El Gobierno frena gastos y prioriza el uso de fondos para obras públicas

Por Pablo Fernández Blanco - LA NACION

El año pasado se usaron casi todas las partidas destinadas a inversiones; en cambio, varios ministerios subutilizaron los recursos asignados

El Gobierno frena gastos y prioriza el uso de fondos para obras públicas. Foto: LA NACION / Soledad Aznarez

Los programas de gobierno dedicados al desarrollo de obras públicas parecen haber conseguido el antídoto para esquivarle al pedido oficial de recortar los gastos del Estado, según se desprende de algunos documentos que vio LA NACION. Más que una fórmula química, sin embargo, se trata de una decisión política del propio presidente Mauricio Macri, que mientras les reclama a sus ministros la reducción de la plantilla y les pide ortodoxia fiscal a los gobernadores, les exige a quienes tienen a cargo la ejecución de obras emplear todos y cada uno de los pesos que les fueron asignados a través del presupuesto.

El abanderado del gasto es el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, que atiende no solo una parte de las inversiones del Estado, sino también el empleo de recursos para allanar la relación de la Casa Rosada con los gobernadores.

En 2017, gastó el 100% de los $10.750 millones que el Gobierno había destinado a Procrear, el programa de crédito para sectores de ingresos medios con el que la Nación apuntaló la construcción, a su vez uno de los grandes generadores de empleo.

También usó $7158 millones disponibles para programas de hábitat, todos los fondos para el programa de obras hídricas en el norte del país, los recursos disponibles para la construcción de viviendas sociales y para el tendido de redes de agua potable y cloacas a través de AySA.

En materia de gastos de capital, como se denomina en la contabilidad del Estado a la inversión pública, a Frigerio lo sigue el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien usó todos los $14.516 millones disponibles para la modernización del sistema ferroviario y casi todos los fondos para hacer rutas, que se canalizan a través de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Más rezagado, aunque con un nivel de ejecución importante, aparece la cartera de Energía, a cargo de Juan José Aranguren. El presupuesto más grande en materia de inversión lo tiene Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), a cargo de la remodelación de la central cordobesa Embalse, a donde fueron en 2017 $7421 millones, por encima de los fondos que esa empresa pública tenía a principios del año pasado.

El uso de los fondos para obras supera en porcentaje a los de varios ministerios. Por caso, están muy por encima del 73% de los fondos que empleó la Cancillería, la cartera más relegada según la información disponible hasta ayer en materia de ejecución del gasto. Pero hay muchos otros ministerios que se suman a esa lista, como Turismo, Hacienda, Producción, Modernización, Comunicaciones, Agroindustria, Cultura, Ambiente y Defensa.

Incluso las dependencias más cercanas a Macri, como la Jefatura de Gabinete y las partidas destinadas directamente a la Presidencia mostraron un uso de los fondos que no supera el 83%, por debajo de las partidas para obras.

El propio Macri suele seguir de cerca la marcha de la obra pública, porque la considera una espada que puede al mismo tiempo apuntalar la economía, que por ahora muestra un crecimiento tímido, y captar la voluntad del electorado. Quizás esa última parte del pensamiento oficial explique por qué la provincia de Buenos Aires y la Capital Federal obtuvieron una parte sustancial de los fondos para obras.

Así lo traducen también las cifras de ejecución presupuestaria, según las cuales el Gobierno hizo un esfuerzo sobresaliente para volcar fondos para inversión en todas las provincias antes de las elecciones, con incrementos que en algunos casos superaron el 150% en comparación con el mismo período de 2016. Pero comenzó a moderar ese crecimiento en septiembre pasado.

Este año el Gobierno intentará articular su gusto por las obras con las necesidades fiscales, donde el déficit público reclama una política menos expansiva. Para eso tocará a la puerta del sector empresario, al que le ofrecerá realizar contratos de asociación público-privada (alguien financia una obra para la Nación, que se compromete a pagársela en un determinado plazo) para continuar con el festival de obras, pero sin cargar al exigido presupuesto de la Nación. Todavía no se sabe si del otro lado responderán al llamado.