Obscenidad a la vista de todos

Editorial I del diario La Nación

Desde 2003, el gobierno kirchnerista ha aumentado su gasto en publicidad en forma abusiva y en desmedro directo de áreas como salud y seguridad

Los gobiernos autoritarios dedican cifras exorbitantes en su propia promoción, en mil formas distintas de propaganda costeada con los dineros públicos. Cuando la política se transforma en negocio y en un esfuerzo de perpetuación, ello parece casi inevitable en ese tipo de administraciones.

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) realiza un constante y valioso monitoreo acerca de cómo en la Argentina se utilizan los recursos públicos para publicitar y sobredimensionar los actos de gobierno.

Un estudio reciente de esa entidad dio cuenta de uso y abuso del gasto consolidado en materia de comunicaciones ejecutado durante 2014 por la administración que lidera Cristina Fernández de Kirchner. Se trata del informe anual "Limitaciones al ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina".

Sumando todas las cuentas de promoción y publicidad, de las que el kirchnerismo se ha valido para difundir propaganda política, el importe resultante es gigantesco: demandó 16.415.831.222 pesos anuales, a una tasa de cambio promedio de 8 pesos por dólar, lo que equivale a 2.051.000.000 de dólares. Esto significa 5.600.000 dólares por día, incluyendo feriados, sábados y domingos.

Esa cifra supera escasamente al gasto que nuestro país ha destinado al Ministerio de Salud, la Administración de Programas Especiales, la superintendencia del área y al hospital Posadas para el mismo año. Y excede ampliamente la mitad del gasto nacional en seguridad interior proyectado también para 2014, que abarca a las policías Federal y de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería, la Prefectura y Ministerio de Seguridad.

Los derroches en materia de comunicaciones incluyen naturalmente el pago de una enorme burocracia, con sus consiguientes gastos de administración. También contemplan el monopolio de la transmisión del fútbol a través de la televisión, así como el funcionamiento de estaciones de radio y televisión dedicadas a cantar loas permanentes al Gobierno, y el mantenimiento de agencias de noticias que magnifican los aciertos de gestión y disfrazan o directamente ocultan los fracasos.

A todo ello se suma la publicidad oficial en los medios de comunicación, distribuida arbitrariamente para favorecer a las empresas sumisas a los requerimientos políticos del Gobierno y como un modo de castigar a los medios que informan de manera independiente.

En este último sentido, el gobierno nacional, fiel a su característica de incumplir fallos judiciales y laudos arbitrales, ha desobedecido varias sentencias de la Corte Suprema de Justicia, que lo obligan a asignar los recursos por publicidad oficial de manera no arbitraria, es decir, sobre la base de criterios objetivos y razonables, sin ningún tipo de discriminación.

Aunque el máximo tribunal recordó que incumplir sus sentencias supone desconocer la división de poderes -algo inadmisible en un Estado de Derecho-, deteriorando la estructura constitucional democrática, el gobierno de Cristina Kirchner ha decidido no acatar esos fallos y seguir haciendo lo que le place, una burla a la buena fe de los ciudadanos.

Como sucede en los gobiernos arbitrarios, el nuestro tiene a su total disposición un gigantesco y monopólico multimedios oficial, con medios propios y otros contratados, que supeditan sus opiniones a cambio de la recepción de dineros públicos. Según el citado informe de la Fundación LED, el gasto argentino en publicidad oficial se incrementó sistemáticamente entre 2003 y 2014. En total, el aumento en ese período fue del 3811 por ciento.

No hay obra pública, por intrascendente o pequeña que sea, que no esté acompañada de una profusión de carteles que atribuyen la responsabilidad de lo ejecutado o por realizarse a la Presidencia de la Nación, como si gobernar no fuera un deber, como si cumplir con las obligaciones debiera generar un aplauso rotundo y permanente o como si el dinero de la obra construida saliera del bolsillo de la Presidenta. La máquina de vitorear es constante y aparece en todas partes. Su eco es permanente. Incluso se utiliza a los medios cooptados mediante el otorgamiento de dádivas para fomentar obras cuya inauguración se ha lanzado más de media docena de veces, sin que se registrara el menor avance.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en particular, su relator sobre libertad de expresión debieran incluir, con urgencia, este mayúsculo tema en la Agenda Regional sobre Libertad de Expresión, pues mientras se acusa a algunos conglomerados empresarios privados de ser monopólicos, paralelamente se construyen y mantienen conglomerados públicos que son mucho más grandes y que operan financiados con los dineros de todos con el fin de endiosar a quienes son apenas mandatarios del pueblo. La reciente denuncia de la Sociedad Interamericana de Prensa está abriendo este camino.

Por todo lo antedicho, las naciones debieran contar, cuando menos, con legislación regulatoria de la publicidad oficial, sin la cual ni la libertad de expresión ni el pluralismo informativo estarán garantizados. Pero, además, el público debiera recibir periódicamente información oficial objetiva que detalle en una minuciosa rendición de cuentas la evolución de la asignación de la publicidad oficial.

Es hora de generar los consensos necesarios para que los graves abusos en esta materia sean reemplazados por la transparencia del gasto y su equidad. También, para que pueda advertirse cómo los enormes multimedios estatales se han transformado, paso a paso, en uno de los principales peligros que acechan a la libertad de expresión y de información en América latina.

El caso argentino es revelador, pues muestra a las claras la existencia de un abuso que se procura disimular no sólo manteniendo la opacidad, sino atacando a los medios privados cuando el verdadero monopolio que abusa de su posición dominante está en manos del Estado, financiado con el dinero de todos los habitantes..

Pobre patría mía...