Lo consideran “la mayor entrega de soberanía y recursos” en la historia del país. Remueve todos los obstáculos que limitaban la explotación pesquera, comercial y de hidrocarburos en las islas
Mientras que el Comité de Descolonización de la ONU acaba de aprobar una resolución exigiendo que Gran Bretaña retome negociaciones por Malvinas, el gobierno argentino avanza en un acuerdo con la cancillería británica que no sólo omite el tema soberanía sino que consolida la ocupación de las islas y entrega su explotación comercial. Pero si ya de por si esto resulta difícil de entender, no menos incomprensible es el hecho de que casi nadie, salvo los grupos de ex combatientes, esté denunciando hoy este acuerdo que entrega al Reino Unido riquezas naturales equivalentes a la deuda externa de nuestro país.
El acuerdo en cuestión es el subscripto en septiembre de 2016 por ex vicecanciller de Susana Malcorra, Carlos Foradori, y el ministro de Estado para las Américas del Reino Unido, Alan Duncan. Si bien en aquel momento legisladores de la oposición, diplomáticos, especialistas en Derecho Internacional y referentes sociales como Adolfo Pérez Esquivel salieron a repudiar la decisión de “ceder alegremente a manos británicas” recursos naturales de nuestro país, lo cierto es que hoy –entre la disparada del dólar y el Mundial- el acuerdo avanza sin que nadie se preocupe por él. De hecho acaso la mayor campaña de denuncia en su contra sea la que realizan por estos días los ex combatientes del CECIM en nuestra ciudad.
Por medio de este acuerdo –que está publicado en el sitio de la Cancillería- Argentina acepta “remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo pesca, navegación e hidrocarburos”. En términos prácticos, la decisión “presupone el levantamiento de todas las medidas administrativas, legislativas y judiciales que ha tomado nuestro país a lo largo de los años para proteger sus recursos naturales frente a la explotación ilegal de nuestra pesca e hidrocarburos en Malvinas”, explican desde el CECIM.
Aunque la Cancillería niega que el Foradori-Duncan sea en rigor un acuerdo binacional -lo que obligaría a someterlo a la validación del Congreso- y lo presenta más bien como “un comunicado conjunto”, lo cierto es que el documento utiliza trece veces la palabra “acuerdo” y no parece tener ningún beneficio concreto para nuestro país. De su lectura se desprende en cambio que “el único beneficiado es Gran Bretaña, que hoy encuentra allanado el camino para explotar nuestros recursos naturales en el Atlántico Sur”.
“Desde que se firmó el acuerdo entre los gobiernos de Mauricio Macri y Theresa May, los británicos aprovecharon para retomar presurosamente la explotación de nuestros recursos naturales”, sostiene Ernesto Alonso, secretario del CECIM al señalar que “este acuerdo no sólo consuma vulneraciones flagrantes a la Constitución Nacional sino también a leyes nacionales vigentes, resoluciones de Naciones Unidas y declaraciones nacionales refrendadas por el Honorable Congreso de la Nación”.
“El acuerdo Furadori-Duncan nos compromete a levantar todas las trabas que nuestro país puso a lo largo de los últimos años para impedir el desarrollo económico de las Islas Malvinas luego de que el gobierno británico incumpliera lo acordado previamente comenzando a otorgar licencias pesqueras y a realizar prospección petrolera en forma unilateral. En términos prácticos este acuerdo no sólo implica legitimizar las licencias pesqueras que los isleños vienen otorgando a compañías finesas, españolas, japones y chinas, sino también la concesión de cuadrículas para la prospección petrolera en aguas donde se ha comprobado que existe petróleo en abundancia”, explica por su parte Hugo Robert, actual presidente del CECIM.
Al explicar lo que representan en términos económicos solo esas dos concesiones, Alonso señala que “la explotación de los recursos ictícolas en la zona usurpada le representa sólo con la venta de licencias de pesca unos 30 millones de dólares que sumado a las capturas de especies comercializadas por la pesca ilegal aportan el 40% del PBI” de los kelpers; y que “las prospecciones de hidrocarburos indican que en la cuenca Malvinas existen yacimientos de petróleo de clase mundial con estimaciones que alcanzan un potencial de casi 1000 millones de barriles”.
Pero lo cierto es que la concesiones sobre la pesca y la explotación de hidrocarburos no son las únicas que contempla este acuerdo que “responde únicamente a los intereses británicos y soslaya el diálogo por la soberanía, la primera cuestión a resolver”, señalan desde el CECIM. A través de él también se acordó que serían establecidas conexiones aéreas adicionales entre las Islas Malvinas y terceros países, un viejo anhelo de los isleños para establecer vínculos comerciales directos con otros países de América del Sur.
Así lo advierte entre otros el doctor Marcelo Kohen, uno de los mayores especialistas en Derecho Internacional de nuestro país. El acuerdo Foradori-Duncan “plasma en los hechos la exclusión de nuestra aerolínea de bandera y relega los contactos con el continente argentino a menos de un cuarto de los contactos con los países vecinos”, señala Kohen, para quien “la discusión y eventual implementación de lo acordado exige la participación el Congreso de la Nación”.
Justamente eso mismo es lo que reclaman por estos días los ex combatientes del CECIM a través de su campaña contra el acuerdo bilateral. Dado que está en juego la soberanía argentina en Malvinas los interés de las próximas generaciones de argentinos -afirman- es fundamental hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria para tratar en una sesión especial del Congreso el rechazo de este acuerdo que el Poder Ejecutivo está llevando adelante a espaldas del Congreso Nacional”.
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