predios bajo la autopista.
El montaje del obrador para la construcción de los túneles del Metrobus “desalojó” involuntariamente una histórica ranchada del barrio de Constitución.
Aunque no se trata de la única en la Ciudad, es una de las más pobladas y complejas. A metros de la iglesia Inmaculado Corazón de María, frente a la plaza y sobre terrenos de la autopista 9 de Julio Sur, unas 50 personas sobrevivían a la intemperie y en pésimas condiciones sanitarias.
A mediados de enero la Ciudad comenzó las obras para conectar el Metrobus de la 9 de Julio con la estación Constitución y el obrador terminó expulsando a la ranchada, que se desmembró y se mudó a diferentes lugares del barrio.
Ayer, un grupo estaba debajo de la autopista, en la esquina de 9 de Julio y San Juan. Pero la mayoría mudó sus pertenencias (colchones, calentadores, utensilios y ropa) al bajo autopista de Piedras, entre Cochabamba y San Juan, o a un predio en la calle Caseros (también bajo la autopista) que había sido recuperado y contaba con custodia policial. Con ellos llevaron una gran cantidad de papeles, botellas y latas, que cartonean por la zona. A fines de 2012 ya una gran parte de la ranchada se había mudado a la plaza Cecilia Grierson, en donde consiguieron amparo en función de la fisonomía de la plaza, que se desarrolla entre medianeras. Pero como relatan los vecinos del barrio, los problemas se convivencia recrudecen cuando llegan cartoneros y gente de otras ranchadas y se disputan el lugar.
Desde la Ciudad explicaron que no pueden desalojarlos sin orden judicial o un operativo policial. “En Constitución y San Telmo hay un par de ranchadas muy complejas. Son gente en situación de calle que se niega a aceptar ayuda, rechazan los paradores e incluso los subsidios que entrega el Gobierno”, explicaron desde la Dirección General de Atención Inmediata, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. La Ciudad entrega subsidios cuyos montos dependen de la cantidad de integrantes que tenga la familia. “Por un lado no podemos obligarlos a que acepten asistencia, y tampoco a que se vayan sin un operativo policial o una orden judicial. Por ahora se trabaja con un grupo de asistentes sociales”, explicaron.
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