El conflicto de las fuerzas armadas argentinas (Primera Parte)

Por Gustavo E. Andrés* - Nueva Mayoria

Las fuerzas armadas argentinas probablemente están inmersas en el peor conflicto de su historia. La ley de Defensa Nacional Nº 23.554 de 1988 establece como rol principal el empleo para enfrentar a un enemigo externo. Sin embargo por su pasado sostienen un conflicto político con la sociedad argentina, la cual provee los hombres que forman sus cuadros, pero desconfía y teme del temperamento institucional a pesar que a cambiando su carácter político a uno puramente profesional.

Entendiendo esta situación como un hecho consumado, del cual se intenta analizar el comportamiento a que da lugar, resulta difícil comprender la postura del sistema democrático en relación a este fenómeno.

Los uniformados del Ejército, Armada y Aeronáutica argentina, como las fuerzas policiales militarizadas de Gendarmería o Prefectura Naval no son apreciados ni mucho menos admirados por el ciudadano común por pertenecer a estas instituciones del estado. Las mismas están alejadas del reconocimiento popular, a pesar de ser un pilar en la construcción de la soberanía e independencia del país y vistas con desconfianza por los políticos que gobiernan al país desde 1983.

El único “uniforme estimado” por el pueblo era el conscripto, rara avis actual, desaparecido en 1994 cuando se derogó la Ley Nº 4301/1901 del servicio militar obligatorio y el sistema pasó a ser voluntario y rentado, por ende profesional. El magro presupuesto asignado a las FF.AA., desde ya limita la posibilidad de contratar, entrenar y mantener soldados y lograr un cuerpo profesional de relativa importancia debido a que los sueldos abonados, no contribuyen a hacer atractiva la profesión de soldado, siendo hoy su número inferior al necesario para sostener una organización para el combate. Actualmente la cantidad de suboficiales y oficiales es mucho mayor que la de soldados, conformando una organización piramidal invertida.

¿Qué pasó con las fuerzas armadas de la República Argentina?

En los últimos 30 años hay en las relaciones cívico militares, una marcada disociación entre la sociedad y las instituciones armadas, que afecta profundamente el sistema de seguridad y defensa nacional, en lo relativo a su institucionalidad como a su capacidad disuasoria efectiva, fundamento de su existencia.

Los militares fueron en la historia argentina durante el siglo XIX, quizás la profesión que más hombres aportó al proceso político que vivió la Argentina. En el siglo XX, su incidencia en la política selló la centuria. Al ir desapareciendo las potenciales amenazas externas y la conducción política nacional no fijarle nuevos objetivos para cohesionarlos alrededor de intereses comunes, quedaron sin misión real. Sin ella es difícil saber donde ir y todos los caminos son buenos. Comenzaron a fijarse objetivos en función de sus propios intereses como institución, siendo el más importante la conducción del quehacer nacional. Al no poder lograrlo por consenso, atributo propio de los sistemas democráticos, alcanzaron el gobierno mediante golpes de estado en virtud del poder que detentaban.

Desde la promulgación de la Constitución Nacional en 1853, se sucedieron notorios militares y presidentes electos como Urquiza, Mitre, Sarmiento, Roca, Roque Saenz Peña y Perón. Julio Argentino Roca y Juan Domingo Perón se destacan, en el ámbito político, pero también en el militar al trazar un antes y un después en la organización y modernización de las fuerzas armadas.

Vale recordar que el Gral. Roca durante su segunda presidencia 1898-1904, marcó el punto de partida para la organización profesional del Ejército Argentino, al completar la formación de oficiales del Colegio Militar fundado en 1870 por el presidente Sarmiento con la creación de la Escuela Superior de Guerra y la formación de suboficiales creando la escuela específica. Promulgó la Ley Nº 4.301 del Servicio Militar Obligatorio que permitió organizar definitivamente las grandes unidades de batalla. La modernización del armamento y la compra de terrenos para fundar bases en el territorio nacional completaron la política de defensa.


Perón, un militar con excelente orientación geopolítica nunca olvidó que para cumplir los objetivos se necesita tener capacidad de recursos propios disponibles. Durante su primera presidencia, 1946-1952 para resolver el adelanto tecnológico y la veda en adquisiciones que trajo aparejado la SGM, decide en el corto plazo un re equipamiento que proporcionó fuerzas acorazadas y de infantería mecanizada al ejército. Se adquiere para la Armada dos cruceros, buques auxiliares y anfibios. La aeronáutica recibió aviones de transportes, bombarderos y los primeros cazas a reacción. Fue tan importante la gestión realizada que en 1948 ante un nuevo pedido a EE.UU, este lo rechaza. A la política exterior norteamericana le resultaba muy difícil explicar que inclinaba la balanza militar en Sudamérica, a favor de un país de dudosa fidelidad a los aliados, en detrimento de Brasil que lucho y tuvo importantes bajas. Durante su tercer mandato, (1973 – 1974) aprobó la modernización de la flota con las unidades actuales de la marina de guerra.

No obstante después del golpe militar contra el gobierno radical de 1930 y contra el peronismo en 1955, los sectores populares ven en las fuerzas armadas a una organización capaz de alcanzar el poder de forma dictatorial, sin participación representativa y comienza en el in consiente popular un distanciamiento donde los intereses mutuos ya no son tan coincidentes por el contrario más bien discrepantes. Contribuye a reforzar esta situación, la marcada injerencia de los militares en la política desde 1955 hasta 1966, que terminan gobernando el país entre ese año y 1973 y luego de 1976 hasta 1983. Con la llegada de la democracia en 1983, toma especial relevancia en la relación poder civil y militar los interlocutores en el ministerio de defensa.

El control político civil sobre las fuerzas armadas se ha logrado a través de estos años y hoy las fuerzas armadas se mantienen subordinadas a las autoridades civiles, ejerciendo el presidente de facto el mando, el cual es honrado por los militares. En otros términos el equilibrio de poder cambió a favor de los civiles, aunque el equilibrio de competencias es claramente favorable a los militares.

El poder básicamente se establece por la gestión personal de los ministros de defensa, los cuales en realidad administran asuntos militares y no asuntos de defensa. Los presidentes nombran ministros esencialmente para manejar a las fuerzas armadas, evitando asperezas y reinterpretando los mensajes políticos cuando las prioridades del gobierno de turno divergen con las de ellas. Esto no implica consentir a los militares, ya que siempre el mensaje es muy claro: las administraciones civiles dictan las políticas y por mandato constitucional las fuerzas armadas deben subordinarse a ellas. A pesar de ser así, de hecho nunca se logra la cooperación de las fuerzas, por entender que expertos civiles manejan adecuadamente la defensa, sino porque lo marca la ley.

¿Como se maneja actualmente esta relación poder civil y militares?

Las fuerzas armadas han comprendido que ya no tendrán más intromisión en la política nacional, ni habrá amenazas limítrofes a la soberanía en una zona como Sudamérica, de muy baja densidad de conflictos resueltos por la vía militar. Si bien sigue latente el conflicto por Malvinas, para el sistema político esa guerra fue una bisagra, que permitió cerrar el papel de los militares y abrir la etapa democrática que solucionara el mismo algún día por la vía diplomática. Pero en Latinoamérica existen numerosos conflictos regionales o locales, como lo corroboran las actuales guerras asimétricas contra terroristas, narcotraficantes o bandas armadas. En la actualidad, Argentina enfrenta un serio problema de tráfico de drogas, en el cual las bandas de narcotraficantes nacionales y latinoamericanas han sobrepasado el control policial tanto federal como provincial. Solo la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval pueden actuar en el marco de la Ley Nº 24.059 de Seguridad Interior, pero sus recursos operativos no permiten alcanzar los objetivos propuestos por el gobierno nacional, al faltarles los medios adecuados. Entonces se vuelve imprescindible el uso del instrumento militar, a pesar que la Ley de defensa no prescribe tan claramente su uso.

Los oficiales militares saben que la carrera militar es actualmente una vocación de servicio muy especializada, de magro beneficio económico y sin reconocimiento público. Sin capacidad de despliegue y recursos cada día más escasos, los militares entienden que la carrera hasta teniente coronel, capitán de fragata y vice comodoro, es esfuerzo personal (mérito) y voluntarismo. Para ser coronel, capitán de navío y comodoro, comienzan a jugar las relaciones interpersonales en el ámbito castrense y político, pero el generalato, el almirantazgo y el ascenso a brigadier es un puesto político que obviamente anula el fin de un militar de carrera respecto a su profesión. Esta situación no prepara oficiales con capacidad de liderazgo para la guerra ya que la falta de merito implica que los oficiales no respeten a sus conductores. Ahí reside la fortaleza del poder político civil, encontrar oficiales predispuestos a seguir los lineamientos de los políticos en el poder. No los mejores en su especialidad, sino aquellos que puedan vender las posturas políticas a sus subalternos y manejar los asuntos militares internos. Son ascendidos los oficiales conocidos, con los cuales se mantienen relaciones familiares, vínculos partidarios, los que se suponen leales y aquellos que demuestran mayor complacencia con el poder político de turno. A cambio estos oficiales de alta graduación gozan de los beneficios de la jerarquía, sueldos altos integrados por lo que marca la ley más bonificaciones y gratificaciones especiales.

Las organizaciones militares se han transformado en un presupuesto para el erario público donde el costo laboral de activos y retirados está en el orden del 75% del gasto militar. Con esta cifra en la ecuación, poco queda para adquisiciones como para operación y mantenimiento. Sin posibilidad de cumplir su rol que es "alistar, adiestrar y sostener", las fuerzas armadas argentinas van paulatinamente transformándose en una organización estatal que no puede ser garante de los intereses reales para los cuales se las mantiene, como son la soberanía e independencia, la integridad territorial, capacidad de autodeterminación y proteger la vida y libertad de sus habitantes. Para realizar las misiones internacionales de sostenimiento de la paz en la esfera de Naciones Unidas, se envían las tropas con los medios existentes y a través de los desembolsos del organismo por el servicio contratado, se actualizan los equipos generalmente adquiriendo lo más económico que ofrece el mercado de defensa a fin de poder cumplir su cometido.

El pueblo en general no ve esta situación y frente al desconocimiento y como consecuencia de las experiencias pasadas, imagina organizaciones privilegiadas conformadas por "noquis", expresión del lunfardo rioplatense que significa persona que cobra un sueldo por un trabajo que no hace. Además está siempre latente en el pensamiento la idea que hay predisposición para atentar contra la democracia.

Contribuye a mantener esta situación, el hecho que el poder político civil entiende que manejando los asuntos de las fuerzas armadas mantienen el control civil, a pesar que los ministros civiles no ejerzan autoridad sobre las fuerzas armadas basados en la experiencia y el conocimiento específico. Se produce un raro equilibrio en las esferas de influencia donde a cambio de la subordinación al poder civil, las fuerzas armadas disfrutan de una autonomía sobre los asuntos institucionales caseros y sobre el planeamiento, adiestramiento, doctrina y educación ya que los civiles no intervienen por total desconocimiento. Rige el principio de “vivir y dejar vivir”. Sin embargo este concepto esconde la esencia de la degradación institucional, todo problema en el ámbito de defensa es culpa de los militares, es un acuerdo tácito dado que ellos son los expertos en la materia, el poder político civil generalmente no asume su desconocimiento e impericia sobre temas de defensa nacional y el “fusible”, termina siendo siempre la cadena de mandos de cada institución, porque en definitiva son asuntos de militares.

* Escuela de Defensa Nacional. MS en Defensa Nacional.