Hace mucho tiempo que la Argentina dejó de ser solamente país de paso de la droga para convertirse también en un país consumidor de narcóticos y lavador del dinero que produce su comercio y su tráfico. Pero pese a toda la información disponible, si se toma como parámetro la inacción oficial, parece que al Gobierno aún le cuesta caer en la cuenta de cuán profundo han hundido sus raíces entre nosotros las redes del narcotráfico, con sus trágicas consecuencias para la sociedad.
Con el narcotráfico se instaló entre nosotros el crimen organizado, una forma de criminalidad que no sólo corrompe a las personas, sino a las instituciones, especialmente a las policiales, judiciales y políticas encargadas de darle batalla. Su notorio avance permite plantearse si la falta de reacción de las autoridades obedece a una irracional inconsciencia o a una encubierta complicidad. Es decir, si obedece a la casualidad o a la causalidad. Por poner un solo caso, el asesinato de los tres jóvenes empresarios en General Rodríguez combina narcotráfico con sospechosos aportes a la campaña electoral de la Presidenta.
Veamos sólo algunos de los datos públicos:
-La Argentina es el segundo consumidor de marihuana per cápita de toda América. El 8 por ciento de su población adulta la consume.
-El homicidio de un importante miembro de un cartel colombiano del narcotráfico por parte de sicarios, en pleno día, en el shopping Unicenter, sacó a luz el extraño hecho de que el narco asesinado vivía en un importante barrio cerrado desde hacía varios meses a pesar de tener pedido internacional de captura.
-El año pasado, una lucha territorial entre bandas de narcotraficantes peruanos en una villa de emergencia motivó una serie de homicidios que incluyeron el descuartizamiento de algunas de las víctimas.
-Una semana atrás se cometieron cinco asesinatos en la Villa 21, de Barracas. Tres de ellos estarían relacionados con una entrega de cocaína.
-En Maschwitz se desarticuló un laboratorio de drogas sintéticas con conexiones con redes del narcotráfico mexicano. La Argentina tiene una importante industria de sustancias químicas que se emplean en la elaboración de drogas. Se trata de precursores químicos para la producción de cocaína y otras sustancias para la generación de drogas de síntesis. Cabe preguntarse por el efectivo control estatal sobre la fabricación, venta y consumo de estos productos, algunos de los cuales los elaboran organismos estatales.
-Pero en vez de un debido control sobre esas sustancias químicas, lo que baja del Gobierno es una insólita pelea sobre ese control entre dos miembros del Poder Ejecutivo: el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, y el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Granero. En coincidencia con la pelea, se frenó en el Congreso un proyecto de ley con media sanción que regula el uso de los precursores. Cabe destacar que la Sedronar cuenta año tras año con muy exiguos fondos para su funcionamiento.
-Más del 80 por ciento de nuestro espacio aéreo continúa sin la cobertura de radares y regala nuestros cielos a vuelos clandestinos con cargamentos de drogas. Las provincias del Norte, es sabido, están plagadas de pistas clandestinas. Brasil, en cambio, tiene todo su espacio aéreo controlado por radar.
-La mayoría de los pasos fronterizos del país siguen sin informatizarse.
-La desaparecida línea aérea SW, fuertemente subsidiada por la Secretaría de Transporte a cargo del cuestionado y denunciado Ricardo Jaime, desapareció poco después de verse involucrada en una red de tráfico de cocaína a España. SW realizaba vuelos poco comprensibles hacia Buenos Aires desde ciudades ubicadas en el corazón de la región cocalera del Perú.
En 2006 se desactivó el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), esencial para la elaboración de estadísticas.
-La Argentina "tiene una fuerte desorganización en las estadísticas sobre el tráfico de drogas y el número de incautaciones; hay falta de transparencia judicial y funcionarios que no cumplen con la presentación de informes", sostiene un estudio del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
-Finalmente, como ya adelantamos, el asesinato de los tres jóvenes empresarios del negocio de los medicamentos en General Rodríguez se vincularía con el narcotráfico. La viuda de Sebastián Forza, uno de ellos, aseguró que habrían intervenido "policías bonaerenses con poder". Forza figura entre los aportantes a la campaña electoral de la Presidenta, pero su empresa había quebrado. En tiempo récord, y mientras diferentes jueces pugnaban por no hacerse cargo del caso, el sitio donde aparecieron los tres cuerpos fue arrasado por una topadora de la comuna, por lo que se eliminaron posibles rastros del crimen.
-La Argentina es el segundo consumidor de marihuana per cápita de toda América. El 8 por ciento de su población adulta la consume.
-El homicidio de un importante miembro de un cartel colombiano del narcotráfico por parte de sicarios, en pleno día, en el shopping Unicenter, sacó a luz el extraño hecho de que el narco asesinado vivía en un importante barrio cerrado desde hacía varios meses a pesar de tener pedido internacional de captura.
-El año pasado, una lucha territorial entre bandas de narcotraficantes peruanos en una villa de emergencia motivó una serie de homicidios que incluyeron el descuartizamiento de algunas de las víctimas.
-Una semana atrás se cometieron cinco asesinatos en la Villa 21, de Barracas. Tres de ellos estarían relacionados con una entrega de cocaína.
-En Maschwitz se desarticuló un laboratorio de drogas sintéticas con conexiones con redes del narcotráfico mexicano. La Argentina tiene una importante industria de sustancias químicas que se emplean en la elaboración de drogas. Se trata de precursores químicos para la producción de cocaína y otras sustancias para la generación de drogas de síntesis. Cabe preguntarse por el efectivo control estatal sobre la fabricación, venta y consumo de estos productos, algunos de los cuales los elaboran organismos estatales.
-Pero en vez de un debido control sobre esas sustancias químicas, lo que baja del Gobierno es una insólita pelea sobre ese control entre dos miembros del Poder Ejecutivo: el ministro de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, y el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Granero. En coincidencia con la pelea, se frenó en el Congreso un proyecto de ley con media sanción que regula el uso de los precursores. Cabe destacar que la Sedronar cuenta año tras año con muy exiguos fondos para su funcionamiento.
-Más del 80 por ciento de nuestro espacio aéreo continúa sin la cobertura de radares y regala nuestros cielos a vuelos clandestinos con cargamentos de drogas. Las provincias del Norte, es sabido, están plagadas de pistas clandestinas. Brasil, en cambio, tiene todo su espacio aéreo controlado por radar.
-La mayoría de los pasos fronterizos del país siguen sin informatizarse.
-La desaparecida línea aérea SW, fuertemente subsidiada por la Secretaría de Transporte a cargo del cuestionado y denunciado Ricardo Jaime, desapareció poco después de verse involucrada en una red de tráfico de cocaína a España. SW realizaba vuelos poco comprensibles hacia Buenos Aires desde ciudades ubicadas en el corazón de la región cocalera del Perú.
En 2006 se desactivó el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), esencial para la elaboración de estadísticas.
-La Argentina "tiene una fuerte desorganización en las estadísticas sobre el tráfico de drogas y el número de incautaciones; hay falta de transparencia judicial y funcionarios que no cumplen con la presentación de informes", sostiene un estudio del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
-Finalmente, como ya adelantamos, el asesinato de los tres jóvenes empresarios del negocio de los medicamentos en General Rodríguez se vincularía con el narcotráfico. La viuda de Sebastián Forza, uno de ellos, aseguró que habrían intervenido "policías bonaerenses con poder". Forza figura entre los aportantes a la campaña electoral de la Presidenta, pero su empresa había quebrado. En tiempo récord, y mientras diferentes jueces pugnaban por no hacerse cargo del caso, el sitio donde aparecieron los tres cuerpos fue arrasado por una topadora de la comuna, por lo que se eliminaron posibles rastros del crimen.
A esta altura, las casualidades amenazan con mutar en causalidades pues ninguno de estos hechos admite dudas sobre la gravedad de la situación ni sobre la inacción oficial ante el decidido avance de una modalidad del crimen organizado que suele penetrar en las fuerzas policiales, en la Justicia y en el ámbito político.
Para combatirlo se requieren, por lo tanto, decisión política, controles cruzados entre las fuerzas policiales y de seguridad federales porque una sola no alcanza, y sanciones ejemplificadoras para los funcionarios captados por esas mafias que sirvan para disuadir a quienes quieran ceder ante la corrupción. Los casos de Colombia y México muestran cómo el narcotráfico puede minar sociedades y Estados como un cáncer. Cuanto más tiempo transcurra sin que nuestras autoridades decidan encarar el combate como tal, más crecerán las sospechas acerca de los verdaderos motivos de su falta de acción.
Fuente: Diario La Nación
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios mal redactados y/o con empleo de palabras que denoten insultos y que no tienen relación con el tema no serán publicados.