El proyecto ferroviario más caro impulsado por el ex secretario K

Por Antonio Rossi - Diario Clarín

Comenzó a gestarse a principios de 2006, fue adjudicado en el inicio de 2008 y desde el segundo semestre de ese año se encuentra en “estado vegetativo” por las adversas condiciones económicas y financieras que aún enfrenta el país en los mercados internacionales.

El “Tren Bala” a Rosario y Córdoba es uno de los proyectos emblemáticos que la administración kirchnerista ha intentado llevar adelante pese a las fuertes críticas y cuestionamientos que se plantearon por el proceso licitatorio, el precio final y las condiciones de financiación de la obra.

Tras una larga y cambiante licitación, un solo consorcio arribó a la instancia final de las ofertas . Veloxia -el grupo que finalmente se quedó con el proyecto- está liderado por la francesa Alstom y lleva como socias a las empresas locales Emepa e Iecsa y la española Isolux, como se señala en los mails de Manuel Vázquez. Uno de los grupos que se bajó de la licitación estaba integrado por Siemens y las locales Electroingeniería y Confer. Argumentaron que no pudieron calcular las expropiaciones que exigía la obra. En tanto, el otro que desertó fue el grupo de las españolas CAF y OHL y la local Chediak.

Por diferencias de criterios y falta de precisiones oficiales, el costo de la obra quedó envuelto en una controversia. Para la licitación, el Gobierno había establecido un presupuesto de referencia de US$ 1.350 millones y una fórmula especial para cuantificar las ofertas. Tomo el criterio del “valor actualizado” (VA), que simula el pago total de la obra por adelantado. Con ese esquema, la oferta del consorcio liderado por Alstom alcanzó un VA de 1.320,5 millones de dólares.

Pero al agregarse los costos de financiación a 30 años, los impuestos, las variaciones del euro y las obras adicionales, el costo total del proyecto terminó escalando a US$ 3.900 millones. Para la obra, el Gobierno y el consorcio acordaron una atípica ingeniera financiera.

El esquema armado por el banco francés Natixis prevía el otorgamiento de un préstamo a 30 años de plazo , con un período de gracia de 7 años y con una tasa de interés anual en dólares de 10%. Como garantía del préstamo por el total del proyecto que se iba a desembolsar en forma gradual de acuerdo con el avance de las obras, el banco Natixis iba a recibir una emisión de bonos públicos por los mismos montos y plazos.


El banco—que por su rol de “agente colocador” iba a cobrar una comisión del 4% del total—podía salir a vender los bonos o retenerlos hasta su vencimiento.  La estructura financiera —que había sido aprobada en los primeros meses de 2008 por una resolución del entonces ministro de Economía, Martín Losteau- no se pudo poner en marcha por la crisis económica mundial de ese año y por las altas de tasas de interés que debía afrontar la Argentina.

Desde hace dos años el proyecto se encuentra “congelado” y cada seis meses el Gobierno prorroga el “mantenimiento de la oferta” para no asumir el costo político de darlo de baja en forma definitiva.