Por Fernando Rodríguez
| LA NACION
Desde un año antes de que su
administración cambiara de manos, de la Nación a la Ciudad, el subte es
escenario de disputas políticas enmascaradas detrás de las divergencias
en cuanto a la mejor gestión y a las condiciones en las que se presta el
servicio. No extraña, pues, que en plena recta final hacia las PASO cualquier circunstancia relativa
a la operación del subte o al transporte urbano de pasajeros en general
se convierta en una oportunidad de poner en tela de juicio las
capacidades ajenas.
La sucesión de inauguraciones en la materia por parte
de la administración macrista -Metrobus, terminal de combis, estaciones-
es, sin dudas, un argumento político de campaña, sin que esto signifique poner en tela de juicio las bondades de los nuevos servicios puestos al alcance de los ciudadanos.Pero no son menos argumentos políticos útiles en la puja eleccionaria los cuestionamientos a cada una de esas inauguraciones. En el caso puntual de las dos nuevas estaciones de la línea B, las críticas y las denuncias sobre eventuales deficiencias y peligros latentes en la infraestructura recién estrenada cobran un claro valor discursivo de cara a los comicios de agosto.
Es un dato a tener en cuenta que Claudio Dellecarbonara, uno de los voceros de la protesta por las falencias en la obra de las nuevas estaciones, es candidato a senador en la Capital por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y que su protagonismo en el conflicto gremial consecuente le es útil en la carrera por la caza de votos porteños.
Tampoco es un dato menor que, en plena controversia, terció AySA, la compañía de aguas estatizada por la Nación. Lo hizo para desmentir a Juan Pablo Piccardo, presidente de Sbase, la empresa estatal porteña que se encarga de la gestión del subte, que había atribuido a AySA alguna responsabilidad en las filtraciones en las nuevas estaciones advertidas por los metrodelegados.
Y mientras las acusaciones y el discurso utilizado en favor de la campaña circulan, los usuarios padecen..
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