El tribunal del Banco Mundial falló a favor de la ex concesionaria de Aguas Argentinas
El frente externo no deja de darle disgustos al gobierno de Cristina Kirchner. Ahora, el golpe llega por el lado del Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial, que condenó ayer al país a pagarles US$ 405 millones a la firma francesa Suez y a la española Aguas de Barcelona (Agbar), ex concesionarias de Aguas Argentinas y de Aguas Provinciales de Santa Fe.
Ambas empresas demandaron al Estado argentino por considerar que en 2006 rescindió "unilateralmente" el contrato suscripto en 1993. Suez y Aguas de Barcelona eran accionistas de las empresas de servicios públicos que tenían la concesión por 30 años del suministro de agua y de desagües cloacales en Buenos Aires y en Santa Fe.
Según dijeron ayer a la nacion fuentes que siguen de cerca el caso, se espera que el país presente próximamente un pedido de nulidad de la sentencia, por lo que, en la práctica, aún no tendría que desembolsar los fondos. Pero la decisión del Ciadi contribuye al mal clima con el país en el exterior.
La decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de otorgar compensaciones por "el perjuicio sufrido" es parte de un caso que duró muchos años, dijo Suez en un comunicado difundido ayer en París. "Representa un paso importante en el proceso de resolver esta disputa", agregó la empresa francesa. "El próximo paso consistirá en asegurarse de que la decisión del Ciadi sea implementada." Consultados al respecto por LA NACION, en el Ministerio de Economía no hicieron declaraciones.
A diferencia de una apelación tradicional, el pedido de nulidad de un fallo del Ciadi no garantiza el fin de una demanda. Ya que, explicaron las fuentes, aun si el país logra que el tribunal anule el fallo, la compañía tiene la posibilidad de hacer una nueva demanda. Eso sí, los pedidos de nulidad permiten ganar tiempo, ya que pueden llevar entre dos y tres años para resolverse, aclararon.
La de Suez, no obstante, no es la única sentencia que la Argentina tiene por estos días pendiente de pago. Se suma a dos que el país perdió el año pasado, y en las cuales el Ciadi ya le denegó el pedido de nulidad: la de El Paso Energy, por US$ 43,03 millones, y la de Impregilo, por otros US$ 21,02 millones. Como en otros casos, el país estaría exigiendo que las empresas se presenten en la justicia argentina para pedir la ejecución de la sentencia, cosa que aquellas rechazan.
Hasta ahora, el Estado argentino sólo pagó cinco laudos de las 51 demandas que se presentaron contra el país en el Ciadi. Lo hizo en 2013, y tras una negociación con el fondo Gramercy -el mismo que en algún momento intentó gestionar un acuerdo entre el Gobierno y los fondos buitre-, que compró cuatro de esas cinco sentencias.
Son los casos de CMS Gas Transmission Company (US$ 133,2 millones), Azurix Corp. (US$ 165 millones), Continental Casualty Company (US$ 2,8 millones), National Grid (US$ 53 millones) y Vivendi Universal SA (US$ 105 millones), este último, el único acreedor original que recibió algún pago de la Argentina. El Gobierno les ofreció bonos soberanos y con un descuento.
Pero quedan, según consta en la página web del Ciadi, 19 demandas todavía pendientes de resolución, cuyos valores son imposibles de cuantificar ya que no se informan públicamente. "Por lo general, son casos suspendidos, en los cuales las dos partes acordaron que no avancen por ahora", aseguraron las fuentes al tanto de los litigios.
Salvo algunas excepciones, la mayoría de las demandas se iniciaron después de la devaluación de 2001 y, sobre todo, producto del congelamiento de tarifas durante el gobierno de Néstor Kirchner. Con 51 demandas, el país fue, de hecho, el de mayor cantidad de causas abiertas en el Ciadi.
"En su gran mayoría correspondían a situaciones como ésta [por la de Suez], en las que se rescindieron contratos de empresas de servicios públicos", explicó un abogado que estuvo a cargo de varias causas. "En otra serie de casos, los reclamos surgieron no por la pesificación de 2001, sino por el congelamiento de los precios de la energía. Aquí lo que se decide es la conducta del país respecto de los principios básicos de derecho internacional incorporados en el tratado, como es el del tratamiento justo y equitativo de las inversiones. Como estas cosas se han producido sin quedarse con la compañía, sino sólo con la concesión, es un estándar más difícil de probar que no cumplir simplemente con algo del contrato de concesión", detalló, con la condición de no ser identificado.
La Argentina, sin embargo, viene dando una dura batalla en el Ciadi. Y el equipo de abogados del país también se anotó varias victorias. De los 32 casos que figuran como "concluidos" en la página web del tribunal, la Argentina ganó los juicios contra Metalpar (una empresa de colectivos), la petrolera alemana Wintershall, la compañía de telecomunicaciones TSA Spectrum y, más recientemente, contra Daimler. Además, logró que otras 16 empresas desistieran, por diversos motivos, de sus demandas originales (entre ellas, Repsol, que cobró una indemnización por la expropiación de YPF).
DEMANDAS EN EL CIADI
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