Dinero sin control

El kirchnerismo llevó al extremo el vicio peronista de disponer de los fondos estatales como si fueran del Gobierno. El Gobierno ha dado una nueva prueba de su desprecio por las instituciones y de su avidez por manejar el dinero público lejos de todo control y rendición de cuentas.

Como reveló LA NACION, en su primer año como presidenta, Cristina Kirchner pudo disponer al arbitrio de su sola voluntad y sin la aprobación del Congreso de la nada despreciable suma de 41.500 millones de pesos mediante una ampliación del 26 por ciento del presupuesto nacional. Ese dinero se distribuyó sin el consentimiento de Parlamento. No es de extrañar, entonces, que una interesante porción de ese aumento presupuestario, 36.727 millones de pesos, se lograra mediante el único decreto de necesidad y urgencia firmado por la Presidenta.

Tampoco es de extrañar que, pese al tiempo transcurrido, puesto que Cristina Kirchner suscribió ese DNU en septiembre pasado, el decreto no haya sido tratado por el Congreso. Por otra parte, el diputado Claudio Lozano (CTA-Capital) afirmó que el Gobierno ya utilizó 68.000 millones de pesos de la Anses sin controles, lo que es claramente ilegal. Para la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica-Capital) existe "una manipulación muy grande de esos fondos, que seguramente será mayor conforme avance el calendario electoral".

Y el cronograma electoral avanza a pasos más que agigantados, con el repentino adelantamiento de las elecciones legislativas de octubre a junio dispuesto de buenas a primeras por Néstor Kirchner y que la mayoría oficialista en el Congreso está a punto de convertir en ley.
Es bien sabido que el peronismo, prácticamente desde sus comienzos, tendió a confundir el Estado con el partido o movimiento peronista, por lo que tornó al Estado en su propiedad.
En este sentido, el kirchnerismo ha llevado al extremo ambos vicios peronistas: el afán desmedido por el poder y la apropiación de lo estatal, y su manejo como bien propio, sin controles.

Es así como desde el Gobierno se debilita a los órganos que supervisan a los organismos estatales y a sus funcionarios, se ataca al periodismo independiente y se manipulan las instituciones al compás de la necesidad de no perder el poder político.

Como vemos, nada hay de incongruente en este esquema. Al contrario, su lógica es perfecta. El problema, enormemente grave, radica en que esta forma de gobernar se aleja cada vez más de la práctica democrática y de los valores republicanos -por más que en el ejecución de los caprichos oficialistas quieran cuidarse las formas- al tiempo que debilita a las instituciones y afianza la creencia enfermiza de que un gobierno, siempre y cuando sea peronista, puede hacer lo que quiera.

Fuente: Editorial del Diario La Nación