Frigerio en una de las reuniones que tuvo en su viaje a China.
El ministro de Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio volvió de China casi con las manos vacías y sin los financiamientos que había ido a buscar para los proyectos energéticos clave que tiene en carpeta la administración macrista.
Si bien la Casa Rosada salió a instalar que la misión de Frigerio fue “preparatoria” de la visita oficial a China que hará el presidente Mauricio Macri dentro de seis meses, lo cierto es que el intento del ministro por cerrar nuevos créditos a largo plazo para obras de infraestructura energética no obtuvo el resultado esperado.
En un sutil juego diplomático, Beijing evitó hablar del tema de fondo: La decisión de la administración macrista -anticipada por LPO- de no cumplir el compromiso formulado a China por Néstor Kirchner en 2004 de reconocer a China como economía de mercado ante la OMC, un paso vital para el país comunista, para poder desactivar las barreras por dumping que distintos países –incluso la Argentina- le imponen a sus productos.
En lugar de hablar de ese tema, tanto las autoridades del Gobierno, como del Eximbank de China le reiteraron a Frigerio lo mismo que le habían planteado a los negociadores de Alfonso Prat Gay a fines de noviembre: Antes de negociar nuevos financiamientos, las autoridades argentinas tienen que resolver que harán con el crédito comercial que tienen preacordado desde 2015 para la construcción de la central térmica Manuel Belgrano II (CTMBII) y el compromiso firmado para la modernización del ferrocarril San Martín.
Las grandes obras energéticas cerradas por Cristina durante su segundo mandato con China y Rusia están paralizadas. La administración de Macri todavía no logra encarrilar la relación con esas potencias.
La CTMBII es una central de ciclo combinado proyectada en la zona de Campana que prevé aportar al sistema eléctrico una potencia de 810 MW. La ejecución de la obra y la provisión de los equipos fue adjudicada el año pasado por la administración kirchnerista de Enarsa a un consorcio liderado por el grupo chino CNTIC. Tiene un préstamo aprobado del Eximbank de China por 1.122 millones de dólares para financiar el 85% de la obra.
Pese haber comprado el terreno para la usina en 5 millones de dólares y pagado un anticipo financiero de 103 millones de pesos, la actual conducción de Enarsa que pilotea Hugo Balboa tiene congelado el proyecto a la espera de una señal concreta del ministro de Energía, Juan José Aranguren.
En el caso de la línea San Martín, lo que está en danza es un estudio de prefactibilidad para electrificar los servicios metropolitanos de pasajeros y renovar las vías de cargas del corredor que comunica el Gran Buenos Aires con la región de Cuyo. La empresa oriental involucrada en el proyecto es CRCC (China Railway Construction Corporation).
La postura de los funcionarios chinos fue un calco del mensaje que le habían transmitido al Gobierno local hace un mes en Buenos Aires el jefe del Eximbank en América Latina, Yang Jing y el embajador en Argentina, Yang Wanming.
Tambolar, la única que interesó
De los cinco proyectos energéticos relevantes que había llevado Frigerio en la valija, sólo uno consiguió pasar la prueba y quedar en la gatera de los emprendimientos que China se compromete a financiar con créditos preferenciales.
Se trata de la central hidroeléctrica sanjuanina de El Tambolar, que ya fue adjudicada al consorcio de Power China, Techint y Panedile.
En cambio, quedaron en lista de espera y condicionadas a los próximos pasos que efectué la administración macrista las siguientes obras:
- La represa hidroeléctrica neuquina de Chihuido, a la cual se le cayó el financiamiento que tenía comprometido de Rusia, como anticipó este medio.
- La ampliación del parque eólico Arauco de La Rioja.
- La usina hidroeléctrica mendocina de Portezuelo del Viento.
- La represa hidroeléctrica de Potrero del Clavillo entre Tucumán y Catamarca.
Para colmo de males, Frigerio se vio sorprendido por una inoportuna medida que dio a conocer el Ministerio de Producción de Francisco Cabrera justo en el momento en que mantenía una serie de reuniones con los funcionaros y banqueros chinos. Se trata de la resolución que sacó la semana pasada la Secretaría de Comercio por la cual abrió una investigación por presunto dumping en la importación de los tubos de acero que China proveerá para la obra de los gasoductos troncales de Córdoba.
La decisión de llevar adelante la investigación sobre los tubos “made in China” estuvo precedida de un fuerte lobby de Siderca y SIAT del grupo Techint y de la siderúrgica local Tubhier. Las tres fábricas locales ejercieron una fuerte presión para frenar el ingreso de unas 46.000 toneladas de tubos de acero—que equivalen a casi el 45% de la producción anual doméstica—que el gobierno de Córdoba le adjudicó a los consorcios integrados por empresas chinas que van ampliar la red provincial de gasoductos.
La investigación antidumping demandaría entre 10 y 12 meses y durante el proceso de recolección de pruebas y alegatos de las partes, el Gobierno puede, de manera preventiva, aplicar derechos de importación transitorios e incluso retroactivos si los proveedores intentan adelantar el ingreso de los tubos de acero más baratos de China.
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