Surgen nuevas evidencias de contratos irregulares de obra pública para favorecer a Báez

Por Hernán Cappiello - LA NACION
Un informe de Vialidad Nacional detalla al menos siete licitaciones otorgadas en el kirchnerismo a Austral pese a que la firma no podía cumplir con los trabajos


Lázaro Báez, detenido en Ezeiza en el marco de la causa por lavado. Foto: LA NACION

El grupo empresario de Lázaro Báez no estaba en condiciones patrimoniales de hacer frente a las obras que le fueron adjudicadas durante el kirchnerismo y por eso en buena parte las dejó inconclusas. El ministerio de Planificación de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner , Julio De Vido , "no pudo haber sido ajeno" a esta "arbitrariedad e ilegalidad" de los procedimientos. Por esas obras, el grupo Austral Construcciones cobró entre 2007 y 2015, 2196 millones de dólares.

Así lo aseguró el Gobierno ante la Justicia en la causa en que el fiscal Gerardo Pollicita y su colega Ignacio Mahiques pidieron la declaración indagatoria de la ex presidenta por direccionar la obra pública al empresario santacruceño, preso por presunto lavado de dinero.

En un escrito presentado por Ricardo Stoddart, jefe del servicio de asuntos jurídicos de la Dirección de Vialidad, a los fiscales, el viernes pasado, se describen "graves irregularidades" e "inadmisibles falencias" de los procesos licitatorios por los que el actual gobierno nacional responsabilizó a la gestión de Vialidad Nacional y de Vialidad de la provincia de Santa Cruz durante el kirchnerismo.

El informe oficial señala que antes de la adjudicación de una licitación la empresa debe presentar un "certificado de capacidad para adjudicación", que acredita la capacidad de contratación asignada anualmente, menos el monto total de las obras comprometidas. Ese certificado se gestiona a partir de la presentación del denominado anexo para gestionar el certificado de adjudicación, donde se identifica a qué licitación está referida, el monto en pesos del presupuesto oficial, el monto de la oferta y en cuántos meses se va a completar la obra.

Al monto asignado al certificado de adjudicación se le descuenta el monto del anexo, y de esa resta surge la capacidad real de la empresa para hacer la obra.

La Dirección Nacional de Vialidad aseguró que Austral Construcciones, propiedad de Báez, no cumplió con la presentación adecuada de estos certificados en por los menos siete de las 16 obras licitadas en Santa Cruz entre octubre de 2006 y abril de 2007.

Esto fue posible porque, según la presentación oficial, Vialidad provincial "nunca requirió" los certificados de capacidad para la adjudicación y no los verificó Vialidad Nacional como órgano que financiaba las obras luego de adjudicadas a la empresa beneficiada.

Austral Construcciones presentó ante cada licitación idénticos certificados de capacidad de contratación anual en cada oferta realizada entre octubre de 2006 y abril de 2007. Todo esto sin advertir que la capacidad de contratación anual certificada a Austral Construcciones se consumió cuando se le adjudicó la primera obra.

Es decir que en esos seis meses contemplados en el informe presentado ante la Justicia se acordaron obras por 2143 millones de pesos, que actualizados equivalen a unos 15.000 millones de pesos.

Situación "grotesca"

El Gobierno dijo en su presentación ante los fiscales que Vialidad Nacional y santacruceña en el kirchnerismo debieron advertir "tan grotesca situación e inadmisible falencia, toda vez que resulta evidente que la empresa contratada luego de adjudicada la primera obra carecía de capacidad para ejecutar las obras sucesivas".

El jefe de asuntos jurídicos de Vialidad Nacional recordó que nunca le debieron haber dado las obras a Lázaro Báez, pues la falta del correspondiente certificado de capacidad de adjudicación se sanciona con la baja de la oferta y la obra se le asigna al siguiente oferente en orden de mérito o se vuelve a licitar.

Por eso indicó que estos hallazgos, sumados a las denuncias anteriores de Vialidad Nacional sobre adjudicaciones irregulares de obra pública a la firma de Báez, determinaron "una voluntad tendiente a torcer la legalidad de los procesos licitatorios" realizados en Santa Cruz para "favorecer arbitrariamente al grupo Austral adjudicando obra pública por montos millonarios en violación de la ley".

Dijo el Gobierno en su escrito que para que esto se hiciera "era indispensable" la participación de funcionarios de Vialidad Nacional, de Vialidad de la provincia patagónica, de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación -que estaba en aquellos años a cargo de José López, hoy preso por los bolsos con nueve millones de dólares que intentó esconder en un monasterio de General Rodríguez-, del ministro De Vido y de la Jefatura de Gabinete.

El escrito de Vialidad Nacional se suma a las pruebas que el juez Julián Ercolini pidió la semana pasada al fiscal Pollicita que le aportara para evaluar la pertinencia de su pedido de indagar a la ex presidenta Cristina Kirchner por sospechas de corrupción.