Son dos usinas en Santa Cruz y habrá que expropiar tierras del empresario K Lázaro Báez.
La administración kirchnerista volvió a anunciar por cuarta vez en cinco años el llamado a licitación de la megaobra de dos centrales hidroeléctricas en la provincia Santa Cruz.
Tras haber anulado a principios de año el contrato de construcción de las usinas Condor Cliff y La Barrancosa que había sido adjudicado a un consorcio argentino-brasileño, el Gobierno decidió volver a licitar las centrales santacruceñas con otros nombres y con un nuevo presupuesto que es $ 5.200 millones más caro que el anterior.
Previsto inicialmente para el 7 de mayo, el nuevo proceso licitatorio arrancó formalmente ayer en un acto que encabezó la Presidenta en el hotel Sheraton, acompañada por el ministro de Planificación Julio De Vido y los secretarios de Energía, Daniel Cameron y de Obras Públicas, José Francisco López. Uno de los datos llamativos de la nueva licitación es el cambio de nombre s de las centrales. Dejaron de llamarse “Condor Cliff y La Barrancosa” y pasaron a denominarse “Presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic”.
Otra modificación clave– que no fue señalada por la Presidenta– es el incremento registrado en el presupuesto de las obras. El proyecto que hace dos años había sido adjudicado en $ 16.400 millones ahora tendrá un nuevo precio tope de $21.600 millones, 32% más caro.
Lanzado a principios de 2007, el complejo hidroeléctrico que tendrá una capacidad de generación de 1.740 MW –la tercera más importante del país después de Yacyretá (3.200 MW) y Salto Grande (1.800 MW)– experimentó varias marchas y contramarchas. Primero se licitó como un emprendimiento privado donde los oferentes tenían que aportar como mínimo el 51% del financiamiento. Esa variante fracasó por la crisis económica de 2008-2009 y se pasó a otro esquema de “obra pública”, en el cual los oferentes podían o no ofrecer financiación.
En esa licitación había triunfado el consorcio de IMPSA (Pescarmona), Corporación América (Eurnekian) y el grupo brasileño Camargo Correa con una oferta de $ 16.400 millones y una financiación privada de $ 2.000 millones. Luego de adjudicar y firmar contrato, la Nación no cumplió con la creación del “fideicomiso de administración” , ni aportó los fondos para el inicio de las obras. Ante la falta de recursos, en abril de este año el Gobierno resolvió dar por “finalizado el proyecto por causas ajenas a ambas partes y sin reclamos indemnizatorios”.
Uno de los puntos más polémicos de la obra son las millonarias expropiaciones que deben efectuarse en propiedades que fueron adquiridas en los últimos años por Lázaro Baéz , uno de los empresarios más cercano a los Kirchner.
Si cumplen los nuevos plazos en juego, a fin de año se recibirán las ofertas y en el primer semestre de 2013 se conocerá al consorcio ganador que tendrá un plazo de 66 meses para terminar las obras.
La principal incógnita que rodea a la nueva licitación es qué empresa privada local o extranjera estará dispuesta a financiar una millonaria inversión a un Gobierno que acaba de expropiar la principal petrolera, no permite el giro de utilidades e interviene cada vez más sectores de la economía.
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