Negociar con inteligencia y humildad

Editorial I del diario La Nación
El ataque del Gobierno al Citibank y a su gerente general en la Argentina revela una arrogancia irracional y también impotencia

El juez Griesa tuvo a lo largo de diez años una paciencia samaritana con la Argentina. La sola declaración de los abogados del Estado Argentino en la apelación de una de sus resoluciones ante el tribunal de alzada de Nueva York, de que el país no cumpliría sentencias adversas, entró en los anales jurídicos. Figura en un capítulo consagrado a las rebeldías absurdas.

Cuando la paciencia del veterano magistrado comenzó a agotarse con ese litigante cuyo comportamiento habrá juzgado como de un planeta con otra civilización, sus decisiones entraron, por su parte, en terreno también resbaladizo. En eso estamos desde que dispuso la ejecución de la cláusula pari passu, por la cual los bonistas que no aceptaron los canjes de la deuda pública argentina de 2005 y 2010 deben recibir las mismas condiciones que los acreedores que aceptaron tales reestructuraciones de deuda propuestas por el gobierno argentino. Estos últimos acreedores representan nada menos que el 93 por ciento de las tenencias de aquellos bonos nacionales.

Entre la pared de Griesa y la espada del gobierno argentino, quedó el Citibank. No era el tipo de situación que quisiera para sí ningún banquero, pero los dados rodaron de ese modo después de que el Citi hiciera saber a Griesa que no apelaría la sentencia a favor de los holdouts y pidiera un plazo para dejar su condición de custodio de bonos argentinos a cambio de que se le dejara pagar los intereses, tanto los que vencieron en marzo como los que lo harán en junio, correspondientes a la denominación Par y Discount regidos por la ley argentina. Eso fue parte de un acuerdo previo del Citi con los holdouts.

La respuesta del gobierno de Cristina Kirchner tuvo la altisonancia apropiada a los actos en que procura efectos emocionales sobre la piel sensible de los adscriptos al populismo. Se montó así un escenario a tono, además, con los requerimientos de una campaña electoral en la cual la Casa Rosada azuza los elementos estimulantes de un nacionalismo irracional.

Contraatacó entonces por más de una vía. Por el lado de la Comisión Nacional de Valores, el Gobierno quitó transitoriamente al banco la autorización para actuar en el mercado de capitales, y por el lado del Banco Central, se dejó a Gabriel Ribisich, representante legal y gerente general del Citi en Buenos Aires, sin poder para conducir esa sucursal. La resolución contra el banco fue contestada con la interposición, ante el fuero contencioso administrativo, de una medida cautelar, a la que no hizo lugar la jueza de primera instancia.

El Citi designó de manera provisional a una antigua funcionaria, Rosa Aranguren, en reemplazo de Ribisich, y éste, por su parte, demandó al Banco Central ante la justicia laboral. Le han sobrado motivos para hacerlo. Primero, porque la sucursal a su cargo no intervino en ningún carácter en el acuerdo entre la casa matriz y los holdouts a fin de que Griesa autorizara a pagar los bonos con jurisdicción argentina bajo su custodia. Segundo, porque la sanción de que fue objeto "importó una violación ilegítima y arbitraria de su derecho a trabajar". Tercero, porque en ningún momento previo a esa sanción pudo ejercer el derecho de defensa.

Después de más de treinta años de cumplir funciones en entidades financieras de primer nivel desde los escalones más modestos de la carrera, Ribisich quedó, pues, "en situación de despido". Lo hizo notar en su presentación judicial, con el añadido de haber sido objeto de tan grave acto al mes siguiente a que el Banco Central entendiera que reunía las condiciones de idoneidad requeridas por la ley para asumir las responsabilidades que le habían sido asignadas.

El Citi es una marca acreditada en el país al cabo de más de cien años de actividades. Tiene en la Argentina una planta de 2800 empleados y 70 sucursales. Un gobierno que lo politiza todo en función de las repercusiones internas posibles no ignoró que aun con menor dimensión que otros bancos norteamericanos de menor renombre el Citi es una pieza proporcionada a su habitual juego de todo o nada.

Lo interesante de esta tragicomedia de enredos es que ni el Citi pudo pagar en marzo a los bonistas ni el gobierno argentino se sintió en aptitud efectiva de aplicar la ley "de pago soberano", que el año último aprobó el Congreso a fin de que el Banco Nación saldara los intereses en favor de los bonistas con títulos sujetos a la ley argentina. A pesar de muchas alharacas, primó la cautela: si el Banco Nación, que tiene sede en Nueva York, pagara, se metería en nuevos problemas de siete varas con la justicia norteamericana.

Alguna vez se volverá a aprender en la política argentina que las deudas se pagan, y si no se pagan, se renegocian con inteligencia y humildad, no con la arrogancia irracional que ha campeado en los balcones de la plaza pública desde que se abandonó el legado de Avellaneda y se dejaron abiertas, después de dos reestructuraciones, cuestiones de suma gravedad que alguien deberá resolver, como en el caso del Citi, en el futuro inmediato. De otro modo se profundizará el aislamiento que sufre el país..