La pelea entre la Nación y la Ciudad llegó a un territorio inesperado

Por Gerardo Young - Diario Clarín
Es un barrio estratégico para la política. El Gobierno porteño inyecta $ 29 millones para ganar adeptos. Pero La Cámpora arribó para dar pelea. Por el conflicto, aumentan los cortes de la autopista Illia. El plan de urbanización, paralizado.

La Villa 31 late, tiembla, ruge. Y todo a la vez. Lo que se ve una tarde cualquiera es su movimiento perpetuo: hombres subidos a una terraza de ladrillos, clavando maderas para los cimientos de lo que será el segundo piso de una casa. Es el sector más nuevo del barrio, el Playón Este, ganado hace unos meses a la zona del ferrocarril y ya superpoblado, porque así son las cosas en la villa más populosa y visible de la ciudad, convertida en un novedoso territorio de disputa entre el gobierno nacional y el porteño.

El termómetro de lo que ocurre en la villa está, curiosamente, afuera: en la autopista Illia, uno de los accesos clave de la otra Ciudad, la de la modernidad, la más rica del país. El trazado de esa autopista hace años que fue rodeado por el avance de las casas de ladrillo a la vista, techos de chapa, antenas y cableados precarios. Sus habitantes no tienen más que saltar un alambrado o romperlo para detener el tránsito de los cientos de miles de autos o camiones que pasan por allí. Hay un dato clave. Durante los últimos cinco años, se contaban dos cortes al año en la autopista. Pero en los últimos cuatro meses, los cortes se multiplicaron: ya hubo 11, y uno de ellos, el 10 de marzo, duró 10 horas.

¿Por qué siempre hay lío en La 31? Lo que ocurre es una conjunción de motivos, pero que pueden sintetizarse en dos: la deuda cada vez más dramática de servicios sociales básicos para sus habitantes –está totalmente paralizado el proyecto de urbanización–, y una pelea política territorial que es reflejo directo de la que disputan por televisión la presidenta Cristina Kirchner y el jefe porteño Mauricio Macri.

En la 31 viven entre 35 y 40 mil personas. Eran apenas 10 mil hace veinte años. El 40% de sus habitantes son inquilinos que pagan un promedio de 1.000 pesos mensuales por habitación (con baño compartido), lo que empuja a la permanente búsqueda de más espacios para ocupar y construir. A los políticos no les interesan tanto los votos (votan unos 4.000 en cada elección, sobre un padrón oficial de 7.500), sino la visibilidad estratégica del lugar y su poder de paralizar la Ciudad.

La villa tiene una organización política interna muy particular y democrática, aunque aislada de los poderes públicos. No hay oficinas municipales; apenas una delegación policial y dos salitas de emergencia. Las ambulancias, se sabe, no siempre entran.

Por elecciones libres, los vecinos designan delegados barriales, 131 en total, que son su autoridad. Y hay delegados de todos los colores políticos: macristas (hoy mayoría), peronistas a secas (en búsqueda de aliados eventuales), de organizaciones sociales afines al kirchnerismo (la Tupac Amaru), del Polo Obrero, de sectores cercanos al ARI, y últimamente también hiperkirchneristas, que desembarcaron en el barrio hace poco más de un año y medio. En el sector conocido como Villa 31 bis, al fondo, donde las cloacas no llegan, los k levantaron una Unidad Básica –mesas para darle de comer a los chicos, bolsas de boxeo para atraer a los adolescentes– y en marzo levantaron un mural en homenaje a Héctor Cámpora, el breve presidente que hizo de la lealtad un culto. Los que montaron el mural, claro, son los militantes de La Cámpora, la agrupación juvenil y no tanto que inventaron Néstor Kirchner y su hijo Máximo. En la 31 ya tienen a seis delegados en sus filas y piensan seguir ganando terreno. Algunos ejemplos: tras el último temporal llegaron al barrio con chapas y maderas; su comedor popular tiene más comida que cualquier otro; y lo más importante, distribuyen planes asistenciales y cupos para ingresar a las cooperativas del Plan Argentina Trabaja. Ya formaron tres de esas cooperativas y van por más. Unos 100 vecinos de la Villa cobran 1.200 pesos por mes gracias a La Cámpora.

¿Son ellos los que explican el aumento de los cortes en la Illia? La sospecha fue alimentada por sus rivales, los macristas, que usan, por cierto, similares métodos de conducción y búsqueda de voluntades, también con cooperativas y asistencia a través de subsidios. El aumento de conflictividad de los últimos meses parece darle razón a los macristas, ya que en varios de los cortes se han visto remeras de La Cámpora (con el Nestornauta en el pecho) y aparecieron pedidos de renuncia contra Macri, algo que no era habitual hasta hace poco.

Los martillazos y el trajinar de obreros no se detienen nunca en esta villa en permanente movimiento, con habitaciones que se montan unas sobre otras como en un juego de encastres. Donde todo parece más asentado es en la cabecera del barrio, cerca de la estación de micros. Allí, rodeado de rejas de seguridad, en un ambiente sin ventanas pero bien provisto de heladera y aire acondicionado, vive Chacho Mendoza, uno de los delegados más notorios, que adorna su lugar de estar con una foto de Evita y otra de Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gabinete de Macri. “Esos cortes tan largos los hacen infiltrados de los sectores del fondo de la 31 bis, el sector YPF, donde se metió La Cámpora –denuncia–. Y así desvirtúan las protestas”.

Pero no siempre es así. El último conflicto, por caso, fue hace 10 días. La autopista fue cortada por un grupo de vecinos que reclamaba la renovación de un subsidio del gobierno de Macri a cambio de la no ocupación de un predio cercano a la villa. Dos delegados del barrio (ninguno de ellos kirchnerista) aseguraron a Clarín que fueron punteros del macrismo quienes lo motivaron, seguros de que conseguirían más subsidios, que a su vez les permitirían mejorar su posición interna. La Policía Metropolitana, de Macri, los acabó reprimiendo a palazos.

Como en todos los márgenes de la pobreza, en la 31 conviven la buena voluntad de la mayoría de los vecinos, los cálculos egoístas de algunos y las respuestas bajas o nulas del Estado. Siguen los hombres martillando para construir el segundo piso de la casa del Playón Este, mientras tres muchachos limpian las viejas oficinas del sector Logística del Ferrocarril, tomadas hace un mes. “Este es el comedor para los chicos, ahí armaremos un gimnasio, allá una salita para enseñar trabajos manuales”, explica Oscar Dufrey, el vecino que ocupó primero el lugar. En un placard guarda las últimas 4 cajas de leche en polvo, dos bolsas de yerba de medio kilo, poca cosa más. Podría haber usado el lugar para su propia casa, pero lo piensa destinar a un proyecto colectivo y no recibe nada de auxilio extra. A su alrededor hay un desorden descomunal, paredes descascaradas, biblioratos abandonados, cajas de cartón vaciadas a último momento por los empleados del tren antes de irse. El ruido es ensordecedor, ya que a unos metros, afuera, dos personas cortan con una sierra eléctrica un viejo container olvidado, que pronto se convertirá en una casa. Las postales se completan con carritos repletos de cartón arrastrados por chicos, un padre que se va a trabajar de albañil a otro barrio, mujeres sentadas desde hace años junto a la puerta de lona de una casa inclinada por el viento. Es la pobreza, pero sobre todo es el caos.

A fines de 2009, la Legislatura porteña aprobó el plan para urbanizar la villa 31, llevarle servicios elementales como tendidos eléctricos seguros, gas, cloacas, construcciones nuevas y modernas. Fue una votación unánime, aclamada, aplaudida, celebrada por todos los legisladores. Pero acá nadie se dio por enterado. Acá eso no existe. En el gobierno porteño lo admitieron a Clarín, el jueves pasado: “Estamos lejos de eso, porque la villa sigue creciendo”, contó un funcionario del área.

¿Por qué sigue creciendo? Porque no hay planes de viviendas y las familias crecen y se desglosan, y además llegan nuevos aspirantes a habitar la villa más cercana a los servicios de la gran ciudad. Para colmo, la inversión del gobierno porteño en el área de vivienda no para de disminuir (Ver Las villas crecen...) y el gobierno nacional decidió que la Ciudad –de signo político enfrentado– sea la jurisdicción menos beneficiada con la construcción pública de casas para pobres.

Luciana Bercovich es investigadora de ACIJ, la ONG con mayor presencia en esta y las demás villas porteñas. Dice: “La 31 tiene un tratamiento diferencial por su visibilidad y valor estratégico. Y hoy es un territorio en disputa partidaria. Pero ha habido políticas muy erráticas. Al principio Macri la quería erradicar, después no, y finalmente se aprobó el plan de urbanización, pero no se aplica”. Luciana Bercovich no cree que los cortes sean incentivados, porque dice que los reclamos son genuinos: faltan tendidos eléctricos, cloacas, calles, de todo. Admite, eso sí, que “una vez que se produce el corte, aparecen los que acompañan con otra intención”.

A pesar de la aparición de La Cámpora, en el cuerpo de delegados todavía tienen mayor peso los macristas. Porque son los que “bajan” la plata pública al barrio a través de cooperativas de trabajo, similares a las del Plan Argentina Trabaja. Es que nadie ha inventado nada nuevo en la ascendencia sobre los pobres. Desde la Ciudad se financian trabajos de mantenimiento y progresos moderados, como la reparación de una calle, la apertura de cloacas, la pintura de los frentes de los edificios más visibles. En febrero, Macri designó por primera vez a un funcionario, Alejo Maxid, para hacerse cargo de la villa. Es una prueba de la preocupación del PRO por el control del barrio, de la necesidad de ajustar los tantos ahora que tienen competencia. Según dicen cerca del nuevo funcionario, ahora, por fin, después de tantos años, se analiza la posibilidad de instalar en el barrio lo que nunca se hizo: una oficina municipal, para llevar el Estado a la villa y no esperar los reclamos, a los que siempre se responde tarde.

Los organizadores de las cooperativas beneficiadas con los fondos de la Ciudad –son 29 millones de pesos anuales de inyección directa–, son en general líderes del barrio. Lo que hacen es armar un proyecto –arreglar una calle– y pasar un presupuesto a la Ciudad. Si se los aprueban, reciben los fondos en cuotas y a contraprestación. No siempre son tareas prolijas y los números tampoco son todo lo transparente que se exige, según detectó la Defensoría del Pueblo porteña, que ya alertó a Macri. En total, hay poco más de 1.000 vecinos viviendo de estos proyectos.

Naturalmente, los delegados más politizados confían en que la ayuda pública se reflejará en votos. Pero nada es tan simple, no siempre uno más uno es dos. En las últimas elecciones, las del año pasado, Macri perdió en la primera vuelta contra Daniel Filmus, el candidato a gobernar la Ciudad por el kirchnerismo. En la segunda vuelta, luego de una campaña fuerte de los delegados del PRO –repartieron volantes y comida–, lograron dar vuelta el resultado. Ganó Macri, finalmente, por poco menos de cien votos. Pero también ganó Cristina, para la elección presidencial. Fueron dos triunfos oficialistas que los delegados explican en la atención que de pronto está teniendo La villa 31 por sobre las demás. Quizá sea eso. Pero las soluciones que llegan, lo saben todos, son apenas auxilios para paliar la emergencia, nunca soluciones de fondo. La 31, mientras tanto, sigue creciendo en el caos. Sigue y sigue. Como esos martillazos, desde temprano hasta la noche, que son música de fondo, rítmica, como latidos y rugidos, de la otra ciudad: la que nadie quiere ver.