Prioridades

Editorial del diario La Nación
Resulta deplorable la grosera dilapidación de dineros públicos en cuestiones totalmente alejadas de las verdaderas necesidades de la población

La decisión del gobierno nacional de desembolsar cien millones de pesos para salir nuevamente al rescate de los clubes de fútbol que adeudan sueldos y aguinaldos es otra demostración contundente de que, aun en épocas de necesidades económicas extremas, de fenomenales caídas de las reservas, de inflación e inseguridad galopantes, de enormes bolsones de pobreza, y de policías, médicos, docentes y jubilados con sueldos mínimos, el kirchnerismo sólo piensa en seguir asignando el dinero público en prioridades completamente alejadas de las verdaderas necesidades de la población.

No hizo falta una gran negociación para que el eterno dirigente Julio Grondona se llevara otra promesa de aporte oficial para un sector, el fútbol, que este año ya costará a las arcas estatales más de 1400 millones de pesos destinados a sostener Fútbol para Todos, un programa cuya clara finalidad propagandística del Gobierno el kirchnerismo no está dispuesto a resignar, como ha quedado expuesto en las últimas horas. Para tener una apreciación más concreta de lo que significa ese "aporte" de todos los argentinos, 1400 millones de pesos equivalen a más de tres millones de asignaciones universales por hijo, a 508.000 jubilaciones mínimas y a 389.000 sueldos mínimos, vitales y móviles.

Lamentablemente, gastos superfluos como ése han sido constantes en diez años de kirchnerismo. En los últimos días se conoció que el Gobierno va a destinar a la lucha antilavado la mitad de lo que pagó para televisar el Mundial de fútbol de Brasil. También se supo, mediante la publicación en el Boletín Oficial, del pago de cuatro millones de euros a favor de la empresa española Dorna Sports SL, propietaria de los derechos comerciales del
Mundial de Moto GP, que se realizará entre el 25 y el 27 de abril próximos en Santiago del Estero.

El orden de prioridades del Gobierno sigue yendo a contramano de las necesidades de enormes sectores como el de los jubilados, pues mientras se pregona que nunca antes la clase pasiva obtuvo tantos aumentos periodicidad que, por otro lado, está dispuesta por ley y no por la benevolencia gobernante, fue esta administración nacional la que vetó la norma que disponía el pago del 82 por ciento móvil a la clase pasiva y la que mantiene al 75% de los jubilados ganando el haber mínimo: 2757 míseros pesos, que incluyen el ajuste del 11,31% dispuesto esta semana. Y es la que juega con sus ahorros, dilapidándolos no sólo en el fútbol, sino también en planes sociales superpuestos, pago de deudas, sostenimiento de empresas deficitarias y compra de netbooks para alumnos de escuelas donde a veces no existe el acceso a Internet, entre otros fines.

Además de la difusión de propaganda oficial durante los partidos de fútbol, el Gobierno gastó el año pasado un promedio de casi tres millones de pesos por día en prensa y difusión de los actos oficiales y, hacia fines de 2013, se conoció que hubo un único oferente para filmar los actos de la Presidenta: Prensa Satelital SA, que cotizó su oferta en 52 millones de pesos, un gasto que no deja de sorprender, pues el Gobierno dispone de la TV Pública, que es la emisora televisiva oficial, y cuenta, además, con suficientes equipos de cámaras, camiones de exteriores, periodistas y locutores pagados por el Estado.

Según informó LA NACION oportunamente, fue exigencia de esa licitación que la productora que siguiera a la Presidenta y a los ministerios estuviera disponible las 24 horas de los 365 días del año y en cualquier lugar del mundo, que tuviera capacidad para realizar teleconferencias, cámaras HD y acceso a satélites de enlace global y acoplamiento a redes de fibra óptica. Es decir, un gobierno televisado hasta en sus más mínimos y remotos actos.

Como se sabe, la Presidenta tiene una especial inclinación por las cámaras y por los festivales. Aunque nadie lo confirma oficialmente, el acto por el Bicentenario, realizado en 2010, tuvo un costo millonario y no debe de haber resultado precisamente económico el realizado el 10 de diciembre pasado con motivo del trigésimo aniversario del retorno a la democracia. Para ese último festejo hubo, además de una larga lista de artistas en un acto callejero, una fiesta privada en la Casa Rosada, en la que el lujo y el dispendio contrastaban groseramente con la situación de alzamientos policiales, saqueos y muertes registrados al mismo tiempo en las dos terceras partes del país.

Una reciente investigación de LA NACION, basada en los datos oficiales del presupuesto nacional, arrojó como resultado que los gastos del aparato de propaganda oficial, considerando todas sus habituales propaladoras, podrían superar este año los 4800 millones de pesos. Paralelamente, mientras muchísimos pacientes no consiguen que les permitan importar insumos médicos imprescindibles para su salud, el Ministerio de Defensa confirmó la existencia de una negociación para adquirir 18 aviones de combate por 500 millones de dólares. Independientemente de las necesidades estratégicas que puedan argüirse, cuesta entender la escala de prioridades de la que hace gala el Gobierno.

Otro dato urticante lo representa la compra a China, publicada en el Boletín Oficial, de más de 100.000 uniformes de cuello Mao para las Fuerzas Armadas. El contrato es por unos 16 millones de dólares e incluye fundas de casco, medias y equipos de ropa interior polar. No se entiende aquí tampoco de qué se habla cuando se pregona la defensa de la industria nacional.

Cabe destacar que los ejemplos de despilfarro de los dineros públicos no han sido excepcionales ni escasos durante los más de diez años que lleva el kirchnerismo en el poder. Entre tantos otros, se recuerdan los 16 millones de pesos que fueron a parar a un stand de la feria Tecnópolis, cuando estaban destinados a obras hídricas para prevenir o evitar inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Existen denuncias de triangulaciones de dineros públicos por medio de universidades estatales, se vuelcan enormes partidas en publicidad en medios de prensa afines al Gobierno y se conoció un proyecto oficial para hacerse cargo de las deudas que arrastra la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo, otra "estatización" de un sector que ha recibido enormes subsidios del Estado con el fin de destinarlos a la construcción de casas, escuelas y hospitales, y hoy sospechada y denunciada por la comisión de groseras irregularidades.

Y si de prioridades se trata, no está de más recordar el déficit de Aerolíneas Argentinas para 2013, que fue reconocido oficialmente en 247,1 millones de dólares (estimaciones privadas elevan esa pérdida a casi dos millones de dólares diarios), y la brutal cantidad de subsidios al resto del transporte y a la energía eléctrica mantenidos por el Gobierno mientras no controla como corresponde esos mismos servicios que, como muchos otros en los que el propio Estado tiene representantes en los directorios, han dado constantes muestras de deterioro, de manejos espurios y de desinterés hasta por la vida de los usuarios.

Por acción o por omisión, el Gobierno ha dejado caer esas prestaciones a su mínima expresión. En la Argentina de los cortes de luz, de la falta de gas, de la falta de cloacas, de la inflación galopante, de la pobreza extendida, del más de medio millón de chicos que ni estudia ni trabaja, del ataque a las instituciones republicanas, de la voracidad fiscal concentrada en quienes no son amigos del poder, y de la creciente inseguridad y avance del narcotráfico, las prioridades del Gobierno son sólo cortoplacistas y pasan por seguir sosteniendo un "relato" falaz e imperdonablemente ajeno a los requerimientos más elementales de la ciudadanía.

De haberse invertido correctamente el fenomenal gasto público de la Argentina, sería otra hoy la situación y serían muchísimos menos los conciudadanos que dependen de la limosna estatal para apenas sobrevivir.

Reducir y redireccionar esa enorme masa de dinero hoy propagandística, clientelista y demagógica- debiera ser uno de los principales objetivos para este año que recién comienza. Ya no se podrán evitar las heridas infligidas en una década, pero, al menos, se debería trabajar para no agravar las existentes ni producir nuevas llagas a las que deban hacer frente y casi con exclusividad quienes hereden las inevitables consecuencias de esta generalizada mala praxis gubernamental. Es necesario que nos aboquemos, sin más demoras, a las verdaderas prioridades del país..