Son fondos de la Nación y la provincia. Tiene deudas por $ 200 millones. Y destino incierto.
El caso des este ingenio, fundado a fines del siglo XIX en el departamento San Pedro, debería ser materia de estudio en universidades. No se trata ni de una estatización ni de una privatización a la usanza tradicional, sino de un rescate al mejor estilo kirchnerista. Aquejado por la fuerte conflictividad social que reinaba en esa zona de Jujuy, y ante la amenaza de que el Movimiento Túpac Amaru de Milagros Salas ganara adeptos en la región, el gobernador Eduardo Fellner p idió ayuda a la Presidencia. Comenzaba 2013 y Benito Roggio, que había arrendado el ingenio dos años antes, amenazaba con irse.
Cristina, que lanzó la zafra de caña en agosto pasado, dio una orden terminante: instó al Ministerio de Agricultura a diseñar otro futuro para esa empresa quebrada en los 90, de la que dependen cerca de 1.800 personas. El tucumano Jorge Neme, titular del Prosap, quedó a cargo personalmente de la tarea. Fue él quien convenció a un nuevo grupo empresario conformado por Insud (de Hugo Sigman), Grupo Benicio (de José Cartellone) y MSU (de Manuel Santos de Uribelarrea), de adquirir la quiebra. La Esperanza tiene deudas por unos 200 millones de pesos (la mayoría con la provincia y organismos nacionales). Pero el grupo inversor se haría cargo pagando solo una llave de 2,5 millones de dólares, más otros 7 millones prometidos para noviembre, cuando vence el plazo en el que debe decidir si se hace cargo o no del establecimiento.
Así, todavía no hay ejecutivos de esas empresas trabajando en la conducción del ingenio. Apenas asesoran a la gerenciadora elegida por Agricultura y el ministro de Gobierno de Jujuy, Oscar Insausti. Son esos organismos, además, los que han financiado hasta ahora los costos el ingenio. Según Neme se llevan gastados 150 millones (dos terceras partes a cargo de Nación). Pero otras fuentes elevan el aporte de Jujuy a 80 millones y hablan de una pésima rendición de cuentas.
“Ningún grupo inversor iba a entrar al ingenio perdiendo de entrada 150 millones de pesos”, explicó Neme respecto de la particular articulación público-privada. “Yo hablé personalmente con muchos grupos, pero todos huían por la alta conflictividad social”, añadió. Por cierto, las cosas no son nada fáciles en San Pedro. Ayer mismo el sindicato cortó la ruta 34 porque la actual gerenciadora propuso adelantar la jubilación de los trabajadores de más de 55 años. Un dato es abrumador: la empresa espera facturar 400 millones de pesos en 2014, pero arrastra un costo salarial que llega a 270 millones.
“El ingenio tiene un enorme potencial y estimamos que va a ser sostenible a fin de año”, aseguró el delegado de Agricultura. En rigor, La Esperanza tiene 71.500 hectáreas, de las que 22 mil son aptas para cultivo (el resto es Yungas) y unas 10.000 están efectivamente sembradas con caña. Y dispone de abundante agua para riego.
Pero también tiene una larga historia de fracasos y conflictos. Con un inusual modo de gestión bendecido por la Presidenta, ahora La Esperanza navega misteriosamente entre esas dos aguas.
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