Una empresa acusada de fraude por Yacyretá vuelve a operar en el país

Por Hernán Cappiello - LA NACION (Extractado)
Acordó con el Ministerio de Economía pagar $ 31 millones a cambio de que le levanten los embargos

Ansaldo Energía SpA es una empresa italiana que pertenece a un megagrupo dedicado a la energía, la electromecánica, el transporte y la seguridad. Había sido acusada de fraude en la Argentina por cobrar, con comprobantes supuestamente falsos, reembolsos fiscales indebidos durante la construcción de la represa hidroeléctrica Yacyretá, la más grande del país.

Pese a ello, con el afán de reiniciar sus negocios en el país, la compañía devolvió los 31 millones de pesos que le reclamaba el Estado, para emprolijar su situación judicial, ya que sus ex ejecutivos están siendo investigados por la justicia federal por fraude al fisco.

Ansaldo Energía SpA fue la proveedora de turbinas para la represa binacional argentino-paraguaya. La represa que tardó décadas en terminar de construirse fue considerada el "monumento a la corrupción".
Tras el acuerdo firmado con el Ministerio de Economía, la empresa pagó el dinero que se le reclamaba y logró que se le levantaran los embargos en la causa penal y en la acción civil iniciada por la Argentina para recuperar el dinero, que sumaba un total de 50.465.724 pesos.

A pesar del acuerdo transaccional entre la empresa y el Ministerio de Economía, el próximo 23 de febrero está previsto que comience un juicio oral y público contra ex funcionarios acusados de permitir entre 1999 y 2000 que se pagaran esos 31 millones de pesos.

Los imputados -según dijeron a LA NACION fuentes con acceso al expediente- son Jorge Luis Manso, de Yacyretá; Miguel Angel Cuervo, ex subsecretario de Energía; Gonzalo Martínez Mosquera, ex subsecretario de Industria; Guillermo Agustín Llaurado, de Legales, y Alberto Valle, de la Dirección Nacional de Industria. En la misma situación, también se encuentran Eduardo Alberto Esteban, de la Subsecretaría de Industria; Alberto Vaena, de la Dirección de Política Industrial, y dos consultores privados.

Pero los acusados plantearon ante el Tribunal Oral Federal N° 6 que la defraudación al Estado se encuentra prescripta, dado que pasaron 12 años desde que ocurrieron los hechos, según dijeron fuentes con acceso al expediente. Paralelamente el juez federal Norberto Oyarbide, interinamente a cargo del Juzgado Federal N° 7, mantiene investigados a ex ejecutivos italianos de la empresa acusados de los cobros indebidos.

La Oficina Anticorrupción, que actuó como querellante en la causa para tratar de recuperar el dinero pagado indebidamente, informó oficialmente: "Ansaldo Energía SpA, proveedora de turbinas para la central eléctrica Yacyretá, cobró indebidamente reembolsos por beneficios fiscales, constituyendo una defraudación al Estado". A raíz de ello, se inició una causa penal y paralelamente ahora se firmó este acuerdo para el cual la OA "prestó conformidad", y exigió que "el monto pagado guardara relación con el daño provocado y que además la empresa se comprometiera a adoptar un código de ética". La Oficina Anticorrupción sugirió que Ansaldo designe un oficial que controle el cumplimiento de las normas de ética y transparencia internas.

También deberá capacitar al personal en relación con la ética; proteger al personal de la empresa que denuncie hechos sospechosos de corrupción; mantener un registro de entrevistas con funcionarios públicos; aceptar las denuncias anónimas, y comunicar a la Oficina Anticorrupción denuncias o investigaciones que se realicen en el ámbito de la empresa. El código propuesto por la Oficina Anticorrupción también debería observar la posibilidad de recomendar a los subcontratistas que adhieran a similares códigos de ética, y no realizar prácticas de cartelización o cualquier acción que restrinja o limite la competencia en las contrataciones públicas.