La Justicia correccional criminal ordenó dos allanamientos a las instalaciones del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea Argentina que comanda el brigadier general Enrique Amreim, en busca de información sobre varios casos de presunta sustracción de documentos públicos vinculados con abuso de autoridad que se habría cometido contra oficiales de esa Institución.
El asunto arrancó en 2016, los damnificados son un grupo de oficiales aeronáuticos; hay también marinos y hombres del Ejército en la misma situación; que peticionaban ante el Ministerio de Defensa ser reconsiderados en su ascenso al grado inmediato superior. Esos expedientes de reclamo se "cajonearon" y hasta se llegó al extremo de retirar hojas probatorias de la recomendación favorable a esa promoción.
El juez Sebastián Ramos, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°2 dispuso el allanamiento luego de recibir una denuncia contra Alejandra Martín Domínguez, directora general de Asuntos Militares del ministerio de Defensa responsable directa de la tramitación. Uno de los afectados, el vicecomodoro Horacio Caballero, denunció (causa N°16735/17) a la directora Martín Domínguez por haber cometido el delito de "sustracción de documento público agravado por el cargo que ostenta como funcionaria pública, en concurso con los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos, en orden a los artículos 294, 298 y 77, y 248 y 249 del Código Penal".
El procedimiento realizado el viernes último estuvo a cargo de personal de Gendarmería, se secuestraron legajos personales e información administrativa tendiente a reconstruir las hojas faltantes del expediente de reclamo del vicecomodoro Caballero. La carpeta del oficial aviador estaba en poder de la directora Martín Domínguez y en su denuncia Caballero sostiene que esa funcionaria sustrajo 13 fojas que eran determinantes para fundamentar su ascenso, entre ellas la recomendación del exjefe del arma, brigadier general Mario Callejo y la opinión favorable del anterior ministro de Defensa, Julio Martínez quien había elaborado el proyecto de decreto incluyendo en el a Caballero y otro reclamante, el vicecomodoro Daniel Núñez. El juez Ramos contó con una prueba orientadora inapelable para disponer el procedimiento: un memo interno firmado por la propia funcionaria denunciada que está dirigido al subsecretario de Política Militar, Hugo Pierri.
En el texto; que no fue puesto en conocimiento de los interesados; la directora Martín Domínguez confirma haber "desglosado" 13 fojas y que "dicho desglose respondió a las instrucciones emanadas de anteriores gestiones de este Ministerio (n.r. en alusión a Nilda Garré y Agustín Rossi), habiendo sido resguardadas en el archivo de este Organismo según fuera de práctica". El aeronáutico denunciante sostiene que es justamente ese desglose de 13 fojas el meollo que perjudicó su carrera porque allí estaban las constancias de opiniones favorables a su ascenso y que además Martín Domínguez torció la opinión positiva de las autoridades con su propia evaluación sustentada en el faltante de esos antecedentes. Personal de planta del ministerio refirió que la directora Martín Domínguez ingreso como contratada en 2009 durante la gestión de Garré con el propósito de depurar las fuerzas de uniformados que tuviesen algún tipo de vinculación familiar con militares procesados por delitos contra los derechos humanos. "Sobreviviente del kirchnerismo en la administración macrista de Defensa, sigue ejerciendo con los métodos autoritarios de aquel espacio", dijo a este diario uno de los damnificados.
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