En nombre de la gestión pública de los recursos, el Estado manejará una empresa privada, con criterios privados y prohibiendo por ley que puedan auditarla los organismos de control de las cuentas públicas, ni siquiera el Congreso Nacional.
El Gobierno sentó precedente cuando, en 2004, creó la petrolera y energética Enarsa, que, pese a ser ciento por ciento estatal, está bajo la legislación de las sociedades anónimas. Así no puede ser auditada ni por la Sigen ni por la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso. Cristina repite el esquema con YPF, que en sus manos no tiene obligación de hacer licitaciones públicas, por ejemplo.
Lo mismo hizo con Aerolíneas Argentinas. Los resultados de tales gestiones están a la vista. Aerolíneas necesitó en 2010 subsidios por más de 2000 millones de pesos. Enarsa se llevó 10.000 millones de pesos por el mismo concepto, lo cual superó el presupuesto entero del Ministerio de Desarrollo Social.
Tal vez en este caso los gobernadores prefieran que sea así. Si fuera una empresa pública estaría exenta del pago del impuesto a las ganancias, lo cual perjudicaría la recaudación de impuestos coparticipados. Las provincias que no son petroleras y no tienen regalías no votarían semejante cosa. No es seguro que este modelo garantice nada. Si la compañía va a dar pérdidas tampoco pagará por Ganancias.
El Estado en manos kirchneristas no puede mostrar eficiencia alguna en administración del sector privado. Las intervenciones en los mercados de carne, leche, trigo, maíz y yerba no pueden haber sido menos afortunadas. El mercado de hidrocarburos y energía está fuertemente intervenido desde 2003, con resultado de desabastecimiento, déficit y caída de las reservas que ha reconocido -al fin- la Presidenta. ¿Por qué lo haría bien ahora?
Esta es la misma administración en la cual la falta de modernización en la Casa de Moneda produjo un grave desabastecimiento de billetes en diciembre de 2010. El Gobierno piensa, como confesó la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, hacer imprimir billetes en una más que cuestionada empresa privada. ¿Un Estado que no puede imprimir ni sus propios billetes puede manejar la petrolera que es, además, la mayor compañía del país?
La crisis "inventada"
El mismo ministro de Planificación que dijo por años que no había crisis energética, que crecieron la provisión y la producción, que se aumentaron las reservas y que el desabastecimiento de naftas y de gasoil era "un invento" de los diarios independientes ha sido designado interventor en YPF. ¿La razón? Que la Presidenta dice que hay desabastecimiento energético, caída de las reservas, falta de inversión y faltantes de nafta y gasoil. De paso, en el acto del mediodía de ayer, uno de los más entusiasmados era Guillermo Moreno, que años atrás prometió "hacer llover" el gasoil que, según confesó la Presidenta, está escaseando.
Cristina Kirchner también recordó las enormes reservas de gas no convencional ( shale ) que la Argentina tendría. El problema es que para extraerlo hacen falta equipos, inversiones y capital que la Argentina no tiene. La declaración del autoabastecimiento energético en una ley garantiza poco. Se consiguió cuando no estaba en ninguna. ¿Quién aportará el capital y hará las inversiones en un país jurídicamente tan inseguro? Más probable es que la YPF reestatizada, pero operando como compañía privada, se asocie y tenga contratistas que cobrarán pase lo que pase. Sean exitosos o no los negocios. Y si hay pérdidas, serán para las cuentas públicas.
Si es por lo que dicen las leyes, a Enarsa se le encomendaron más tareas que a la "nueva" YPF cuando se la creó, en 2004. Enarsa puede no sólo operar en el mercado hidrocarburífero en cualquier segmento, sino también en el eléctrico. El resultado, dice la Presidenta, es que la Argentina tiene el récord de importación de energía e hidrocarburos. Si el Gobierno no pudo solucionar estos problemas con una petrolera estatal, ¿por qué va a hacerlo con dos?
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