Por Diego Cabot | LA NACION - Twitter: @diegocabot | Mariano Recalde tendrá un latiguillo más para su campaña como jefe de Gobierno porteño. En su otra vida, la de gerente general de Aerolíneas Argentinas, ayer consiguió una victoria: logró una sentencia de Cámara en la causa que se sigue por la expropiación de la compañía aérea.
Ayer fue día de notificaciones. Tanto el Estado como los abogados de Aerolíneas fueron notificados de la sentencia que dice que la empresa tenía un valor negativo de 3500 millones de pesos en 2008, cuando fue estatizada. Por lo tanto, y según la interpretación de la Sala V de la Cámara de Apelaciones en los Contencioso Administrativo, aquel valor simbólico de un peso que se pagó cuando se inició el juicio de expropiación fue apropiado al valor de la empresa en ese momento.
Recalde parece ser un tiempista en materia judicial. Quizá su profesión de abogado lo llevó a conseguir la sentencia de primera instancia el año pasado, un par de días antes de que se iniciaran las audiencias en el reclamo indemnizatorio que el expropiado grupo Marsans lleva adelante en el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial.
En marzo del año pasado, justo en las últimas horas hábiles antes de la audiencia en Washington, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico reconoció el derecho del Estado a la expropiación de acciones de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, que en 2008 estaban en poder de la firma Interinvest Sociedad Anónima. Un año después se dio algo similar aunque esta vez la buena noticia llegó dos días antes de la veda electoral por las elecciones porteñas.
La sentencia de Cámara confirmó la de primera instancia que a su vez había tomado como válido el trabajo que hizo en 2008 el Tribunal de Tasación de la Nación y que estableció que al momento de la estatización las sociedades anónimas Optar, Jet Paq, Aero Handling, Aerolíneas Argentinas y Austral tenían un valor negativo de 3275 millones de pesos, equivalentes a 949,4 millones de dólares. Ese juicio se inició poco después de la estatización. Como las partes no se pusieron de acuerdo con el precio de la compañía, el Estado depositó un peso como valor simbólico y se hizo de la empresa. A partir de entonces, empezó el proceso, que aún no terminó.
LA NACIÓN se comunicó con el estudio Fargosi & Asociados, representante en la Argentina del Grupo Marsans. "No vamos a hacer ningún comentario", contestaron. Sin embargo, otras fuentes relacionadas con los españoles confirmaron que ayer fue notificada la sentencia y que seguramente en los próximos días se recurrirá a la Corte Suprema con un recurso extraordinario.
La Argentina y el grupo español mantienen abierto el juicio en el Ciadi. "Allí si se discute el valor de la empresa. Se litiga en virtud de los convenios bilaterales de protección a la inversión. Nada ha cambiado allá", dijo una fuente relacionada con el caso. Por ahora no se esperan novedades en Washington. "En el Ciadi también son políticos. No creo que pase algo antes de las elecciones de octubre aunque sí antes de fin de año", dijo un conocedor de los pasillos del tribunal.
Según la sentencia, el informe de tasación elaborado por Credit Suisse Securities, del que surge un valor positivo de la compañía, resulta insuficiente para desvirtuar las conclusiones contenidas en el dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación.
LA DISCUSIÓN POR DINERO
$ -3500 Millones - Es el valor negativo que tenía la empresa al ser expropiada, según la Justicia
$ 1 Precio simbólico - Dos monedas de 50 centavos es lo que depositó el Estado cuando inició el juicio de expropiación.
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