A partir de allí, comenzó una guerra sin cuartel que potenció los conflictos latentes o congelados entre ambas jurisdicciones y que tienen que ver con el manejo de los recursos. El macrismo dice que la Nación busca ahogar financieramente a la Ciudad para frustrar su plan presidencial, al pasarle el control del transporte local sin los subsidios y con deudas pendientes en obras. El gobierno central intenta hacer caja, pasarle el costo político al líder del PRO por los aumentos de tarifas y sacar así el foco diario del accidente ferroviario que le costó la vida a 51 personas.
En medio de tanta chicana cruzada, resurgió el debate por la autonomía plena de la Ciudad, avalada por la Constitución porteña de 1996 pero limitada por la ley de garantía de los intereses de la Nación o "Ley Cafiero", que le recortó muchas de las facultades que deberían ser propias, como la Policía Federal, el Registro de Inmuebles o la Inspección General de Justicia.
Si bien el texto constitucional de la Ciudad es claro y determina que estas facultades deben estar en manos del gobierno local, no impone plazos para esos traspasos y se los deja a la negociación política. Desde que llegó a Bolívar 1 en 2007, el macrismo ha venido realizando estos reclamos con variada intensidad, según sus necesidades electorales. Hubo pocos avances porque, amparado en la Constitución Nacional, Macri pide estas facultades junto con los recursos.
El traspaso de las comisarías porteñas con su presupuesto (unos 1.000 millones de pesos) fue el reclamo más promocionado por el PRO antes de crear a la Policía Metropolitana. El pedido por el Puerto y el juego, en tanto, se acaban de reactivar como una forma de presión, o chicana si se quiere, sobre la Casa Rosada. "Pedimos las facultades que también generan ingresos y no sólo las que dan déficit", repiten a coro. Se trata de competencias que la Nación no está dispuesta a transferir por su incidencia en el Presupuesto, como los derechos portuarios. O las utilidades de los juegos de azar, que alcanzarían cinco mil millones de pesos anuales, y que hoy se reparten en 65% para la Nación y 35% para el Instituto de Juego porteño.
Resulta aún más difícil pensar en un acuerdo entre ambas jurisdicciones por la autonomía porteña, cuando se repasan otros conflictos pendientes y sin solución a la vista, de cara al 2015:
- Retiro de la custodia de la Policía Federal en edificios públicos de la Ciudad: Unos 1.200 efectivos que hacían adicionales dejaron de custodiar escuelas, hospitales, parques, juzgados y otros edificios públicos del gobierno porteño por decisión de la ministra de Seguridad Nilda Garré y con el fin de "reforzar el patrullaje en las calles". El PRO dice que no le alcanzan con la Metropolitana y que la responsabilidad de la seguridad es de la Nación.
- Quita de subsidios al alumbrado público y autopistas porteñas: Son unos 500 millones de pesos. La Casa Rosada argumentó que con el cobro del ABL, el gobierno de Macri ya no necesita recibirlos.
- Avales para préstamos internacionales: El macrismo reclama que la Nación se comprometa a avalar a la Ciudad en la toma de préstamos internacionales para invertir en la red de subterráneos, tanto para construir nuevas estaciones como para mejorar el servicio.
- Ampliación de la Autopista Illia: La Ciudad acusa a la Nación de retrasar las tareas de ampliación de la autovía y de frenar las obras. Le pide a la Rosada que realice las modificaciones necesarias en el Aeroparque para que la Illia llegue a la calle La Pampa y pueda conectarse con la avenida Cantilo.
- Deuda por traspaso de competencia penales a la justicia local: Hablan de $113 millones de deuda en la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad.
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