viernes, 26 de julio de 2013

Convenios universitarios: otra caja sin control


Editorial del diario La Nación
La autonomía de las universidades nacionales no puede ser esgrimida para negar una transparente rendición de cuentas de fondos públicos
Adjudicaciones directas a municipios y provincias del mismo signo político, contratos exorbitantes para favorecer a artistas amigos, abultadísimos fondos para programas cuyos fines terminan siendo desviados a propaganda electoral y nulo control de gastos. La estrategia del Gobierno en la distribución y falta de auditoría de fondos públicos es hoy tan reiterada como impune.

Los clásicos punteros que no hace muchos años eran dueños casi exclusivos de la demagógica billetera electoral, hoy se ven obligados a compartir su "negocio" hasta con las universidades públicas, especialmente algunas del conurbano bonaerense creadas en los últimos años. Esas casas de altos estudios son usadas por el gobierno nacional como pantalla. Mediante convenios, aquéllas prestan su nombre para la realización de planes, obras y proyectos cuyo financiamiento está exento de supervisión.

Así, por ejemplo, una universidad termina siendo usada como ruta para triangular fondos destinados a la construcción de costosos stands en Tecnópolis o para financiar películas de productoras privadas, cuyo producto no necesariamente tiene fines educativos.

Según un reciente informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), esos convenios no son transparentes, se desconocen muchos de los procesos de adjudicación de fondos y los controles sobre su aplicación son defectuosos o ni siquiera existen.

Varios de ellos han sido motivo de pedidos de informes presentados por la oposición parlamentaria, la mayoría con resultado negativo por cuanto nunca son respondidos. Uno de los convenios más polémicos es el suscripto por la Universidad Nacional de San Martín (Unsam), por casi 46 millones de pesos, para la creación de una medidora oficial de audiencias -algo así como una Ibope kirchnerista-, y un "laboratorio de análisis social de la ciudadanía latinoamericana".

La Unsam y la Universidad de La Matanza también recibieron entre 11 y 15 millones de pesos para construir stands en Tecnópolis, con lo cual los organismos estatales se evitaron llamar a licitación pública, como obliga la ley en esos casos.

También la Universidad de Lomas de Zamora recibió, en febrero pasado, dos millones de pesos del gobierno nacional para financiar actividades con el objetivo de "abordar la temática de los derechos humanos".

No está mal que las universidades reciban fondos del Estado para emprender proyectos diversos. Sin ir más lejos, debe celebrarse el programa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, por el que se acaba de becar a casi 300 jóvenes investigadores elegidos mediante un sistema de prioridades manejado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología -la cartera menos politizada y con muy buenos resultados en su área- para que puedan seguir formándose en centros educativos del exterior, con la innegable riqueza que implica esa experiencia.

Lo que aquí se cuestiona es la falta de transparencia de muchos convenios, los laxos controles y la escasísima rendición de cuentas.

Una pauta clara de la mala utilización de los acuerdos con universidades nacionales fue comentada a la nacion por el investigador Marcos Novaro: "A los intendentes les conviene tener una universidad en su distrito, a la que pueden utilizar como una caja de recursos sin control". Con él coincidió Alejandro Estupiñan, concejal por GEN en Florencio Varela, al decir que en ese municipio "los empleados de la universidad son todas personas cercanas al intendente y al gobierno nacional". Así, esas casas de estudios se convierten en vehículos de los gobernantes para canalizar sus fines partidarios y electorales y concretar sus urgencias de gestión.

Otro caso polémico fue dado a conocer por el presidente de la UCR entrerriana, Jorge D'Agostino, cuando denunció al gobernador de esa provincia, Sergio Urribarri, por un "convenio de cooperación" pactado con la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) para entregarle un subsidio de un millón de pesos destinados, en realidad, a la película Puerta de Hierro, interpretada y dirigida por Víctor Laplace.

Según una auditoría de la AGN realizada en 20 universidades, se detectaron irregularidades en muchas de ellas . El informe resultante fue realizado a pedido del propio Colegio de Auditores en razón de las observaciones críticas y recurrentes respecto de temas centrales como los recursos humanos, los presupuestos, las cuentas bancarias, el sistema de compras, medición y desempeño, el financiamiento y la entrega de títulos.

Este oscuro proceder de los gobiernos en todas sus escalas de responsabilidad respecto de la falta de control de lo pactado con las universidades no puede ser justificado -como se ha escuchado muchas veces- en la necesidad de proteger la autonomía e independencia de las casas de estudio. De lo que se trata es de garantizar la transparencia no sólo en el manejo de los fondos, sino en todas las cuestiones que hacen al desarrollo, los objetivos y las finalidades de las instituciones que se solventan con el dinero de todos los ciudadanos..

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