(LPO) - La Corte Suprema anunció hoy el llamado a concurso para cubrir los cargos de una comisión especializada que comenzará a actuar junto a los jueces en causas por corrupción y delitos contra la administración pública.
A través de una resolución firmada hoy, la Corte llamó a concurso para cubrir los cargos del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública, que fuera creado el año pasado por el Máximo Tribunal.
El objetivo es actuar en consonancia con lo establecido por la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de la ONU sobre Corrupción.
En principio se buscan diez postulantes a peritos en distintas áreas: cinco ingenieros -tres civiles y dos informáticos- y cuatro contadores -dos especializados en administración pública, otro en "práctica en mercado de capitales" y el cuarto con "contabilidad internacional"-, además de un abogado "con especialización en derecho penal económico y criminología económica, con dedicación comprobable respecto del delito de blanqueo de capitales otros delitos económicos financieros".
También habrá dos comisiones asesoras, cada una de las cuales se constituirá con un funcionario del tribunal, peritos de ingenieros o contadores y un representante de la facultad de Ingeniería o Ciencias Económicas de la UBA propuesto por los respectivos decanos.
La convocatoria se hará a través del Boletín Oficial y los interesados deberán acercarse a la Dirección de Despacho de la Secretaría General de Administración del Tribunal, sita en la calle Talcahuano 550, 4° piso, puerta 4115, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En octubre pasado la Corte Suprema anunció la creación de Justicia de un nuevo cuerpo de peritos especializados para casos de corrupción en la administración pública, que estará a disposición de todos los jueces federales y nacionales que investiguen causas de esa naturaleza.
"Es tarea de todos los poderes del Estado, y en particular, de los jueces, agilizar los procesos en los que se combate la corrupción. Ello se vincula con la necesidad de satisfacer el referido mandato constitucional, el valor de integridad de la función pública, la credibilidad que en ella deben tener los ciudadanos, así como el derecho de todo funcionario a obtener una sentencia definitiva", habían explicado los considerandos de aquella resolución.
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