Editorial II del diario La Nación
Cuando se dispuso esa medida habían tomado una dimensión importante las operaciones armadas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en áreas rurales de esa provincia, particularmente en las zonas boscosas, y en poblaciones hacia el sur de la ciudad capital. Se producían copamientos de pueblos, con asesinatos de policías y civiles, y ataques a instalaciones militares. La guerrilla había logrado dominar espacios e incluso disponía retenes en las rutas para exigir peajes o detener a ciudadanos que consideraba enemigos. Su objetivo declarado era la toma del poder en desafío a las autoridades constitucionales e hizo pública su intención de pedir para la zona ocupada el reconocimiento internacional como territorio independiente "liberado".
A diferencia del tipo de terrorismo urbano y clandestino que practicaban el propio ERP, los Montoneros y otras organizaciones en el resto del país, en la selva tucumana la lucha estaba planteada con combatientes uniformados, en operaciones de comando. La decisión de la entonces presidenta de poner frente a ellos al Ejército, con apoyo logístico de las otras fuerzas, respondía a un imperativo institucional y así fue considerado por prácticamente toda la representación política en ese momento. El ámbito de las acciones encomendadas estaba limitado a la provincia de Tucumán, a pesar de que las mismas organizaciones subversivas atacaban unidades militares y policiales también en otras provincias para hacerse de armamento.
Entre febrero y diciembre de 1975, 53 miembros del Ejército, la policía y la Gendarmería murieron en enfrentamientos y atentados en Tucumán, en tanto las bajas de la guerrilla fueron 163. Hacia fines de ese año, las operaciones en esa provincia del ERP, con refuerzos de Montoneros, habían sido drásticamente reducidas y el Operativo Independencia cumplía con sus objetivos. Los procedimientos militares habían mostrado el rigor propio de una guerra de guerrillas, pero distaban de los métodos represivos y de los excesos delictuales que caracterizaron más tarde la lucha antisubversiva en el plano nacional a partir del decreto 2772 de octubre de 1975. La actuación del Ejército en el Operativo Independencia no estaba aún contaminada por los procedimientos ilegales que entonces ya había comenzado a utilizar la organización paragubernamental Triple A.
A pesar de esto, algunas organizaciones de derechos humanos realizaron acusaciones y denuncias y se abrió una causa judicial. En estos últimos días el titular del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, Raúl Daniel Bejas, en la causa denominada "Operativo Independencia", ha dictado la orden de detención, en carácter de imputados y a fin de indagarlos, de 34 miembros del Ejército Argentino. De éstos, hay 14, incluyendo a Jorge Rafael Videla y Luciano Menéndez, que ya lo están por otras causas, mientras que los restantes, entre los que se encuentra el ex gobernador de las islas Malvinas Mario Benjamín Menéndez, han sido ahora privados de su libertad. El fiscal de la causa había solicitado también la detención de María Estela Martínez de Perón, aunque el juez no dio curso a este pedido.
Después de 37 años, se avanza en un proceso penal que tiene todos los rasgos de una persecución revanchista antimilitar impulsada por los entornos ideologizados del poder. Los crímenes de las organizaciones subversivas no están alcanzados por nuestra justicia, a pesar de que, según la jurisprudencia internacional, les cabe también la calificación de lesa humanidad y la consecuente imprescriptibilidad. Circulan en las redes sociales fotografías que registran la presencia de miembros del actual gobierno en formaciones uniformadas de aquella guerrilla tucumana. Tal vez sea ésta una venganza masticada durante mucho tiempo. Lo cierto es que ha sorprendido y viene a profundizar heridas y divisiones en lugar de buscar un marco de pacificación y de auténtica justicia..
Es evidente y totalmente injusta la discriminación que hace la justicia.Todos sabemos cuales fueron las atrocidades cometidas por la "Junta", pero también sabemos cuales fueron las atrocidades cometidas por la guerrilla, tal vez algún día la justicia sea realmente imparcial en este país,tal vez algún día tengamos un pais en serio.
ResponderEliminarSaludos Cordiales
Marcelo.
En 1972-73 yo estaba a cargo de la dirección del Hospital "Dr. Joaquín Castellano" de Gral. Güemes. Pcia. de Salta. Después de muchos intentos por cambiar el sistema de pago al personal (250 personas) de " en efectivo", en cheques, por fin logré convencer al director del Banco Provincia de Salta, que temía una sobrecarga puntual de trabajo, de que " el próximo mes pagaríamos con cheques". En el último pago al contado, 3 energúmenos estaban esperando en la puerta del hospitapara, la Gladiator que traía el dinero del banco para ser ensobrado en la administración. Dispararon 3 tiros con una PAM y 1 de ellos impactó en la cabeza de Miguel Vargas, el chofer, que falleció al instante. El autor fue arrestado, un tal Pugione,liberado ulteriormente gracias al tío Cámpora y muerto después en un encuentro con la policía salteña. En el hospital teníamos, sin saberlo, a varios Montos que actuaron de chivatos. El Sr. Vargas era un trabajador que estaba esperando su jubilación. Los jefes de Pugione tal vez estén en el actual gobierno argentino. Fue una guerra sucia en la que hubo dos bandos, y no se puede olvidar la actuación de uno de ellos. Un saludo.
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