Editorial II del Diario La Nación
La bonanza en el sector agrícola no será
nuevamente para los productores, cuyos márgenes de ganancia se achican
cada vez más, sino para el Gobierno
Las
recientes alzas en las cotizaciones de la soja, que superaron
ampliamente los 600 dólares por tonelada, y las posteriores y más
recientes bajas, que ubican su cotización un poco por debajo de esa
cifra, nos mueve nuevamente a la reflexión sobre los alcances de esta
aparente bonanza en el sector agrícola. En efecto, pese al importante incremento en las
cotizaciones con relación a principios de año, cuando la soja cotizaba
en Chicago a alrededor de US$ 425 por tonelada, los márgenes que
recibirán los productores, dejando de lado los riesgos climáticos, son
sensiblemente inferiores a lo que el común de los ciudadanos podría
imaginarse.
Recientes estudios realizados, tanto por reconocidos consultores como por los técnicos de las entidades del campo y los de las bolsas de cereales, han arrojado resultados que distan mucho de la rentabilidad lograda en años anteriores. Quien sigue obteniendo las mejores ventajas frente a una buena cosecha es, sin lugar a dudas, el gobierno nacional que solamente en concepto de derechos de exportación -las retenciones que dieron lugar al conflicto de 2008 por la famosa resolución 125-, obtiene un 35 por ciento del precio de venta. Y a ello se suma un fuerte aumento de la presión fiscal nacional, provincial y municipal, que ha elevado considerablemente el componente tributario a la hora de analizar una estructura de costos que supera ampliamente el 45% de los ingresos brutos.
No menos significativo ha sido el incremento de los costos directos de producción, tales como semillas, fertilizantes, labranzas, agroquímicos, y cosecha; los gastos de estructura como los de administración y sueldos; los de comercialización, especialmente los fletes, y los variables de exportación que, en conjunto, han sufrido una importante inflación en dólares.
Paralelamente, debe tenerse en cuenta, una vez más, la injusticia que significa para el productor recibir el producido de su venta al valor de un dólar oficial deducidas las retenciones, y afrontar erogaciones al valor de un dólar oficial completo o, incluso, en algunas ocasiones, afrontando gastos al valor del dólar marginal.
El actual estado de situación hace que los productores, sobre la base de márgenes promedios de producción y teniendo que arriesgar su capital de trabajo, apenas obtengan ingresos netos de alrededor del cinco por ciento del total del ingreso bruto por hectárea, luego de haber deducido el Impuesto a las Ganancias.
Asimismo, la constante y excesiva intervención estatal en los mercados limita a los productores a la hora de decidirse por otras alternativas, como podría ser la ganadería, que ya sufre más de cinco años de clausura de exportaciones, o el maíz, que presenta mejores márgenes, pero que requiere de mayor capital de trabajo.
No obstante lo dicho, la mayoría de los productores continuará sembrando soja, ya que no tienen otras opciones y no van a dejar los campos vacíos. En ese sentido, el gobierno nacional se verá sumamente beneficiado, pues se podrá asegurar una caja de más de diez mil millones de dólares, que le será de fundamental importancia para afrontar los compromisos de un año electoral, como 2013..
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