Por Gabriel Di Nicola - LA NACION
Dictaron la prisión preventiva a 14 sospechosos de comercializar vehículos de lujo con documentación adulterada
Los investigadores incautaron motos y autos de alta gama. Foto: Archivo / Silvana Colombo.
Los dos jóvenes estaban al volante de automóviles Volkswagen (VW) Bora, ambos estacionados en la avenida Juan B. Justo y Lope de Vega, en Villa Luro, y discutían acaloradamente. La pelea llamó la atención de detectives de la División Sustracción de Automotores de la Policía Federal Argentina (PFA). No se trataba de un altercado de tránsito.
El problema había comenzado porque uno de los conductores le había vendido el auto al otro, pero no quería ir a la planta verificadora para hacer los trámites correspondientes. Los protagonistas de la discusión terminaron en una dependencia policial, donde se comprobó que el comprador había sido engañado: la patente y la numeración del vehículo estaban adulteradas y la documentación entregada era apócrifa. El número de chasis correspondía a un automóvil con pedido de secuestro.
Ese episodio ocurrió el 22 de septiembre del año pasado y la diligencia policial que había comenzado por una pelea entre dos automovilistas dio origen a una investigación judicial que puso al descubierto una organización criminal que comercializaba automóviles con documentación adulterada o impedimentos para circular.
Los delincuentes también ingresaban en la Argentina desde los Estados Unidos y España vehículos de lujo bajo un régimen fiscal y aduanero de importación (equipaje no acompañado) distinto del que correspondía, "maniobra mediante la cual se pretendió engañar el correcto control del servicio aduanero".
En las últimas horas, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó con prisión preventiva a 14 sospechosos acusados de integrar una asociación ilícita.
"Los procesados, previa división de tareas, roles y jerarquías, en forma coordinada, sostenida en el tiempo y con ánimo de lucro, protagonizaron activamente la comisión sistemática de delitos indeterminados, principalmente dirigidos contra la propiedad, la administración y la fe pública, como también el lavado de activos de origen ilícito a través del ingreso al mercado de vehículos y/o motos, o por medio de maniobras de blanqueo de dinero", afirmó en su resolución el juez Martínez de Giorgi, a la que tuvo acceso LA NACION.
La banda no protagonizaba sólo delitos vinculados con el contrabando de vehículos y su posterior venta irregular. Además, a algunos integrantes de la organización el magistrado los acusó de haber protagonizado estafas en la modalidad conocida como secuestros virtuales.
Identificación de contactos
Como se consignó, la investigación, que fue delegada al fiscal federal Juan Pedro Zoni, comenzó el 22 de septiembre del año pasado, después de que se comprobó que un joven, identificado por fuentes judiciales como Ezequiel Ivanoff Ramacho, vendió un VW Bora con documentación apócrifa y la patente adulterada. El comprador había adquirido el vehículo de buena fe, sin conocer las irregularidades que existían, según se pudo determinar durante la pesquisa.
A partir del teléfono celular secuestrado a Ivanoff Ramacho, los peritos de la División Apoyo Tecnológico Judicial de la PFA obtuvieron información valiosa para la causa.
"El peritaje sobre el aparato telefónico logró reunir elementos de prueba que crearon la sospecha de que Ivanoff Ramacho era un engranaje que se ensamblaba en una organización delictiva destinada a la obtención de autos robados y con impedimentos legales, para luego enmascararlos como legítimos y así venderlos", afirmó Martínez de Giorgi en la resolución firmada en las últimas horas.
El fiscal Zoni pidió la intervención de varias líneas telefónicas para profundizar la investigación y el juez hizo lugar a la solicitud. De las escuchas telefónicas se pudo identificar a otros integrantes de la organización criminal.
Después de 11 meses de investigación, el 29 de agosto pasado el juez federal Martínez de Giorgi ordenó la detención de 14 sospechosos y una serie de allanamientos, entre ellos en el barrio privado San Isidro Labrador, en el complejo Villa Nueva, en Dique Luján, Tigre.
En el procedimiento, bautizado por la PFA "Operativo Daytona", se secuestraron 79 autos y motos de lujo, deportivos, sedán y autopartes.
También se encontró en los allanamientos documentación apócrifa que era utilizada para adulterar los papeles de los vehículos para facilitar su comercialización.
Entre los vehículos de lujo, la Policía Federal Argentina secuestró un Dodge Viper, un BMW M3, un Porsche 911 Carrera, una camioneta Hummer H3, un BMW 320, una camioneta Jeep Gran Cherokee, un Audi RS5, un Chrysler 300, un Mitsubishi Eclipse, un Audi Q7, un Porsche Boxster, un BMW X6 y una moto Harley Davidson, entre otros rodados.
Los automóviles de lujo eran ingresados en la Argentina después de un engaño aduanero: simulaban que sus titulares regresaban de los Estados Unidos o de España para radicarse en el país y de esta manera no pagaban los impuestos de importación.
Además, en la resolución de Martínez de Giorgi se explicó cómo uno de los integrantes de la asociación criminal, cuya identidad se mantiene en reserva, presuntamente "lavaba dinero". Según el expediente judicial, el sospechoso simulaba falsas apuestas en casinos para la obtención de certificados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
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