El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) aceptó la presentación de demanda de arbitraje interpuesta por la española Repsol contra la expropiación del 51 % de YPF por parte del Gobierno de Argentina, de acuerdo a la página web del organismo.
La demanda fue efectuada el pasado 3 de diciembre, una vez cumplido el plazo de seis meses desde que se notificara a Argentina la existencia de una controversia y su intención de llevar el caso ante un arbitraje internacional en caso de no ser compensada por lo que considera un "expolio". Entre otras cuestiones, considera también que el país ha violado el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y el estado nacional en 1991.
La firma ibérica, estimó en 10.000 millones de dólares el valor el 51 % del paquete accionario expropiado por el gobierno nacional, pero en su escrito aún no dispuso cuál es el monto que exigirá como compensación, solicitud que será definida en etapas posteriores del proceso.
El Gobierno y Repsol conocieron la decisión del organismo el 18 de diciembre. En el escrito, les dio 30 días para que nombren un árbitro cada uno a fin de constituir un panel de tres personas que revisará el caso. En tanto, el tercer miembro deberá ser consensuado entre la petrolera española y Argentina.
El país no tiene un buen historial en el Ciadi. Desde el 2002 a la fecha, el Estado fue demandada en el organismo casi medio centenar de veces, especialmente por compañías extranjeras de servicios públicos que vieron perjudicadas sus inversiones en el país por un congelamiento tarifario aplicado tras la crisis económica de fines de 2001.
En total, hay 24 causas que aguardan por una resolución que suman en total más de 20 mil millones de dólares.
La demanda fue efectuada el pasado 3 de diciembre, una vez cumplido el plazo de seis meses desde que se notificara a Argentina la existencia de una controversia y su intención de llevar el caso ante un arbitraje internacional en caso de no ser compensada por lo que considera un "expolio". Entre otras cuestiones, considera también que el país ha violado el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado entre España y el estado nacional en 1991.
La firma ibérica, estimó en 10.000 millones de dólares el valor el 51 % del paquete accionario expropiado por el gobierno nacional, pero en su escrito aún no dispuso cuál es el monto que exigirá como compensación, solicitud que será definida en etapas posteriores del proceso.
El Gobierno y Repsol conocieron la decisión del organismo el 18 de diciembre. En el escrito, les dio 30 días para que nombren un árbitro cada uno a fin de constituir un panel de tres personas que revisará el caso. En tanto, el tercer miembro deberá ser consensuado entre la petrolera española y Argentina.
El país no tiene un buen historial en el Ciadi. Desde el 2002 a la fecha, el Estado fue demandada en el organismo casi medio centenar de veces, especialmente por compañías extranjeras de servicios públicos que vieron perjudicadas sus inversiones en el país por un congelamiento tarifario aplicado tras la crisis económica de fines de 2001.
En total, hay 24 causas que aguardan por una resolución que suman en total más de 20 mil millones de dólares.
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