán cuando liberen la traza?

Primero, 26.348 metros cuadrados de espacios verdes, casi cinco veces más de lo que había originalmente. Además construirán una sede para el CGP Comunal 12 y mejorarán los alrededores de la sede que la UBA tiene en la calle Drago para dictar el CBC. El resto, 52.365 metros cuadrados serán para construir viviendas.

Todo esto debe pasar por la Legislatura. Conscientes de que la oposición puede acusarlos de lucrar con el espacio público, en el macrismo aseguran que no permitirán la especulación inmobiliaria. Héctor Lostri, subsecretario de Planeamiento Urbano, explicó: "Habrá sólo edificios de planta baja, tres pisos y dos más retirados de la línea de frente. Es menos de lo que ya está edificado en las veredas de enfrente. No podrán ser edificios de lujo sino de clase media. Un 5% de las unidades quedará para el Instituto de Vivienda".

Fuente: Por Pablo Novillo - Diario Clarín