(Clarin.com) - El Gobierno quiere liberarse de todos los juicios que tiene el
país en tribunales internacionales. Con esa finalidad, hubo tanteos a
inversores para resolver el conflicto por la expropiación de Aerolíneas
Argentinas.
Durante esta semana, representantes del Gobierno
argentina y de los acreedores de Marsans –la empresa española que fue
dueña de Aerolíneas Argentinas y luego se presentó en bancarrota– serán testigos
en el conflicto judicial que enfrenta el país en el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI),
un tribunal dependiente del Banco Mundial que tiene sede en Washington
(Estados Unidos).
Marsans, y luego sus acreedores, lograron que el CIADI acepte “tomar el caso” de los españoles, algo que la Procuración del Tesoro –como representante del Gobierno argentino– trató de evitar. Luego, Marsans buscó que se establezca a Estados Unidos como lugar para que sea “jurisdicción”. Ahora viene el turno de los testigos.
Sin embargo, allegados a las partes cuentan que hubo una negociación por fuera de los tribunales.
Tras la quiebra de Marsans, apareció un fondo tratando de cobrar un juicio contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas. Ese fondo se llama Burford y tiene sede en un paraíso fiscal en el canal de la Mancha. Burford fue contactado por otro fondo buitre para que traspase el juicio. El fondo que compraría el pleito tendría algún guiño del Gobierno argentino a través de Hernán Lorenzino, que luego del ministerio de Economía se fue a Bruselas y cuya tarea es recomponer las relaciones del país con distintos acreedores.
A los acreedores de Marsans los representa el estudio de abogados King & Spalding, que ya querelló al país en nombre de muchas compañías extranjeras (como Impregilo, Azurix, Sempra, acreedores de Enron) que iniciaron juicios tras la ruptura de contratos que ocurrió en la devaluación de 2001/02. En octubre del año pasado, el Gobierno pagó varios juicios que había perdido en el Ciadi. Entre ellos, el de Azurix.
Los acreedores de Marsans reclaman US$ 1.200 millones por la expropiación, mientras que el Tribunal de Tasación de la Nación entiende que la compañía tenía valor patrimonial negativo, por lo que el Estado depositó sólo un peso en concepto de indemnización.
Durante esta semana, la posición argentina será defendida por funcionarios y asesores del Gobierno argentino. Por el lado de Marsans, hablarían Ignacio Pascual (hijo de Gonzalo Pascual, accionista de Marsans) y Gerardo Díaz Ferrán, que se encuentra detenido en una cárcel ibérica. Por esa razón, su declaración sería a través de una videoconferencia.
Lo que creen algunos conocedores de esta disputa es que el CIADI no dará su veredicto hasta antes de fin de año. “Si el Gobierno sabe que enfrenta un laudo negativo –también llamado “premio” para los demandantes– mandará a sus fondos ‘buitres’ amigos a seguir negociando con el que tiene el juicio. Y si presienten que pueden ganar, desactivarán esa maniobra”, observan.
Marsans, y luego sus acreedores, lograron que el CIADI acepte “tomar el caso” de los españoles, algo que la Procuración del Tesoro –como representante del Gobierno argentino– trató de evitar. Luego, Marsans buscó que se establezca a Estados Unidos como lugar para que sea “jurisdicción”. Ahora viene el turno de los testigos.
Sin embargo, allegados a las partes cuentan que hubo una negociación por fuera de los tribunales.
Tras la quiebra de Marsans, apareció un fondo tratando de cobrar un juicio contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas. Ese fondo se llama Burford y tiene sede en un paraíso fiscal en el canal de la Mancha. Burford fue contactado por otro fondo buitre para que traspase el juicio. El fondo que compraría el pleito tendría algún guiño del Gobierno argentino a través de Hernán Lorenzino, que luego del ministerio de Economía se fue a Bruselas y cuya tarea es recomponer las relaciones del país con distintos acreedores.
A los acreedores de Marsans los representa el estudio de abogados King & Spalding, que ya querelló al país en nombre de muchas compañías extranjeras (como Impregilo, Azurix, Sempra, acreedores de Enron) que iniciaron juicios tras la ruptura de contratos que ocurrió en la devaluación de 2001/02. En octubre del año pasado, el Gobierno pagó varios juicios que había perdido en el Ciadi. Entre ellos, el de Azurix.
Los acreedores de Marsans reclaman US$ 1.200 millones por la expropiación, mientras que el Tribunal de Tasación de la Nación entiende que la compañía tenía valor patrimonial negativo, por lo que el Estado depositó sólo un peso en concepto de indemnización.
Durante esta semana, la posición argentina será defendida por funcionarios y asesores del Gobierno argentino. Por el lado de Marsans, hablarían Ignacio Pascual (hijo de Gonzalo Pascual, accionista de Marsans) y Gerardo Díaz Ferrán, que se encuentra detenido en una cárcel ibérica. Por esa razón, su declaración sería a través de una videoconferencia.
Lo que creen algunos conocedores de esta disputa es que el CIADI no dará su veredicto hasta antes de fin de año. “Si el Gobierno sabe que enfrenta un laudo negativo –también llamado “premio” para los demandantes– mandará a sus fondos ‘buitres’ amigos a seguir negociando con el que tiene el juicio. Y si presienten que pueden ganar, desactivarán esa maniobra”, observan.
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