La Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó la ley de seguridad, marco jurídico para la creación de una fuerza de seguridad propia. La votación en general terminó 42 a 13, anticiparon a Infobae.com
La Legislatura porteña aprobó este martes la ley de seguridad que da el marco jurídico para la creación de la Policía Metropolitana. Según anticiparon a Infobae.com fuentes cercanas al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, el proyecto fue respaldado por 42 legisladores contra 13. La ley en general contó con el voto positivo del bloque de PRO, el Frente para la Victoria, el Socialismo, Autonomía con Igualdad y Encuentro Progresista, y con el rechazo de Diálogo por Buenos Aires, Igualdad Social, Coalición Cívica y Nueva Izquierda.
La Legislatura porteña aprobó este martes la ley de seguridad que da el marco jurídico para la creación de la Policía Metropolitana. Según anticiparon a Infobae.com fuentes cercanas al ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, el proyecto fue respaldado por 42 legisladores contra 13. La ley en general contó con el voto positivo del bloque de PRO, el Frente para la Victoria, el Socialismo, Autonomía con Igualdad y Encuentro Progresista, y con el rechazo de Diálogo por Buenos Aires, Igualdad Social, Coalición Cívica y Nueva Izquierda.
La Policía Metropolitana empezará a funcionar a mediados del año próximo, con unos 600 agentes, para intervenir en delitos vinculados al área de competencia de la Justicia de la Ciudad, en especial en contravenciones mediante acciones de cooperación y complementación con la Federal. La ley permite la creación de la Policía Metropolitana, que empezará a funcionar a mediados del año próximo con unos 600 agentes, por lo que la Capital Federal contará con una fuerza de seguridad propia clave para la gestión de Mauricio Macri, con agentes habilitados a portar armas y con la misión de impedir delitos, contravenciones y faltas. "Créase la Policía Metropolitana que cumplirá con las funciones de seguridad general, prevención, protección y resguardo de personas y bienes, y de auxiliar de la Justicia", sostiene la norma aprobada.
El texto indica que el flamante cuerpo será "una institución civil armada, jerarquizada profesionalmente, depositaria de la fuerza pública del Estado en el ámbito de la Ciudad" con una conducción "a cargo de un jefe con rango y atribuciones de subsecretario". Los agentes -que deberán ser ciudadanos nativos o por opción, de entre 18 y 30 años y con estudios secundarios completos- estarán obligados "durante el desempeño de sus funciones a actuar con responsabilidad, respeto a la comunidad, protegiendo la libertad y los derechos fundamentales de las personas".
También estarán impedidos a "infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos crueles o degradantes", según la ley, que prohíbe a los oficiales "privar a las personas de su libertad" a excepción de episodios en los que "deban proceder a la aprehensión de personas que fueran sorprendidas cometiendo algún delito o perpetrando una agresión o ataque contra la vida o integridad física de otra". Entre sus funciones, los agentes deberán "brindar seguridad a personas y bienes; prevenir y hacer cesar la comisión de delitos, contravenciones y faltas; recibir denuncias y ante el conocimiento de un hecho ilícito actuar de acuerdo con las normas procesales vigentes".
El presupuesto para el funcionamiento de la fuerza será aportado por el Ministerio de Justicia local y existirá una Auditoría Externa Policial, con la misión de "realizar controles normativos y de procedimientos" de los agentes.
En tanto, en el debate acerca del articulado de la norma, los legisladores votaron por la eliminación del otorgamiento de la condición de "estado policial", que era impulsada por el Ejecutivo porteño y que permitía a los efectivos llevar armas las 24 horas, con lo cual los oficiales sólo podrán portarlas en su horario laboral. A su vez, no podrán formar parte de la fuerza "quienes hayan sido condenados por incurrir en actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático, tengan condenas por violación a los derechos humanos o proceso penal pendiente o los que pertenezcan a las Fuerzas Armadas".
Esta ley, cuyo debate se extendió por más de ocho horas, estuvo acompañada por el tratamiento de dos normas que conformaron un paquete de medidas relacionadas con la seguridad pública para la Ciudad. En ese sentido, fue abordada la ley que establece la creación también del Instituto Superior de Seguridad Pública "como una instancia de formación y capacitación continua y permanente" de los oficiales de la Policía Metropolitana. Además, los legisladores tenían previsto tratar otra norma que da origen al Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), que cumplirá funciones de Policía Judicial dependiente orgánica y funcionalmente del Ministerio Público Fiscal del distrito.
Fuente: Infobae.com
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