YPF perdió un juicio y debería pagar US$ 1.630 millones

Por Antonio Rossi - Diario Clarin

A poco más de un año de la expropiación de las acciones mayoritarias al grupo Repsol, la reestatizada YPF se topó con un duro revés legal que podría implicarle el pago de US$ 1.630 millones en concepto de indemnización a dos empresas brasileñas a las cuales, en medio de la crisis energética, les cortó el suministro de gas por una orden del gobierno kirchnerista.

La Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) falló en contra de YPF y la hizo “responsable” de haber rescindido hace cuatro años el contrato de exportación de gas que se había firmado en 1999 para abastecer a la central térmica de Uruguayana.

Tras haberle dado la razón a las demandantes –AESU (la propietaria de la usina) y TGM (la operadora del gasoducto binacional)–, ahora el organismo internacional deberá definir el monto indemnizatorio que tendrá que pagar la petrolera comandada por Miguel Galuccio. La demanda conjunta de AESU y TGM asciende a US$ 1.630 millones.

El fallo desfavorable para YPF salió aprobado por mayoría de un tribunal arbitral que integraron dos letrados argentinos –Roque Caivano y Alejandro Garro– y la suiza Gabrielle Kaufmann-Kohler, ex directiva del banco privado UBS.

La historia de este caso, que promete afectar las finanzas y el acceso al financimiento externo de YPF, se remonta a 1999. Ese año, la petrolera –que estaba en manos de Repsol– suscribió un contrato de exportación de 2,4 millones de metros cúbicos de gas diarios para abastecer a la central térmica de 560 MW que habían instalado AESU y TGM en la ciudad brasileña de Uruguayana.

Luego de cinco años de haber cumplido con los suministros en forma normal, los problemas comenzaron partir de 2004. Por la crisis energética derivada de la deficitaria producción de gas, la administración kirchnerista decidió restringir las exportaciones de ese combustible a los países vecinos. La poda parcial que comenzó a aplicar la petrolera le impidió a la usina generar a pleno y cumplir con contratos que tenía firmados con Argentina y Brasil.

En 2009, la conducción de YPF –que ya estaba a cargo del grupo Eskenazi, el socio local había adquirido el 25% de la petrolera con el aval del Gobierno– resolvió rescindir por completo el contrato con la usina y la transportadora.

Tras esa medida, AESU (de la norteamericana AES y la brasileña SULGAS) y TGM (que controlan Techint y la francesa Total) demandaron a YPF ante la CCI por los daños y perjuicios que sufrieron a raíz de los cortes de gas.