Por Laura Serra
| LA NACION
Un
informe de expertos marcó numerosas falencias del Estado para combatir
los negocios ilícitos, como retaceo de información y demoras procesales
La Convención Interamericana contra la Corrupción, que depende de la OEA, difundió un duro informe sobre la Argentina en el que hace una serie de advertencias por las graves deficiencias del Estado para luchar contra los negocios ilícitos .
En todos estos organismos se detectaron serias falencias, como, por ejemplo, falta de coordinación para investigar casos de corrupción, demoras en el nombramiento de jueces y fiscales idóneos en la materia, y un incremento en la cantidad de causas que prescriben, muchas veces debido a que otros organismos estatales retacean información.
Este informe se conoce en momentos en que el tema de la corrupción ha vuelto a escalar en la agenda, a partir de las últimas denuncias sobre lavado de dinero que afectarían a funcionarios y empresarios ligados al kirchnerismo, del proyecto de blanqueo de dinero y de la polémica reforma de la Justicia que impulsó el Gobierno.
Este último tema incluso mereció severas advertencias de la relatora especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, Gabriela Knaul, quien consideró que con la reforma judicial que impulsó el Gobierno existía "riesgo para la democracia".
"Sería muy importante que el gobierno argentino tome nota de las recomendaciones de la Convención Interamericana contra la Corrupción. De lo contrario, estaría violando el convenio que suscribió en 1997", advirtió el jefe de la AGN, Leandro Despouy, en diálogo con LA NACION.
Según el auditor, "hoy, el pasaporte de los países para recibir inversiones y acceder al mercado de capitales no sólo pasa por el paradigma económico, sino fundamentalmente por las políticas públicas sobre derechos humanos y de lucha contra la corrupción."
En nuestro país, uno de los órganos clave en esta materia es la FIA. El comité de expertos formuló las siguientes recomendaciones a partir de las falencias que detectó en esa dependencia.
- Debería sancionarse una ley que precise las facultades investigativas de la FIA. Hoy su accionar se ve obstaculizado "por múltiples y variadas interpretaciones sobre el alcance de sus atribuciones", que le impiden ejercer con eficacia su tarea investigativa.
- Por estas dificultades, disminuyó en forma alarmante la cantidad de expedientes a cargo de la FIA. De 1333 expedientes en 2007 bajó a 801 en 2011.
- Es necesario mejorar la coordinación entre la FIA y los demás actores estatales encargados de investigar hechos de corrupción.
- El Estado debería designar formalmente al jefe de la FIA, cargo que está ocupado de manera interina desde hace tres años. Hay fiscalías vacantes que tampoco se cubren.
- La cantidad de denuncias sobre delitos contra la administración pública que prescribieron es muy superior al número de casos que terminaron por sentencia. En efecto, desde 2007 a 2010 prescribieron 63 casos, y sólo uno tuvo sentencia, que fue absolutoria.
- Existe demora en la designación de jueces federales. El informe receptó las estadísticas de las ONG que señalan que una tercera parte de los jueces son subrogantes y que hay casos de demora de cinco años en designar jueces.
- El Estado debería revertir la morosidad en la investigación de los casos de corrupción. Según un trabajo de la Procuración General y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), "sobre 21 causas relevadas, el promedio de duración de los expedientes es de 137 meses, es decir, más de 11 años".
Sobre el funcionamiento de la Sigen, el informe señaló:
- Este organismo debería tener un mayor acceso a las empresas estatales y a aquellas en las que el Estado tiene participación accionaria. Hoy no cuenta con información sobre la responsabilidad social de las mismas.
- La Sigen debería hacer público el acceso a sus informes, los cuales hoy tienen un acceso muy restringido.
Esto se debe, según la propia OA, a la tardanza en recibir las respuestas a sus requerimientos por parte de otros organismos públicos que, además, a veces resultan incompletos.
Un organismo regional de carácter técnico
Cómo funciona la Convención contra la Corrupción
- La creación
La Convención Interamericana contra la Corrupción (CICC), impulsada por la OEA, es un acuerdo establecido entre los países de la región para establecer lineamientos de conducta en torno a la prevención, penalización y fomento de la cooperación contra la corrupción. Fue creada en 1996 y firmada por 33 países de América, entre ellas la Argentina, que la suscribió en 1997
- El seguimiento de casos
Cuenta con un Mecanismo de Seguimiento de Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (Mesicic), que se encuentra constituido por un Comité de Expertos compuesto por técnicos gubernamentales
- La recolección de datos
El Comité de Expertos recolecta información de dos fuentes del país evaluado y de organizaciones de la sociedad civil. El proceso de evaluación se realiza por "rondas", en las cuales se responde acerca de determinados artículos de la convención
Del editor: qué significa.
La consideración social sobre la corrupción varía acorde con la situación económica y política. Hoy la sociedad parece haber reducido su nivel de tolerancia
La consideración social sobre la corrupción varía acorde con la situación económica y política. Hoy la sociedad parece haber reducido su nivel de tolerancia
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