Gran malestar en la Armada Uruguaya ante la iniciativa gubernamental que liquida sus astilleros creando una empresa pública

(defensa.com) - Gran sorpresa y enorme malestar en los cuadros técnicos navales ha suscitado una propuesta del Gobierno, incluída en la Rendición de Cuentas presentada al Parlamento el pasado domingo, que determina la virtual extinción o reducción a su mínima expresión de los astilleros y servicios conexos de la Armada, agrupados en el Servicio de Construcciones, Reparaciones y Armamento (SCRA), en momentos en los que la actividad estaba cobrando apreciable impulso regional. 

La posible creación del ente estatal también preocupa a la actividad privada, por las posibilidades de dumping, competencia desleal y el probable empleo de mecanismos informales comerciales o industriales.

El presidente José Mujica pretende crear el "Instituto Naval del Estado (INES)", que tendrá como objeto promover el desarrollo de la industria naval nacional y las actividades de construcción, reforma, reparación, mantenimiento y carenado de naves y navi partes de la flota del Estado y de privados, pudiendo participar en el desarrollo de tales actividades en forma directa o bajo diferentes modalidades de contratación   con terceros, de acuerdo con la normativa vigente.

El Directorio estará integrado por un representante designado por el Ministerio de Defensa Nacional, un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y un tercero designado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, quien lo presidirá. El Directorio tendrá todas las facultades necesarias para cumplir con el objeto social, comunicándose con el Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Cabe señalar que el mecanismo de gestión política de las empresas públicas especializadas en Uruguay ha dado muy malos resultados y un perfil absolutamente deficitario, al menos en los últimos 25 años.

Para iniciar las tareas del nuevo organismo se quiere instituir un Fideicomiso de Administración, designándose como fiduciario al nuevo Instituto Naval del Estado, con el fin de desarrollar actividades de la industria naval y conexas a las mismas. La plena propiedad de los bienes muebles e inmuebles afectados actualmente a tales actividades en el Servicio de Reparaciones, Construcciones y Armamento de la Armada, se incorporarán al patrimonio fiduciario del Fideicomiso referido anteriormente, a los efectos de la administración y explotación de dichos bienes.

El Poder Ejecutivo determinará los bienes inmuebles comprendidos en esta incorporación, y los registros notariales procederán a su registración con la sola presentación del testimonio notarial de esa resolución. Los bienes muebles e inmuebles del patrimonio fiduciario no podrán ser enajenados ni gravados sin resolución expresa adoptada por unanimidad del Directorio del INES. El Servicio de Reparaciones, Construcciones y Armamento de la Armada deberá ceder al Fideicomiso los contratos vigentes para actividades de la industria naval y conexas. Como consecuencia de ello, quedarán sin efecto las funciones, los deberes y las responsabilidades del Servicio de Reparaciones, Construcciones y Armamento de la Armada en la referida área de actividades de la industria naval.

Respecto al personal -civil o militar- del Servicio de Reparaciones, Construcciones y Armamento de la Armada a la fecha de constitución del Fideicomiso que se cree para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Naval del Estado y sea contratado por este, dejará de percibir las remuneraciones asociadas al desempeño de su cargo o función en la mencionada Unidad Ejecutora, reservándosele el cargo o manteniendo su contrato en suspenso, por un plazo de dos años. Al vencimiento de dicho plazo el funcionario podría regresar a desempeñar funciones en el Ministerio de Defensa Nacional con todos sus derechos funcionales.

A pesar de ciertos puntuales casos de corrupción acaecidos durante el gobierno de Tabaré Vázquez y mayoritariamente vinculados al  anterior Comandante en Jefe, ex Almirante Juan Fernández Maggio- procesado por tal motivo-y oficiales de su entorno(también enjuiciados y destituídos) alrededor de los astilleros de la Armada, los mismos estaban comenzando a ser una genuina fuente de recursos, construyendo  barcazas y remolcadores de empuje, así como restaurando buques de la Armada y atendiendo pesqueros, incorporando nuevas tecnologías. Apenas era necesario un esquema jurídico más flexible, sin creación de nuevos órganos ni vaciamiento de las estructuras ya existentes.
 

El Gobierno, que comprometió parte de la actividad naval usual en Uruguay, al expulsar a diversos buques de pesca que operaban alrededor de las islas Falkland o Malvinas a pedido de Argentina, los cuales ahora lo hacen en el sur de Brasil, pretende concentrar el movimiento en tal sentido en una nueva estatal, aún después del estrepitoso fracaso de su gestión al frente de otras empresas similares o mixtas, como la malograda aerolínea Pluna o la ferrocarrilera Afe, dependiendo exclusivamente de un posible acuerdo con la española Euskotren para asegurar una maltrecha y endeudada supervivencia.

Asimismo, se ordena a la Armada pasar a cobrar los cursos y seminarios de apoyo a la industria naval en oficios relacionados a construcciones y reparaciones navales en Diques y Astilleros, que usualmente se brindan a través del Centro de Instrucción de la Armada (Ciarm).

Por si esto fuera poco, en lo que implica a nivel simbólico, máxime que hasta el acceso del actual oficialismo al Gobierno, en 2005, estas instituciones eran mayormente mantenidas con recursos asignados y grupos de apoyo privado para asegurar su gratuidad, se instruye al Museo Naval- y probablemente otros museos militares relacionados a las demás Fuerzas- a cobrar entrada y las publicaciones especializadas que edite.
 

Aún no ha trascendido ninguna decisión respecto al Servicio de Mantenimiento de la Aviación Naval, que, en su sede operativa contigua a la Base Aeronaval C/C Carlos A. Curbelo, y con la debida autorización para ejercer comercialmente, presta servicios a privados, como la aerolínea BQB- a la cual se le inicia en los próximos días la inspección mayor de uno de sus ATR-72/500 (una novedad en la faz local)- la empresa de aerotaxis Álabe y la escuela aeronáutica Punta del Este Flight School, recientemente certificada por la DINACIA.

Justamente, la FAU también había solicitado incluir en esta rendición de cuentas, la posibilidad de desarrollar este tipo de servicios a terceros de manera formal y lucrativa, aspiración que, por el momento, no se sabe que destino tendrá. (Javier Bonilla)