La ansiedad con la que esperan en el Congreso el mensaje de Cristina es razonable: casi todos los proyectos que anunció en los últimos años fueron votados, como indica un informe de Directorio Legislativo. Sin embargo, legisladores de todos los bloques se anticipan a vaticinar un clima de ásperos debates. Son pronósticos con fundamento.
Desde las usinas del oficialismo echaron a rodar una serie de iniciativas que modificarían drásticamente la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Y se huele la polémica, porque en lugar de buscar equilibrios para la convivencia, siembran contradicciones.
Buena parte del debate parlamentario que se viene mostrará a un Estado que avanza sobre los que producen, mientras otorga beneficios a quienes delinquen. El primer capítulo incluye el endurecimiento de sanciones a quienes el Gobierno acuse por el aumento de los precios, hasta llegar a la clausura, y la negativa a reducir la presión fiscal a los trabajadores. Como contrapartida, la reforma del Código Penal encargada a la “comisión Zaffaroni”, de perfil hiper garantista , dispone la baja de penas por homicidios, robos y tráfico de drogas, delitos que impactan en los índices de inseguridad que preocupan a la población.
Un estudio del minibloque cobista coordinado por el diputado Luis Petri señala que el máximo de condena por comerciar o elaborar drogas disminuiría de 15 a 10 años de reclusión. Y con la flexibilización que contempla el texto para el cumplimiento de penas, a los 5 ya podría pedirse la libertad condicional. El problema narco no es menor: acaba de provocar conflictos de Gabinete.
Otra propuesta conflictiva será la eliminación de la prisión perpetua y, sobre todo, la de la reincidencia como agravante de la escala penal. En este caso, el macrista Fedrico Pinedo, que integró la comisión reformadora, planteó su disidencia. Con todo, la participación de opositores en ese organismo compromete a varias fuerzas. Por la UCR estuvo Ricardo Gil Lavedra y Julio Cobos ya le planteó divergencias. Por el FAP estuvo la socialista María Barbagelatta. El Frente Renovador no mandó –ni le pidieron– representante. Sergio Massa quedó con manos libres y prepara munición gruesa.
El rol pendular que el kirchnerismo pretende darle al Estado se completa con el retiro de su responsabilidad civil –y la de sus funcionarios– por daños o malversaciones. Surge de la combinación entre el Código Civil y la ley de responsabilidad estatal (que tienen media sanción) y un novedoso Código Contencioso Administrativo que el Gobierno se apresta a enviar.
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