Por Lucrecia Bullrich
| LA NACION
Prat-Gay pidió investigar a Cristina y a Moreno por pagar el cupón atado al crecimiento según cifras oficiales infladas
El
ajuste del relato llega a la Justicia. La admisión del Gobierno de que
el crecimiento de la economía fue inferior al que en la última década
informó año tras año el Indec nutrirá la ampliación de una denuncia
penal contra Cristina Kirchner, el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y la cúpula del citado organismo.
La clave de la presentación judicial, destacó Prat-Gay, es que ahora es el propio Indec el que reconoce el fraude. "Ellos mismos se están autoincriminando. El Estado reconoce que pagó algo que no debía pagar. La novedad es que los datos del Indec corroboran nuestras estimaciones previas, basadas en datos privados", detalló, en diálogo con LA NACION.
La estafa de la que el ex presidente del BCRA acusa al Gobierno surge del cambio del año base (pasó de 1993 a 2004) que el Indec implementó para el cálculo de los resultados de las cuentas nacionales. Con la intervención del organismo desde enero de 2007, con Guillermo Moreno a la cabeza, el propio Gobierno avaló la manipulación de los cálculos de inflación, crecimiento y pobreza, entre otros indicadores.
De la nueva modificación surge que entre 2005 y 2012 la economía creció 57,7%, diez puntos menos que el 67,8% que arrojaban los cálculos con la base anterior. O en términos anuales: la tasa de crecimiento promedio pasó de 6,7% a 5,9 por ciento.
El caso inverso, eje de la ampliación de denuncia que prepara Prat-Gay, se dio en 2008, año en el que el país pagó el cupón PBI cuando no debió haberlo hecho. Según las estimaciones originales, la economía creció aquel año 6,8%, pero la nueva base redujo la suba del PBI a 3,1%, es decir, por debajo del 3,22% que dispara los pagos.
La denuncia original de Prat-Gay, que en noviembre pasado quedó unificada con una presentación similar del diputado Manuel Garrido (UCR), pide investigar a la Presidenta, a Moreno y a las autoridades del Indec por asociación ilícita, defraudación al erario, delito contra el orden económico y financiero y falsificación de datos. Está en manos de Sebastián Ramos, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2.
Además de ratificar las acusaciones, Prat-Gay insistirá en el pedido de que se investigue a funcionarios y ex funcionarios que, asegura, compraron cupones atados al PBI a partir de su acceso a información privilegiada para beneficiarse con los pagos que no debieron hacerse.
Es el caso de Susana Rosental, directora de Cuentas de la Producción, Ocupación e Ingresos, de la Dirección de Cuentas Nacionales, que tiene a su cargo la elaboración del PBI. En su declaración jurada de 2012, admitió que tenía $ 72.194 en títulos vinculados con el PBI en dólares.
Según Prat-Gay, el propio Moreno debería ser investigado. "Tenía cupones PBI y había incrementado la cantidad [de esos papeles atados al crecimiento] respecto de 2013", afirmó.
Pese a la contundencia de la nueva evidencia, publicada la semana pasada por el propio Indec, Prat-Gay admitió que recuperar el dinero que se pagó de más es prácticamente imposible. "Así como está planteado, lo que se pagó de más es irrecuperable porque el Gobierno disfrazó [la manipulación de las cifras del PBI] en un cambio metodológico", concluyó
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