Por Alieto Guadagni. Ex secretario de Energía
Hace años que Argentina es exportadora de fuel oil. En el trienio 2001-2003, la exportación neta fue de 2,3 millones de toneladas, mientras que en el quinquenio 2004-2008 supero los 2,5 millones de toneladas. Pero hay una gran diferencia entre ambos periodos: en los primeros años de la década las importaciones fueron insignificantes, mientras que durante la administración K se realizan a partir del 2004 grandes compras directas a Venezuela por más de 3,8 millones de toneladas.
Estas importaciones innecesarias hacen trepar las exportaciones a 6,4 millones de toneladas, con un tráfico marítimo artificialmente inflado por estos acuerdos de compras de PDVSA por parte de Enarsa, sin licitación pública de precios y calidades. Estas operaciones están originando un importante quebranto al país, ya que exportamos a valores FOB y al mismo tiempo importamos a valores CIF, que son naturalmente mayores. Es inexplicable que el mismo barco que descarga fueloil comprado a Venezuela para las centrales eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires, vuelve a cargar el mismo producto en La Plata. Este quebranto acumulado supera los 200 millones de dólares y esto suponiendo que no existen sobreprecios facturados por Pdvsa.
No existe información pública acerca de los volúmenes y precios de estas compras directas de fueloil vendido por Pdvsa, del cual se sabe que no todo es de origen venezolano. El Indec no publica información de precios y cantidades de estas importaciones de fueloil, pero si de las exportaciones, lo cual implica un notorio ocultamiento de información de alto interés público.
Tampoco nada informa Enarsa, que es el Ente estatal que contrata las compras a Venezuela, para que luego Camesa disponga la entrega de este fueloil a las centrales eléctricas, especialmente Central Costanera y Central Puerto ambas situadas en la ciudad de Buenos Aires. Si las autoridades fueran transparente y sensatas no concretarían estas injustificadas operaciones de importación de un insumo energético del cual somos exportadores tradicionales.
Simplemente Enarsa podría licitar la compra de fueloil para la generación de electricidad, adjudicando la adquisición a quien entregue el producto al menor precio en el puerto de Buenos Aires. Con esta regla simple y clara se evaporarían como por arte de magia estos injustificadas compras a Venezuela. Además, es sabido que la combustión de insumos que contengan azufre genera dióxido de azufre, susceptible de transformarse en la atmósfera en ácido sulfúrico, que puede retornar bajo la forma de lluvia ácida. Este tipo de precipitación causa importantes daños ambientales y perjudica la salud humana, por eso, en el mundo, desde hace años se ponen topes a la cantidad de azufre que pueden contener los combustibles derivados de los hidrocarburos.
Esto ya había sido considerado por nuestra Secretaria de Energía, que en 2006 había dispuesto que, a partir de junio de 2008, el fueloil utilizado por las centrales eléctricas no podía contener más de un 0,7% de azufre. Pero poco antes de la entrada en vigor de la norma, la misma autoridad la derogó en abril del 2008. Este injustificado retroceso regulatorio no tiene ningún nuevo fundamento técnico, sino que, simplemente, alude a que ‘la necesidad de importar fueloil para las usinas eléctricas vuelve conveniente ajustar las especificaciones de éste’. Dicho en otros términos, como innecesariamente importamos fueloil perjudicial para el medio ambiente, anulamos la norma protectora de la salud en lugar de procurar fueloil de buena calidad.
Seguimos trayendo fuel oil altamente contaminante y mandamos al exterior un volumen superior de productos de mayor calidad ambiental. Para tener una idea aproximada de la magnitud financiera de estas operaciones, que se vienen realizando directamente con PDVSA desde 2004, digamos que las exportaciones de fueloil alcanzaron en el año 2008, unos 800 millones de dólares. A la luz de estos datos, la importación de fueloil tiene muy difícil justificación y parece motivada sólo para maximizar transacciones financieras con la empresa estatal venezolana, que, insistimos, son opacas y sin licitación pública. Es hora ya que Enarsa suspenda estos injustificadas importaciones y que las autoridades, principalmente la de la Ciudad de Buenos Aires, se ocupen del medioambiente.
Fuente: El Cronista
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