Considera que puede recibir $ 2.000.000 por haber dado datos certeros de Maldonado.
Una vez confirmado que el cuerpo hallado el pasado martes en el río Chubut era el de Santiago Maldonado, comenzaron a revisarse los testimonios recibidos durante la búsqueda del joven.
Según señalaron a LA NACION fuentes oficiales, el Gobierno considera que "corresponde" pagarle una recompensa a uno de los últimos testigos que declaró, dado que brindó datos precisos. Estas fuentes aseguran que se trata de un joven que marcó el lugar donde creía que podía estar Santiago Maldonado, porque fue quien habría estado más cerca del joven tatuador. Habrían intentado cruzar el río juntos, pero el artesano no lo logró.
Ese mapuche sería el bautizado "testigo E", cuyos dichos se elevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su testimonio no está incorporado al expediente del habeas corpus.
Los dos testigos que declararon ante el juez el 4 de octubre cuando el magistrado se acercó al Pu Lof se identificaron ante la Justicia, pero sus nombres quedaron protegidos, por seguridad. Altas fuentes judiciales afirmaron a este medio que ninguno de esos testigos marcó un punto en el río donde estuvo Santiago. Sólo contaron una versión que reforzó la idea de que había que buscar mejor.
La fuente gubernamental, sin embargo, señaló: "Un testigo dio un espacio perimetral entre dos puntos del río. Le corresponde cobrar la recompensa porque brindó datos fehacientes y eran correctos. Se puede hacer como anónimo, dado que el sistema lo permite y porque es muy importante protegerlo en este momento".
El Gobierno había aumentado la recompensa por datos sobre el paradero de Maldonado de $ 500.000 a $ 2 millones el 7 de septiembre último. El juez Lleral es quien debe ordenar la medida para que se haga efectivo el pago. El tema es de alta sensibilidad por el clima de tensión que se vive en el Pu Lof.
Por otro lado, las fuentes gubernamentales no descartaron que, una vez que culmine la investigación y el juez dé por cerrados los expedientes, el mapuche Matías Santana pueda ser denunciado por "falso testimonio". Se trata del miembro de la comunidad que dijo haber visto que los gendarmes golpearon "a un bulto" y se lo llevaron primero en un Unimog y luego en una camioneta blanca de la fuerza.
Todavía se desconoce el devenir que tendrá el expediente por presunta desaparición forzada. El juez Lleral dijo que habrá que esperar unas dos semanas para tener un informe definitivo de la autopsia y para saber oficialmente lo que ocurrió con Santiago. La familia, sumida en un profundo dolor, seguía apuntando a la Gendarmería por la persecución en el Pu Lof.
Un rastrillaje clave
Según altas fuentes judiciales, Lleral activó el operativo a partir de tres testimonios que le hicieron pensar que debía volver a rastrillar: dos de la comunidad mapuche y uno del jefe de la Prefectura. El prefecto principal Leandro Antonio Ruata comandó los rastrillajes anteriores y le dijo al juez que era necesario hacer "al menos un rastrillaje más".
La fiscal Silvina Ávila ya había pedido un rastrillaje con perros especializados en ubicar restos humanos en el agua, por consejo de la Procuvin y del Equipo Argentino de Antropólogos Forenses. La fiscal y el juez acordaron una medida conjunta, con participación de los perros y consenso con la comunidad. A partir de allí se iniciaron las negociaciones.
El miércoles 11 de este mes, cuando Lleral viajaba de Rawson a Esquel, frenó en el Pu Lof para decir que quería hacer el rastrillaje. Le contestaron que no querían hablar en el territorio y que irían al juzgado. El jueves 12, al mediodía, fueron dos miembros de la comunidad. Exigieron que los expertos de la Prefectura fueran desarmados y que no estuviera la Policía Federal.
El viernes 13 fue la tercera reunión, también en el juzgado. El juez les pidió a los mapuches sus números de celular para sostener el diálogo, redactó la medida y pidió con urgencia al Gobierno que consiguiera los perros rastreadores.
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